La Junta cifra en 120 millones la devolución del impuesto sobre las hipotecas

La Junta de Castilla y León ha calculado que de confirmarse la sentencia del Tribunal Supremo que apunta a que son las entidades bancarias las que deben abonar del impuesto de Actos Jurídicos Documentados supondría la devolución de unos 120 millones de euros para 50.000 liquidaciones.

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que desde el Ejecutivo regional ya se realizan cálculos a la espera de la resolución del Alto Tribunal prevista para el 5 de noviembre.

Así, ha detallado que según los primeros informes analizados si finalmente se confirma que la retroactividad se va a circunscribir a los últimos cuatro años supondría unos 120 millones de euros para 50.000 liquidaciones del impuesto.

No obstante ha abogado por esperar a conocer la decisión definitiva de la sentencia así como el procedimiento en el que se ejecutaría la misma, aunque ha apuntado a que la Junta ya trabaja en que los bancos abonen las cuantías que le correspondería a la Administración para transferírselo posteriormente a los consumidores afectados.

Minería

Por otra parte, Milagros Marcos ha acusado al Partido Socialista de haber enterrado a la minería castellanoleonesa a cambio de prejubilaciones pero con "pocas certidumbres" respecto a alternativas "reales e inmediatas" de actividad económica y de empleo a corto plazo.

De este modo se ha pronunciado la portavoz de la Junta a preguntas de los periodistas respecto al acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027 suscrito ayer entre el Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

Marcos ha afeado que el Gobierno de la nación no haya trasladado a la Junta de Castilla y León este acuerdo cuando "lo razonable" en la relación entre administraciones habría sido que el Ejecutivo central "por lo menos" hubiese enviado el documento al castellanoleonés.

Dicho esto, ha considerado que de las "ambigüedades y generalidades" que han podido conocer a través de los sindicatos y de los medios de comunicación se puede "certificar" que el Partido Socialista ha enterrado la minería de Castilla y León ya que sólo se habla de prejubilaciones para los mineros con 48 años sin que se hagan referencias a la actividad económica que debería haber en una transición justa o al futuro de las térmicas "de las que no se habla en este acuerdo", ha lamentado.

"Preocupación y mucha", ha sentenciado la portavoz que ha advertido al Gobierno de la nación de que en dos meses no se puede generar el empleo que se va a destruir en las cuencas mineras por lo que ha exigido "explicaciones" sobre todo en la zonas afectadas donde sólo ve prestaciones pasivas sin una alternativa real de empleo. "Si no es fácil con tiempo imagínense en dos meses", ha ironizado Marcos que ve "muy iluso" pensar que en lo que queda de año se van a resolver todos los problemas de las cuencas.

"¿Cuántas empresas se van a instalar?", se ha preguntado también Milagros Marcos que ha recordado que las ayudas al cierre de la minería ya existían con el Gobierno del Partido Popular con el que había también una alternativa "justa y transitoria" hasta 2030 para evolucionar hacia energías no contaminantes pero manteniendo un porcentaje de producción de carbón en el mix energético, como se ha va a hacer en Asturias.

Finalmente, ha admitido que si no se han aprovechado los 150 millones para la ubicación de empresas hasta ahora será difícil que se puedan gastar los 250 millones al apoyo de iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras afectadas previsto en este acuerdo. Preguntada por los motivos por los que no se han aprovechado esos fondos ha considerado que es una responsabilidad "de todos y de nadie" ya que las empresas no han querido invertir con carácter inmediato.