La Cámara de Diputados aprobó en sesión plenaria nueva Ley de Migración, protege a indocumentados

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este viernes dictamen con minuta que expide la nueva Ley de Migración, la cual pretende frenar las agresiones en contra de migrantes y compromete al Estado mexicano a respetar sus derechos humanos. Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, se avaló por unanimidad en lo general y en lo particular, con 432 votos, la reforma que eleva a rango de Ley al Instituto Nacional de Migración (INM), que será la instancia encargada de instrumentar y ejecutar la política migratoria. La nueva ley plantea un respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria. Para combatir el tema de la corrupción al interior del INM se da sustento al sistema de profesionalización y certificación de su personal, a través de un Centro de Evaluación y Control de Confianza, y se establecen sanciones por maltrato a los extranjeros. En tribuna, la diputada del PRI y presidenta de la Comisión Especial de Migración, Beatriz Paredes, dijo que en los próximos meses se debe realizar una revisión integral a la legislación y a los instrumentos gubernamentales que ponen en práctica la política migratoria. "Porque a leyes comprometidas con los derechos humanos debe corresponder agentes migratorios comprometidos con los derechos humanos", destacó. Así como, agregó la priista, una política exterior activa que junto con el Congreso en Estados Unidos exija una reforma migratoria que respete los derechos humanos de los migrantes. A nombre del PRD, el diputado José Torres expuso que con la nueva ley el Instituto de Migración no podrá realizar revisiones en alberges de organizaciones civiles, ni se perseguirá a las personas encabezan en estos centros. A su vez, la panista Leticia Salazar Vázquez dedicó la reforma a los hijos de migrantes que quedan huérfanos y dijo que este es el primer paso para terminar con el maltrato y agresiones en contra de quienes emigran en busca del llamado "sueño americano". La nueva ley que fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación, señala que en ningún caso una situación migratoria irregular representará la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en condición de indocumentado. En tanto que la actuación de los servidores públicos del INM se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en esta ley. Se precisa que la presentación de los migrantes en situación irregular sólo puede realizarse por el instituto en los casos previstos en esta ley, y deberá constar en actas, además de que no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Además, en la nueva legislación se sustituyen más de 30 calidades y características migratorias que actualmente considera la Ley General de Población, por sólo tres. La de "Visitante", que se otorgará a los extranjeros que permanecerán estancias cortas en el país, por turismo o negocios; visitantes con permiso para recibir remuneración en el país, por estancias menores a 180 días, y visitantes o trabajadores de las regiones fronterizas. La de "Residente Temporal", que se podrá otorgar a los extranjeros que deseen permanecer en el país por estancias menores a cuatro años y en esta categoría se incluye a los estudiantes, que podrán permanecer en México por el tiempo que duren sus estudios. Así como la de "Residente Permanente" que se considera otorgar a los extranjeros que deseen residir indefinidamente en el territorio nacional por razones de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado y protección complementaria; por reunificación familiar. Se reconoce, también, la protección que el Estado mexicano debe dar a los migrantes que transitan por el territorio nacional en situación migratoria irregular, lo que no deberá impedir el ejercicio de todos sus derechos y libertades. El dictamen aprobado también reformó la Ley General de Población, y de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Policía Federal; de Asociaciones Religiosas y Culto Público; de Inversión Extranjera, y General de Turismo.