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La Junta recuerda al Gobierno su responsabilidad para reindustrializar el área de Garoña
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La Junta recuerda al Gobierno su responsabilidad para reindustrializar el área de Garoña

La Ley que gravará los residuos de la central pasa su primer filtro en las Cortes

miércoles 26 de septiembre de 2018, 16:54h
El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado este miércoles al Gobierno de la nación su responsabilidad para reindustrializar el área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el Valle de Tobalina, en Burgos, ya que, entre otras cosas, fue el Ejecutivo central el que tomó la decisión del cierre definitivo del reactor.

"Así se lo hemos venido exigiendo desde entonces, tanto al anterior Gobierno de España como al actual", ha defendido el consejero de Empleo al inicio de su intervención en el Pleno de las Cortes en el debate a la totalidad del proyecto de Ley por el que se establece la tributación sobre los residuos nucleares donde ha tomado la palabra en sustitución de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que se encuentra en Bruselas junto a la delegación castellanoleonesa en defensa de los intereses de la Comunidad tras el anuncio de cierre de Vestas en Villadangos.

Fernández Carriedo ha aprovechado su intervención en defensa de esta propuesta de gravamen al daño medioambiental derivado del almacenamiento temporal de residuos en plantas nucleares situadas en Castilla y León para reclamar una vez más al Gobierno de la nación a cumplir con su "principal responsabilidad" en la reindustrialización de la zona de influencia de Garoña "con el compromiso asumido al respecto".

En ese compromiso con la reindustrialización de las Merindandes, el consejero de Empleo ha abogado también por buscar la colaboración con las administraciones locales, los ayuntamientos y la Diputación de Burgos, para dar soluciones a nuevas necesidades de los trabajadores y población del entorno de Garoña derivadas del cierre del reactor y se ha comprometido a unir esas inversiones con las actuaciones de la Junta a través del Programa Territorial de Fomento para Miranda de Ebro 2017-2019 en colaboración con este consistorio.

Por otro lado, ha defendido la "oportunidad" y la "necesidad" de hacer uso de la capacidad normativa de la Comunidad en materia tributaria para "compensar" a la ciudadanía las cargas ambientales que debe soportar como consecuencia del depósito temporal de residuos de la central atómica existente y para reforzar unos "ingresos públicos escasos" para poder invertir en la citada zona -se prevén unos 10 millones de euros cada año--.

Evitar que los residuos se queden para siempre

Según ha explicado, otro de los objetivos de este nuevo impuesto autonómico es evitar que los residuos de la central de Santa María de Garoña se queden en el territorio de Castilla y León de forma definitiva. Para ello, gravará el riesgo de alteración del medioambiente derivado del combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal en las centrales de la comunidad para lo que ha fijado la cuota tributaria por el almacenamiento temporal de esos residuos en 4.000 euros por cada elemento combustible gastado y almacenado.

"Por lo tanto -ha precisado el consejero de la Junta de Castilla y León-- se configura como un instrumento de ordenación pensado para disuadir de la realización de conductas perniciosas con el medio ambiente en el ámbito de este tipo de energía".

Carlos Fernández Carriedo ha rechazado que exista una doble imposición ya que, según ha aclarado, la norma estatal grava la actividad de almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en una instalación centralizada y la autonómica ese riesgo de alteración del medioambiente que genera el depósito de residuos de forma temporal en las propias plantas.

En la exposición de motivos se argumenta que el empleo de energía nuclear para producir electricidad conlleva la "inevitable" generación de residuos, cuyo impacto ambiental se prolonga tras el cese de la explotación y cuyas consecuencias se desconocen por lo que la Junta insiste en la conveniencia de minimizar su permanencia en el territorio a lo que se suma que en España no existe un almacén de residuos radiactivos.

Este proyecto da cumplimiento a la resolución adoptada por las Cortes de Castilla y León el 6 de septiembre de 2017 en la que se instaba al Gobierno autonómico a tomar "diferentes medidas" ante el dictamen del entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad), anunciado el 1 de agosto de ese mismo año, de no renovar la autorización de explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.

Junto al mandato a la Junta de exigir al Ejecutivo central la elaboración y puesta en marcha inmediata de un plan de reindustrialización para la zona de influencia de la planta atómica burgalesa, el Parlamento de la Comunidad reclamaba también el estudio para la implantación de este "tributo medioambiental autonómico" con el compromiso de destinar su posible recaudación a este territorio.
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