El sumario del caso Gürtel verá la luz, pero no será hasta el próximo día 5 de diciembre cuando las partes tengan acceso a la documentación por el procedimiento actualmente establecido. Fuentes jurídicas han indicado que previsiblemente el acceso se haga efectivo el primer día laboral, que sería el próximo 7 de diciembre.
En un auto el magistrado acuerda el levantamiento de la prórroga del secreto con efectos de 29 de noviembre, "alzándose el secreto de las piezas que hasta la fecha permanecían secretas acordándose solamente la prórroga del secreto del auto de 21 de octubre de 2010 por el plazo de un mes.
En la resolución, contra la que cabe recurso de apelación, el magistrado esgrime que el mantenimiento del secreto en este caso estuvo justificado por "el trabajo ingente, que supuso escanear los documentos, investigar los posibles delitos, tomar declaración a los numerosos imputados y practicar numerosísimas diligencias".
Recalca que "no sólo el magistrado-instructor, sino también la Sala de lo Civil y Penal del TSJM y la Sala segunda del Tribunal Supremo estimaron justificado el mantenimiento del secreto".
Asimismo, insiste en que "se ha tratado de garantizar el éxito de la investigación sumarial evitando la destrucción o manipulación de fuentes de prueba". "La investigación no solamente ha servido para imputar, sino también para levantar la imputación de varias personas", añade el juez.
Precisa que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo estima que el derecho de la defensa a la publicidad relativa del sumario no es subsumible en el derecho fundamental a un proceso público del artículo 24.2 de la Constitución Española".
Además, pone de relieve que el Tribunal Constitucional ha establecido que "la concesión de la prórroga al secreto instructorio no infringe el derecho a la defensa".
Piezas secretas
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Entre las piezas se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del PP a través de la fundación Fundescam.
Otra de las piezas se refiere a las intervenciones de las comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados,
Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados.
El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó anular todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas anuladas.
Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual presidenta, Esperanza Aguirre.
Fuentes jurídicas indicaron que esta pieza se desgajó a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado del PSM y la defensa de una diputada de IU.
Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales gobernadas por el PP con las empresas del Grupo Rafael.
Recusación de Correa
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El abogado
José Antonio Choclán, que defiende al líder de la trama Gürtel
Francisco Correa, ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un escrito de recusación contra el juez instructor del caso en Madrid,
Antonio Pedreira, por "falta de imparcialidad" respecto a su cliente, han confirmado fuentes jurídicas.
El escrito de recusación presentado a última hora de la mañana contra Pedreira supone apartar al magistrado instructor de la investigación hasta que la Sala de lo Civil y Penal del TSJM se pronuncie sobre la cuestión, según han explicado fuentes del Alto Tribunal madrileño.
Estas mismas fuentes han explicado que ahora la Sala deberá decidir si admite la recusación o no la acepta por fraude de Ley. En el caso de que se admita, la Sala nombraría un juez instructor de la recusación y se daría el plazo de un día para que Pedreira se explique, pudiendo solicitar el instructor pruebas para su posterior deliberación.
La decisión de
Choclán se produce después de que el magistrado denegara la pasada semana la puesta en libertad de Francisco Correa, que cumple prisión preventiva desde el 12 de febrero de 2009. La solicitud del letrado se realizó el pasado octubre tras conocerse el auto de imputación del magistrado
Baltasar Garzón por prevaricación y vulneración de las garantías constitucionales del cerebro de la red dentro de la cárcel.
En la resolución, Pedreira recuerda que tanto el juez instructor de la causa como la Fiscalía "han descrito numerosos motivos para denegar la libertad provisional" de Correa y ha subrayado que a ello se une que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM "ha ratificado en varias ocasiones la prisión provisional" del imputado.
Además, hace hincapié que el magistrado instructor de la causa "no se ha convertido en enemigo del reo, ni ha generalizado el modelo del derecho penal del enemigo ni se deja llevar por eventuales prejuicios o apariencias".
Asimismo, Pedreira asegura que tampoco comparte las acusaciones de su "tendencia inquisitiva", aunque recalca que sí trata de "cumplir con los valores superiores de Justicia, de la igualdad y de la libertad".
Por último, el instructor subraya que "la existencia del riesgo de fuga no constituye una cuestión secundaria, sino esencial e importante".
El cerebro de la red corrupta investigada se encuentra encarcelado en la prisión de Soto del Real desde el 12 de febrero de 2009 por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita, revelación de secretos, prevaricación y delitos de tráfico de influencias.
En la cárcel desde 2009
Desde el 6 de febrero de 2009, fecha en la que estalló la operación Gürtel, las cuentas bancarias, los depósitos y valores de Correa se encuentran bloqueados por orden judicial. De igual modo ocurre con las cuentas del resto de los cabecillas de la red corrupta.
Al jefe de la 'red Gürtel' se le acusa de dirigir un grupo organizado de personas y empresas cuya actividad se centraba en el sector de la publicidad, organización de eventos o diseño de campañas promocionales y cuyos principales clientes eran entes públicos pertenecientes a las administraciones públicas.
Para la obtención de los contratos públicos, según el sumario, Correa "utilizaría las relaciones personales con quienes ocupan puestos de responsabilidad en dichos órganos de tal forma que consigue los mismos sin que exista una libre concurrencia en las adjudicaciones".
A cambio de los contratos, Correa "entregaría a los responsables políticos compensaciones, de naturaleza económica o de otro tipo, en la firma y en el lugar que el soliciten". El sumario desvela que los regalos iban desde coches de alta gama, relojes de lujo y viajes, entre otras dádivas.
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