A través de un auto, el instructor decide la prórroga durante un mes del secreto de las diligencias, excepto de tres de los tomos por completo, de otros dos, salvo algunas partes; así como de folios sueltos de otros cuatro tomos.
El magistrado determina que se debe mantener esta medida para "culminar determinadas diligencias sumariales de próxima concreción" que no deben conocer las partes "para evitar que éstas puedan realizar interferencias o maniobras que puedan frustrar los fines últimos de la investigación".
Así, insiste en que el secreto de las actuaciones está justificado "por la necesidad de ultimar determinadas diligencias" y argumenta sus manifestaciones una sentencia del Tribunal Supremo en la que se señala que "no puede afirmarse que esta restricción de la publicidad de la investigación de la causa vulnere el derecho a un proceso público o altere el principio de contradicción".
Asimismo, se entiende que con la declaración del secreto "no se está acordando una medida en sí misma limitativa de un derecho fundamental, del derecho al proceso público, al que no afecta" sino que se adopta una decisión "con base en la cual se pospone el momento en el que las partes pueden tomar conocimiento de las actuaciones".
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