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Absuelto De la Riva por las 'Comfort Letter'

Absuelto De la Riva por las 'Comfort Letter'

lunes 30 de julio de 2018, 13:38h
La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso de las 'comfort letter' firmadas por el exalcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, para quien la Fiscalía pedía una pena total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, mientras el Ayuntamiento de la ciudad, personado como acusación particular, solicitaba tres años de cárcel y nueve de inhabilitación.

El tribunal, presidido por Feliciano Trebolle, ha dictaminado también la absolución de los dos exconcejales del PP que se sentaron en el banquillo junto al exregidor, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

Javier León de la Riva se enfrentaba, de acuerdo con la petición de penas de la Fiscalía, a un total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por las tres cartas de conformidad suscritas en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval y la última de ellas que comprometía al Ayuntamiento a aportar 100 millones de euros, el 25% del crédito de 400 que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento.

Al ex primer edil, a quien, junto con la pena de cárcel y su inhabilitación, la acusación pública interesaba una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal, se le imputaban tres delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental, mientras que a sus excompañeros de bancada, el ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y al exedil de Movilidad, Manuel Sánchez, la Fiscalía de Valladolid pedía para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación, en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión.

Por su parte, el Ayuntamiento, personado como acusación particular, solicitaba para León de la Riva una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa, así como siete de inhabilitación para Blanco y Sánchez por delito de prevaricación pasiva o por omisión.

En su declaración en el juicio, que se celebró a primeros de julio en la Audiencia provincial, el exalcalde 'popular' mantuvo que no consultó a nadie al respecto de su actuación porque desconocía su "transcendencia" económica y creía que eran "una recomendación de cortesía" de carácter "no oficial".
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