Aprobado el proyecto de ley autonómica que aspira a ser el "germen" de un Sistema Nacional de Conciliación

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el proyecto de ley de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género, la cual nace con la pretensión de ser el "germen" de un futuro Sistema Nacional de Conciliación.

Así lo ha defendido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha comparecido tras la reunión del Consejo para subrayar que se trata de la primera comunidad en aprobar una norma de estas características para establecer "un nuevo pilar del estado del bienestar".

Entre las medidas contenidas en este proyecto está la equiparación progresivamente el permiso de paternidad (cuatro semanas) con el de maternidad (16 semanas) entre los empleados públicos y ampliará las deducciones para el cuidado de menores al domicilio y a la cesión del permiso de la madre al del otro progenitor.

La norma, que ahora se remitirá a las Cortes para su aprobación, prevé 86 acciones, 51 de conciliación, 23 para la eliminación de la brecha salarial y otras doce de carácter transversal o general, con un coste derivado de la implantación de 121,5 millones, de los que cerca de seis corresponde a nuevas acciones.

Entre algunas de las medidas que se pondrán en marcha figura promover el aumento de padres que cogen permisos y equiparar los de los padres en el ámbito público de las cuatro semanas actuales con el de las 16 de máximo a las que pueden acceder las madres, algo que la Administración se hará de forma "progresiva" para fomentar que en las excedencias y reducciones de jornada participen más los hombres.

Por otro lado, las deducciones fiscales irán encaminadas al cuidado de menores en centros pero también en domicilios o el fomento del uso de permiso de maternidad cedido por las madres al otro progenitor.

Prioridad al medio rural

Alicia García también ha afirmado que el texto tiene "presente" la realidad sociodemográfica de Castilla y León, por lo que da prioridad al ámbito rural, para lo que trata de dirigir medidas al fomento de la natalidad para evitar la despoblación, establecer el impulso a la creación de centros infantiles de cero a tres años, nuevas formas de cuidado de personas o el acceso prioritario y atención a las particularidades de personas y familias que residen en el medio rural.

La consejera ha destacado el carácter pionero de la ley, al tratarse de ser el primer texto legal autonómico con objetivos para promover la conciliación y luchar contra la brecha salarial de género, y su adaptación a la realidad social, ya que atiende a las particularidades de la diversidad de modalidades familia y da prioridad en el acceso a las medidas a las numerosas y monoparentales, especialmente las que menos recursos tienen, las víctimas de violencia de género y las que residen en el medio rural.

Asimismo, ha incidido en que es una ley que incorpora un concepto amplio de conciliación, que otorga especial importancia a la sensibilización y formación, que impulsa la innovación social, aprovecha las nuevas tecnologías para fomentar la conciliación y apuesta por medidas novedosas como la obligatoriedad de una planificación periódica tanto autonómica como local (a las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes).

También apuesta por avanzar desde unos horarios más "racionales y flexibles", fomentar el teletrabajo, tener en cuenta la igualdad a la hora de establecer categorías laborales o en el acceso a puestos de responsabilidad en el ámbito laboral.

En el ámbito de la empresa privada, se busca fomentar la inclusión de estas medidas en la negociación colectiva y la inclusión en los convenios de cláusulas de igualdad, al igual que en los contratos con la Administración.

Además de las citadas medidas, entre otras, el anteproyecto recoge subvenciones para compensar la disminución de ingresos por reducción de la jornada laboral, a empresas que ofrezcan mejoras de horario o para contrataciones, además de cláusulas sociales en las bases de ayudas para empresas, el fomento del teletrabajo en la Administración o formación a distancia.

También se contemplan iniciativas en el ámbito educativo que incidan en la conciliación así como la formación de profesorado en estas materias, además de la flexibilización de horarios en centros educativos o, en el caso de los Servicios Sociales, en los centros de día o residenciales, por ejemplo.

Aumento funcionarios

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el Decreto-ley por el que se habilita el incremento de las retribuciones de los empleados públicos en un 0,25 por ciento y que recupera el pago de la incapacidad temporal (IT) desde el primer día, algo que se perdió con la crisis.

Este Decreto-ley, cuya aprobación avanzó este martes el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, contempla el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público un 0,25 por ciento una vez que el 13 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó ese incremento al haberse verificado el cumplimiento del crecimiento previsto del 3,1 por ciento del Producto Interior Bruto.

En el artículo 1, el Decreto-ley recoge, por grupos y subgrupos, las cuantías en las que se van a incrementar las retribuciones del personal al servicio del sector público con efectos desde el 1 de julio de 2018, en los conceptos de sueldo y trienios, paga extraordinaria de diciembre y complemento de destino.

A su vez, la norma posibilita la autorización de un incremento de un 0,2 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.

Este nuevo texto legal también elimina las limitaciones para retribuir al 100 por cien las bajas en caso de incapacidad temporal, una vez que se han eliminado en la legislación básica estatal.

Con la aprobación de este Decreto-ley se recupera la situación tal y como se aplicaba en la Administración de Castilla y León antes de las limitaciones impuestas por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que era la normativa básica aplicable a estos supuestos.