"Después de haber sido propuesta esta ley desde el 2006, hasta esta fecha, que el Legislativo anterior había puesto a dormir el sueño de los justos y esta nueva generación expresada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hoy por hoy cumple con la expectativa de la comunidad ciudadana boliviana para tener un marco normativo efectivo para la lucha contra la corrupción (esta instancia legislativa) ha culminado la sesión con la aprobación de las modificaciones de la Cámara de Diputados", afirmó el presidente en funciones de la cámara alta, René Martínez.
La norma fue expedida por obra de la mayoría absoluta, más de dos tercios de las 36 bancadas, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
La oposición, que controla 11 escaños senatoriales se opuso en la etapa de debates, terminantemente, a que la ley, que pasó a las etapas de promulgación, por parte del Ejecutivo, y publicación, antes de entrar el vigor, incorpore el principio de juzgamiento en rebeldía.
Los senadores opositores abandonaron el hemiciclo tras la el cómputo de votos y antes de que se entonara el himno nacional.
La aprobación de la norma se registra una semana después que los ex presidentes Carlos Mesa (2003-05), Jorge Quiroga (2001-2002) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005) se pronunciaran a priori sobre un proyecto de ley que se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional para combatir la corrupción pública y que tacharon de inconstitucional y contrario al derecho internacional convenido.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Eduardo Maldonado (MAS), indicó que esa norma prevé los juicios en rebeldía, la retroactividad e imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, por lo tanto, permite prevenir, investigar, procesar, sancionar y recuperar el patrimonio público, sin importar dónde, cuándo y cuánto se desfalcó al Estado.
En esa línea, explicó que en las disposiciones finales de esa Ley se incluye un articulado que obliga al Estado a suministrar los recursos suficientes para "toda la lucha contra la corrupción".
"No solamente en la parte que significa la prosecución de los juicios, los procesos sino también en todo lo que involucra las políticas que el Concejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción vaya a asumir en adelante", acotó Maldonado, al subrayar que se hará énfasis en la prevención.
La norma también obliga a las entidades estatales a constituirse en partes querellantes en los procesos judiciales contra actos de corrupción, añadió.
"Es un día verdaderamente histórico, en verdad deberíamos celebrara para que nadie más eluda la acción de la justicia, para que la corrupción no goce de carta de ciudadanía de impunidad en el país, para que los corruptos no sigan huyendo del país a disfrutar de los bienes mal habidos", aseveró el asambleísta.
Consultado sobre la compatibilidad de esa ley anticorrupción con acuerdos internacionales suscritos por Bolivia, Maldonado dijo que "el Estado boliviano, a través de su Asamblea Legislativa Plurinacional, ha actuado de manera soberana y en estricto apego y respeto a la Constitución, por lo tanto, de manera soberana si bien respetamos la normativa de otros países lo mínimo que les exigimos es que respeten la nuestra".
Por otro lado, esa norma anticorrupción mantiene el nombre del extinto líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, que la dictadura militar que se hizo del poder en 1980 mandó a asesinar y desaparecer sus restos.
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