'Cambio Radical', ¿legal?

A juicio de la asociación, el contrato suscrito por los concursantes, del que ha remitido una copia a la Fiscalía General del Estado, es "nulo de pleno derecho, puesto que comercia con algo que no es un derecho dispositivo como es la salud humana, amén de que conculca con la Ley 41/92 de Derechos del Paciente".

Además, reclama la apertura de una investigación porque a través de este programa la asociación considera "que se viola el derecho de intimidad y de los participantes", así como que "se pone en riesgo su salud".

Según la copia de uno de los contratos remitida por el Defensor del Paciente a Conde Pumpido, el partipante autoriza a la productora del programa, que se emite en Antena 3, a hacerle un seguimiento audiovisual durante 24 horas al día, dando permiso a la productora expresamente "a realizar tales grabaciones aún cuando pueda considerarse que afectan a su esfera de intimidad personal".

Además de tener que "obedecer en todo momento" las indicaciones de los médicos, el paciente se compromete también a estar "durante todo el periodo de convalecencia" (hasta 12 semanas) en un lugar de la provincia de Madrid "o aledaños" determinado por la productora. Durante ese periodo "y hasta el momento que la productora determine", no se permite al paciente "cualquier comunicación con terceros ajenos al programa" sin autorización, "guardar ni utilizar teléfonos móviles o cámaras fotográficas" e incluso "salir al exterior de la residencia sin el acompañamiento de una persona designada por la productora, para evitar la comunicación no autorizada con terceros".

El contrato remitido a la fiscalía por la asociación establece también que si el participante abandona después de la realización de las intervenciones quirúrgicas, tendrá que abonar a la productora una "penalización" por importe de 120.000 euros por daños y perjuicios. El contrato, que reconoce en una cláusula que la cirugía estética "comporta riesgos físicos y psíquicos que pueden llegar a dejar secuelas físicas e incluso provocar la muerte", prohíbe también al participante desvelar todo o parte del contrato firmado.

Por último, ante la "pasividad e inoperancia" del Ministerio de Sanidad, la entidad que preside Carmen Flores pide a Pumpido que se interese por el caso de una de las participantes del programa, A.B.C.E., que según la asociación tuvo que pasar tres días en una unidad de vigilancia intensiva después de que el equipo médico responsable de su tratamiento no detectara una hipersensibilidad a la atropina.