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La deuda regional se sitúa en el 21% del PIB hasta julio, la octava comunidad más saneada del país
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La deuda regional se sitúa en el 21% del PIB hasta julio, la octava comunidad más saneada del país

viernes 28 de septiembre de 2018, 16:41h
La deuda viva de Castilla y León alcanzó en el ecuador de 2018 los 12.213 millones de euros, cantidad equivalente al 21 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, lo que la sitúa como la octava más saneada del país.

Según ha informado la Consejería de Economía y Hacienda a partir de datos del Banco de España, el volumen del pasivo castellanoleonés registrado al cierre del segundo trimestre del año incorpora los dos préstamos suscritos en 2018 con cargo al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) por un importe global de 836,5 millones para cubrir las necesidades de financiación de ese periodo.

A estas operaciones hay que añadir las operaciones de este tipo formalizadas en ejercicios anteriores, por lo que la deuda acumulada con el FFF ascendía a 3.245 millones de euros hasta el pasado 30 de junio.

Los datos del organismo regulador incluyen otros conceptos como los préstamos reintegrables que concede la Junta a las empresas, que añaden 310 millones; las operaciones de 'factoring' sin recurso, es decir, los créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras, que agregan 110 millones de euros, y la deuda vinculada a proyectos de colaboración público-privada, por una cuantía de 290 millones.

En total, el endeudamiento de Castilla y León contabilizado por el supervisor bancario se cifraba en 12.213 millones de euros al acabar junio, lo que en términos relativos equivale al 21 por ciento del PIB. Este porcentaje implica que la Comunidad se mantiene como la octava más saneada de España por detrás de País Vasco, Madrid, Canarias, Navarra, Galicia, Asturias y La Rioja. Castilla y León fue una de las siete autonomías cuya deuda respecto al Producto Interior Bruto no aumentó en el segundo trimestre del año en relación al primero.

Asimismo, la aportación de Castilla y León al montante global de 293.246 millones de euros de deuda autonómica se limita al 4,16 por ciento del total.

Cartera de endeudamiento

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 por prestamistas revela que por primera vez el grueso corresponde al Fondo de Facilidad Financiera --en concreto, el 26,6 por ciento-- al que se adhirió la Comunidad para satisfacer tanto las necesidades previstas en 2015, como las del segundo semestre de 2017 y, recientemente, para cubrir la deuda del primer semestre de 2018.

En relación con este último aspecto es preciso indicar que la Comunidad formalizó el pasado 8 de marzo un contrato por 618,3 millones de euros para cubrir el endeudamiento de los tres primeros meses de este año. El 3 de mayo se amplió en 218,2 millones de euros, para cubrir las amortizaciones que vencían en el segundo trimestre y la parte correspondiente tanto al déficit del 0,4 por ciento previsto para este año, como a la anualidad de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.

De ahí que las emisiones de títulos valores continúen perdiendo peso relativo en favor de los préstamos, aunque todavía representan el 25,4 por ciento del total.

Los 12.213 millones de euros de deuda viva atribuidos a Castilla y León hasta el segundo trimestre del ejercicio recogen el pasivo de todas las entidades que forman parte de nuestro sector público, puesto que en el periodo octubre-diciembre de 2017 el Banco de España adicionó a la Administración de la Comunidad el endeudamiento que tenía la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl). Esto explica que de los 3.368 millones de deuda de las empresas públicas autonómicas no corresponda ninguna cuantía a Castilla y León.

Por otra parte y en línea con lo observado en trimestres anteriores, hasta junio de 2018 el 95 por ciento del endeudamiento de la Comunidad correspondía a la Administración General, mientras que el cinco por ciento restante había sido generado por universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, principalmente.

En cuanto a los plazos de vencimiento conviene destacar que en torno al 97,3 por ciento del endeudamiento global de Castilla y León está firmado a largo plazo, frente al 2,7 suscrito a corto. El 72,5 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 27,5 restante a variable, una distribución que hace posible paliar el efecto de previsibles subidas del Euribor.
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