Mazazo a la teoría de la 'conspiración': "Aprobaron periodismo pero no tienen altura para esta profesión”

La fiscal Olga Sánchez ha aprovechado el relato del informe final de Ministerio fiscal para reprochar a algunos medios de comunicación el tratamiento que durante estos años han hecho de los atentados y sus víctimas. Le ha costado una interrupción del presidente del Tribunal, Javier Gómez Bermúdez, que le ha pedido que se limite a hablar de las partes en el proceso analizadas por el Ministerio fiscal. "Personas que pudieron aprobar la carrera de periodismo pero que no tienen la altura y grandeza para desempeñar esta profesión", ha dicho la letrada.

Olga Sánchez estaba detallando en la jornada de este martes las pruebas que acreditan la participación de cada uno de los 28 procesados por el 11-M. Pero ha hecho un alto en el relato de la investigación para hablar de la cobertura mediática que se ha hecho del juicio: "La dignidad de los afectados y la memoria de las víctimas no han sido merecedoras del tratamiento dado en los medios de comunicación", ha dicho; y a continuación ha criticado a "personas" que no han estado a la altura.

Gómez Bermúdez ha interrumpido entonces a la fiscal, al considerar que en la sala no tienen cabida reproches a personas que no son parte del proceso y, por tanto, no son objeto del juicio. Sánchez ha respondido que no iba a ofrecer nombres de los periodistas a los que iba dirigida la acusación, pero ha seguido defendiendo que la investigación desarrollada se ha llevado a cabo para desentrañar "parte de lo ocurrido, aquí dentro y no fuera, en otras instancias". Y ha indicado que ha intentado explicar a los afectados que los procesados "que participaron en esta felonía" no quedarán sin castigo.

Alegato final por las víctimas

A Olga Sánchez le tocaba hablar de los acusados. Pero la fiscal ha querido dedicar las últimas palabras de su discurso a las víctimas: "A los niños, hijos, hermanos, primos de los fallecidos ... este trabajo se ha realizado para todos ellos, para desentrañar lo ocurrido ese día". Ha destacado el "ejemplo de coraje, dignidad, entereza, respeto y tolerancia" que han demostrado en las 47 sesiones del juicio, desde su inicio hasta hoy, y ha concluido asegurándoles que "sus seres queridos no morirán del todo mientras los tengamos en nuestros corazones y no lo olvidemos".

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de Emergencia y los Bomberos también ha tenido cabida en el homenaje de la fiscal. "En un principio se ha expuesto que pudo ser una reacción de caos pero lo cierto es que hubo una respuesta inmediata a aquel horror". "Es difícil de olvidar, aún más para las personas que lo sufrieron en su piel".

Depués de Sánchez, ha comenzado el relato del fiscal Carlos Bautista, centrado en los fundamentos jurídicos de las acusaciones que sostiene la Fiscalía. Bautista ha comenzado con una definición: "Decía Montesquieu que el juez es la persona que interpreta la palabra muda de la Ley. La ley es interpretable pero no de modo ilimitado."

Las drogas financiaron la masacre del 11-M

La fiscal se refirió también al acusado Otman El Gnaoui y dijo que participó "de forma determinante en la comisión de los hechos" en colaboración con Jamal Ahmidan, alias "El Chino". Explicó que el acusado, para el que la Fiscalía pide ahora un total de 38.962 años al considerarle cooperador necesario para perpetrar la masacre, era "hombre de confianza" del suicida y participó en el traslado de explosivos desde Asturias sabiendo "qué se transportaba".

  Especificó que en unión con los también suicidas Rachid Oulad Akcha y Rifaat Anouar acudió hasta Burgos para actuar de "lanzadera" en el traslado de la dinamita y, además, trabajó en las obras de acondicionamiento de la finca de Morata de Tajuña y facilitó a Ahmidan su documentación personal para que éste pudiera utilizarla sustituyendo su fotografía.

  Olga Sánchez describió ante la sala la conexiones entre los miembros de la conocida como 'trama asturiana' y el contacto estos con otros de la célula terrorista islamista. Defendió, además, que la masacre se financió a través de la venta de droga, principal fuente económica del grupo.

  La fiscal se refirió además a las pruebas existentes contra los considerados autores materiales. En cuanto a Abdelmajid Bouchar, que huyó de la casa de Leganés donde se produjo el suicidio de los siete terroristas islamistas el 3 de abril de 2004, indicó que esta huida, producida cuando bajó a tirar la basura y detectó a agentes de policía, fue el único motivo que evitó que muriera junto a los demás.

  En el caso de Jamal Zougam, Sánchez recordó que existen numerosos indicios que apuntan a que fue el encargado de vender las tarjetas de móvil que se utilizaron en las mochilas-bomba de los trenes de cercanías.

En la sesión vespertina fue turno para las respectivas lecturas de otras conclusiones definitivas de la spartes. Así, el Abogado del Estado destacó que la responsabilidad civil se ha atribuido a los autores de los atentados de forma solidaria, y por tanto a estos les corresponde el pago de las indemnizaciones. Con
respecto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad y su eventual falta de previsión, subraya que sería ilusorio pensar que una actividad distinta pudiera haber evitado los atentados.

Después, fue la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que vuelve a criticar
las tesis de la acusación e insiste en que existen indicios de que hay algo más. Por ejemplo, una cuarta trama, que no descarta a nadie, ni a ETA. Incluso recuerda que algunas partes han hablado de corrupción policial.

Mientras que la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo cree que "El Egipcio" sabía con anticipación los atentados de los trenes porque los había  planificado. También insiste en un informe de Europol con referencia a que el posicionamiento de España respecto a Irak  y la política internacional de nuestro país marcaron las directrices para considerado objetivo potencial de acciones terroristas de grupos extranjeros.

Finalmente la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M establece que la contaminación de los explosivos se produjo dentro de las cajas que contenían las muestras. A Zougam le acusan por los reconocimientos del tren de Santa Eugenia, pues le merecen toda credibilidad los testigos. Según la Asociación, Toro y Trashorras son cooperadores necesarios en la explosión de Leganés.