Negó que los estudios de impacto ambiental se hayan eliminado de los procedimientos exigidos por ley para la realización de proyectos de envergadura y precisó que dichos dispositivos permiten al inversionista efectuar evaluaciones financieras a fin de establecer la rentabilidad de la obras.
“Por ejemplo, en el proyecto Interconexión Eléctrica Moyobamba – Iquitos, si un inversionista se interesa y pide permiso para iniciar una evaluación para saber cuanto va a costar esto, para eso no se exige estudio de impacto ambiental, porque no se hace ninguna obra, solo se está evaluando la posibilidad de invertir”, explicó.
En ese sentido, dijo, es absurdo pensar que los decretos puedan propiciar un atentado contra el medio ambiente, ya que si el inversionista decide ejecutar la obra tiene la obligación, como primer, de efectuar los estudios de impacto ambiental reglamentarios.
"Eso no ha cambiado", enfatizó, tras recordar que los procedimientos burocráticos del Estado son lentos, por ello la necesidad de emitir dispositivos orientados a promocionar la inversión.
Sostuvo que este tema se ha politizado y por ello se perdió la visión técnica y objetiva de los decretos.
Señaló que la Comisión de Constitución y el Tribunal Constitucional son los organismos encargados de determinar la constitucionalidad de los decretos.
Agregó que el Ejecutivo se sujetará a las decisiones que se tomen al respecto.
Si (
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