"Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política", continuó el Presidente poco antes de las 5 de la mañana.
El Senado convirtió este miércoles en ley la legalización del aborto, en una histórica sesión que fue seguida por miles de manifestantes y colectivos de mujeres de todo el país y en la cual también se sancionó el Plan de los 1000 días de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
Con los apoyos de senadores oficialistas y opositores, el proyecto sobre el aborto se transformó en ley en una votación crucial que deja al Gobierno con una de sus promesas de campaña saldadas en el cierre de su primer año de gestión y una victoria legislativa de cara al ciclo electoral que se avecina.
El "sí" a la legalización del aborto (mediante el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo) hasta la semana 14 de gestación se impuso por 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, tras un acuerdo alcanzado con algunos senadores indefinidos para retoques en el texto al momento de la promulgación, en una sesión que comenzó el martes y se extendió durante 12 horas.
Así, la Cámara tradicionalmente más conservadora del Congreso, que frenó hace dos años la misma iniciativa por 38 votos contra 31, logró esta vez darle luz verde a una ley que prioriza el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo por sobre las objeciones basadas en los preceptos constitucionales de defensa de la vida desde la concepción.
El suspenso sobre el resultado se mantuvo en el Senado hasta el último minuto y la opción por el "sí" al aborto se definió finalmente con el anuncio del oficialismo de que se vetaría parcialmente un artículo cuya interpretación sobre la alternativa del aborto después de la semana 14 de gestación era muy amplio.
El respaldo de los senadores del Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, y los del Frente de Todos Eduardo Kueider y Sergio Leavy, así como el de la neuquina opositora Lucila Crexell, fue decisivo para consolidar el aval a la propuesta del Gobierno.
Tras la sanción de la norma sobre el aborto, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el Plan de los 1.000 días.
La nueva ley de aborto, llevada al Congreso por el Gobierno de Alberto Fernández en línea con una de sus promesas de campaña, deja atrás una legislación de 99 años que castigaba con cuatro años de cárcel a las mujeres que abortaban y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.
Ahora, con la flamante normativa lograda tras al menos seis envíos fallidos de proyectos de ley similares en los últimos 15 años, las mujeres podrán interrumpir un embarazo sin temor de ir a prisión hasta la semana 14 y el sistema de salud público deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.
La intervención del papa Francisco, en la previa de la sesión, con un tuit en favor de "las dos vidas", y la apelación a la inconstitucionalidad, no logró consolidar el voto de los detractores de la legalización, que anunciaron que llevarían su demanda a la Justicia.
El resultado en favor del fin de la despenalización y la legalización del aborto fue festejado en la calle por los partidarios "verdes", en su mayoría mujeres y jóvenes que siguieron el minuto a minuto de la sesión en las afueras del Palacio Legislativo.
La indefinición de algunos senadores que mantuvieron en reserva su posición hasta el último minuto hicieron que esta sesión sea una de las que mayores expectativas concitó no sólo en la opinión pública argentina sino en países de habla hispana.
Suspenso hasta el último minuto
Pocas leyes como esta -con excepción de la referida a la resolución 125 de retenciones para el campo, en 2008- llegaron al recinto con un resultado tan incierto y una paridad tal que hasta se especuló con que la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, podría llegar a tener que desempatar.
La transversalidad de la medida, que atravesó a las dos principales fuerzas políticas del país pero en general a toda la sociedad, transformó a esta norma en una de las pocas que logró trascender la llamada "grieta" que divide a los argentinos entre el peronismo y el antiperonismo.
Tanto en el debate de 2018 como en el de este año, legisladores del Frente de Todos festejando con sus acérrimos rivales de Juntos por el Cambio y, al mismo tiempo, los detractores del aborto, de bancadas opuestas, aunando esfuerzos para frenar la ley, fueron el rasgo atípico que marcó la discusión sobre el aborto desde sus comienzos.
Entre los partidarios del "no" en el Senado, la mayoría fueron miembros de la coalición Juntos por el Cambio. De los 29 votos en contra, 17 fueron de opositores y 16 del Frente de Todos mientras que entre los denominados "verdes" 26 fueron del FdT y sólo 11 de JxC.
La posición de Cristina Kirchner fue de decidida acción en pos de facilitar el debate en la Cámara que preside, tanto en comisiones como en el recinto y, al mismo tiempo, dar libertad de acción a sus legisladores al punto de que su propio jefe de bloque bregó por el "no".
La propia Cristina Kirchner aseguró en 2018 cuando finalmente la ley fue archivada por el Senado que quien la hizo cambiar de posición no fue su hija Florencia como se afirmaba entonces sino "las miles y miles de mujeres que se volcaron a las calles".
El líder de la coalición opositora, Mauricio Macri, promovió el debate en 2018 pese a estar en contra pero se mantuvo esta vez al margen de la discusión, en sintonía con el argumento de los "celestes" que aseguraban que era inoportuno este debate en medio de la pandemia de coronavirus.
Al igual que durante la sesión de la Cámara de Diputados, que votó a favor por 131 contra 117, la sesión del Senado fue seguida desde los palcos por diversas personalidades de la política y del gabinete como los ministros de Salud, Ginés González García y de Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Salud, Carla Vizzotti; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Los festejos se dieron en la calle, en las inmediaciones del Congreso, y hasta en otros barrios porteños con bocinazos de automóviles que circulaban en horas de la madrugada.
Los principales puntos del proyecto son los siguientes:
- Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
- La iniciativa cumple los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos
- El aborto se permitirá hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.
- Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación, o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
- En el caso de menores de 13 años se requiere un consentimiento informado y la asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o representante legal.
- Para adolescentes de entre 13 y 16 años, deberá tener un acompañante o "referente afectivo".
- Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
- Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.
- El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.
- En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo deberá disponer la derivación a otra institución.
- El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente.
- Se deberá mantener la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas que recurran a las instituciones para pedir un aborto.
- En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescente, se deberá denunciar este delito.
Cohesión inalterable de los "verdes": las diferencias políticas no complicaron la aprobación
Las diferencias ideológicas y políticas no empantanaron el objetivo final y el resultado echó por tierra con las versiones que afirmaban que habría legisladores de Juntos por el Cambio dispuestos a cambiar su voto por el "si" para no entregar una victoria al Gobierno nacional en el cierre de su primer año de mandato.
La unidad de los senadores que bregaron por la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en las dos bancadas mayoritarias del Senado se mantuvo inalterable en el debate final y las diferencias ideológicas y políticas no empantanaron el objetivo final para una nueva ley del aborto.
Con perfiles tan disímiles como el del radical Martín Lousteau y el peronista Oscar Parrilli, tantas veces enfrentados en las discusiones políticas del Senado, el sector de los partidarios de la legalización mantuvo una persistente cohesión en los días previos a la discusión en el recinto.
El resultado de hoy echó por tierra con las versiones que afirmaban que habría legisladores de Juntos por el Cambio dispuestos a cambiar su voto por el "si" para no entregar una victoria al Gobierno nacional en el cierre de su primer año de mandato.
En su discurso, Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, consideró que "nadie se va a ganar el cielo o el infierno ni se será más o menos católico por votar a favor o en contra" del proyecto.
Su compañera de bancada, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, sostuvo que "en la situación actual, las criminalizadas son las mujeres pobres" y advirtió que "hay una política penal selectiva en Argentina que avanza contra las mujeres pobres".
El senador Jorge Taiana, también del Frente de Todos, exhortó a sus pares a aprobar la norma para "darle visibilidad y marco legal a algo que ya sucede, el aborto clandestino" y "sacar al país de 1921", por la creación del Código Penal que en la actualidad prohíbe la práctica de interrupción del embarazo, salvo en casos de violación o riesgos para la vida para la madre.
Desde la oposición, la senadora Guadalupe Tagliaferri afirmó que la iniciativa no será de "ningún proyecto político", sino que "es una única bandera" que le pertenece a "todas las mujeres".
El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, advirtió por su parte que "todos saben que se aborta clandestinamente en la Argentina" y que "la clandestinidad es el denominador común" en el país.
Al ratificar su apoyo a la propuesta enviada por el Gobierno para legalizar la interrupción del embarazo, Naidenoff habló de "un Estado cómplice que deja hacer" al sostener que la deficiencia se da "en el sistema de salud público" y que la norma "es una deuda pendiente".
Su par de Mendoza, también de JxC, Pamela Verasay, agregó que "el precio por sostener las ideologías no puede ser a costa de la vida de las mujeres" y pidió "dar un paso para tener una sociedad mejor, más honesta, menos hipócrita y más igualitaria".
El senador del Frente de Todos Sergio Leavy, uno de los que estaba indefinido, se pronunció a favor al declarar que "personalmente se opone y odia el aborto" pero que se dio cuenta "de que no se trata de una situación de creencia, sino que es una situación que le compete a muchas mujeres".
La senadora Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), otra de las legisladoras que no había revelado cómo iba a votar, anunció su apoyo al señalar: "No cambié mi manera de pensar sobre el aborto. Cambié el enfoque. No es feminismo o religión. El aborto clandestino es una figura silenciosa que escribe páginas muy tristes".
La senadora Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio-Entre Ríos), otra de las que estaba indefinida, votó por el "si" al considerar que "mantener la prohibición no eliminará el tema clandestino que existe" y "no habrá mejora en el sistema de salud".
La senadora Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio-Córdoba) consideró que "una ley no obliga a abortar", recordó que "este debate se empezó a generar durante la presidencia de Mauricio Macri" y afirmó que "no hay duda que actualmente existen los abortos en la Argentina, por cientos o por miles".
El reclamo de inconstitucionalidad no alcanzó para consolidar el voto "celeste"
Los senadores que votaron en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo dedicaron sus discursos a reconocer la derrota con advertencias sobre "la inaplicabilidad" de la norma.
Entre la resignación y la indignación, los senadores "celestes" lamentaron hoy la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y adelantaron que irán a la Justicia para objetar lo que consideran una norma anticonstitucional.
Una de las referentes del llamado sector "celeste" en favor de "las dos vidas", la senadora de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez, reconoció el fracaso de la campaña por el "no" y adelantó que se acudiría a la justicia.
La legisladora tucumana, una de las que cerró los debates, remarcó que "esto no está perdido porque recién comienza y la batalla por la vida no se pierde nunca".
El reclamo de inconstitucionalidad no alcanzó para consolidar el voto "celeste" y los senadores de ese sector dedicaron sus discursos a reconocer la derrota con advertencias sobre "la inaplicabilidad" de la norma.
Erigido en el representante de los "celestes" en el Senado, el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, que se mostró por primera vez en una postura contraria a la mayoritaria de los miembros de de su espacio, avisó que la ley "es impacticable e inconstitucional".
El vicepresidente primero del Senado, Maurice Closs (Frente de Todos-Misiones), ratificó su voto en contra al asegurar que "no es una prioridad de salud pública" y "lejos está de ser una cuestión de orden público".
En coincidencia, la senadora de la oposición por La Rioja Clara Vega (Mediar Argentina) se definió como parte de "todo el norte argentino que es celeste" y aseguró haber recibido presiones en los días previos a la sesión, e incluso minutos antes de iniciar su discurso.
El senador macrista Esteban Bullrich dijo que "ninguna mujer debería ir presa por hacerse un aborto, pero cuestionó que la política "no protege al débil que es el feto". Añadió que el Estado "no garantiza los mismos derechos" y que "se corre de su rol", ya que "se desprotege al que no se puede defender".
El senador Dalmacio Mera (Frente de Todos-Catamarca) fundamentó su rechazo al proyecto al señalar que la iniciativa "no tiene en cuenta al niño por nacer, no lo menciona, ni lo reconoce".
Si (
No(
