El PP exige al Gobierno que expulse a Bildu de las instituciones

Además de anunciar la presentación de unas iniciativas que constituyen “un programa político para recuperar la confianza y crear empleo en nuestro país así como medidas de fortalecimiento institucional”, Soraya Sáenz de Santamaría avanzó el registro de las tres Proposiciones de Ley que el líder del PP, Mariano Rajoy, anunció y trasladó al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, durante el debate.   De ese modo, la primera de las 15 propuestas de resolución tiene su traducción en la Proposición de Ley que viene a reclamar cambios en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para volver al concepto de estabilidad presupuestaria año a año, la incorporación del límite de gasto y endeudamiento así como el establecimiento de la obligatoriedad de dar cuentas de los compromisos de gasto. “La Ley de Emprendedores", dijo Sáenz de Santamaría, "también se traduce en una propuesta de resolución donde se contemplan varios tipos de medidas como la simplificación administrativa para la creación de empresas en 24 horas y deducciones fiscales como 3.000 euros para la contratación del primer trabajador que lo sea con contrato indefinido y por tiempo de dos años; bajadas en los tipos del impuesto de sociedades; nuevas deducciones y un cambio en la gestión tributaria para el pago del IVA en el momento en el que se cobra la factura”. El PP también ha planteado un paquete de medidas para dar a las instituciones el "impulso y regeneración” necesarias, que se condensa en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno presentada por el Grupo Popular. Someter a vigilancia Bildu... y aplicar la ley En el tema concreto de los abertzales de izquierda, Sáenz de Santamaría afirmó que "sobran argumentos" para aplicar "las previsiones a posteriori" que ofrece la ley para actuar contra la coalición abertzale Bildu, ya que se dan "circunstancias" para recurrir a la ley, como el "acoso" que sufren "determinados concejales"; el incumplimiento de los símbolos y la normativa que deben utilizarse en los Plenos de los Ayuntamientos; impedir la entrada a los escoltas en los consistorios; o el hecho de que no se produzca la petición de condena o disolución de ETA por parte de Bildu. Durante su intervención en el Debate de la Nación, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ya reclamó "firmeza" para no pasarles "ni una vulneración de la Ley", al tiempo que recordó que la Ley Electoral da instrumentos para determinar la "incompatibilidad sobrevenida" de los electos en cuanto haya "causa objetiva" para utilizarlos y cree que eso puede haber "sucedido ya". Así, en en la exposición de motivos de esta propuesta, titulada "•Para la defensa de la democracia en las instituciones vascas y navarras", el Grupo Popular sostiene que, tras la irrupción de Bildu en las instituciones vascas se vienen "acumulando indicios que avalan la tesis de que los electos independientes" de esta coalición "no son sino una continuación de la ilegalizada Batasuna". Y añade que "de ello son muestra el acoso a concejales del PP y el PNV, como en el caso de Elorrio, la retirada de símbolos constitucionales en los ayuntamientos, la prohibición de acceso a los escoltas en los consistorios gobernados por Bildu, la presencia de destacados dirigentes de Batasuna en las tomas de posesión y en los equipos directivos de los gobiernos de Bildu o los discursos reivindicativos de las posiciones defendidas por ETA-Batasuna que se escuchan en boca de los nuevos electos de Bildu. Y muy especialmente, la negativa a condenar la violencia terrorista de ETA y pedir su disolución". Por todo ello, el PP considera que, a la vista de los últimos acontecimientos, "sobran argumentos para recurrir a las previsiones a posteriori que la ley establece", porque con la ley en la mano el Gobierno dispone de instrumentos para que la presencia de Bildu en las instituciones "no sea irreversible". Convocatoria de la Conferencia de Presidentes Por otro lado, el PP quiere también que el Gobierno socialista convoque de manera urgente la Conferencia de Presidentes para abordar los "problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas", así como que presente en el plazo de un mes en el Congreso un proyecto de Ley de Transparencia, acceso de los ciudadanos a la información pública y Buen Gobierno. Tal y como ya pidiera Rajoy después de las elecciones del 22 de mayo, el PP urge ahora al Gobierno a convocar la Conferencia de Presidentes para hablar de reformas económicas para la creación de empleo, reformas educativas y garantía de los servicios públicos. A su entender, el nuevo escenario político tras los comicios "hace no sólo necesaria, sino urgente su convocatoria". El PP considera que la convocatoria de este órgano "sería muy positivo para abordar cuestiones tan fundamentales como los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas, la necesidad imperiosa de abordar las políticas necesarias para lograr que la economía vuelva a crecer y a crear empleo, la mejora de la calidad del sistema educativo o las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del modelo de bienestar". En otra propuesta de resolución, el PP insta al Gobierno a presentar en el plazo de un mes un proyecto de Ley de Transparencia, acceso de los ciudadanos a la información pública y Buen Gobierno, dado que España es, junto a Chipre y Malta, uno de los pocos países europeos que carece de una norma de este tipo. Hay que recordar que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, comprometió la presentación de este proyecto antes del verano y así lo votó por unanimidad la Cámara hace una semana. Reformas institucionales Otra propuesta de los populares se centra en la necesidad de garantizar el respeto del Parlamento por parte del Gobierno, por lo que el PP pide el establecimiento de límites al derecho de veto a iniciativas parlamentarias y atender en un plazo máximo de tres meses las solicitudes de comparecencia de los miembros del Gobierno formuladas por los grupos parlamentarios. De la misma manera, el PP ha presentado otra iniciativa en la que solicita al Gobierno que ponga en marcha una estrategia de austeridad y de reforma de las Administraciones Públicas, en paralelo con el plan que están impulsando los nuevos gobiernos autonómicos del PP surgidos de las elecciones. Esa estrategia incluye la reducción de un 25 % del número de altos cargos y de un 50 % del personal eventual al servicio de la Administración General del Estado. También se pide la reestructuración de organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas a fin de conseguir su simplificación. En otra de las 15 propuestas presentadas, el PP propone una reducción de los costes de funcionamiento de la administración a través de una disminución de los gastos corrientes de la Administración General del Estado en un 10 %; una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres de todas las administraciones; el fomento de las centrales de compras; la reducción del número de coches oficiales, y la racionalización del uso de teléfonos móviles. Y en otra iniciativa emplaza al Gobierno a "cumplir en su integridad el marco legal vigente de financiación autonómica"; presentar a la mayor brevedad un nuevo proyecto de Ley Básica del Gobierno y Administración Local; y recuperar de forma urgente la línea de crédito ICO-Ayuntamientos para el pago a proveedores que fue derogada por el Gobierno. VEA TODAS LAS PROPUESTAS DEL PP PINCHANDO AQUÍ