El Diálogo Social defiende una PAC que mantenga la financiación

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha sumado este miércoles a los agentes del Diálogo Social al acuerdo de comunidad suscrito ya con los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias en defensa de una Política Agrícola Común (PAC) que mantenga la financiación en su nuevo horizonte a partir de 2020.

Precisamente, este acuerdo con patronal y sindicatos se ha rubricado el día en el que se conocerá el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 por lo que la consejera del ramo, Milagros Marcos, se ha mostrado a la expectativa de la decisión del Consejo Europeo ya que en paralelo a esa cantidad de recursos se negociará el documento de la futura PAC para la que Castilla y León demanda que pueda garantizar un sector agrario "rentable, sostenible e innovador" que permita fijar al mismo tiempo población en el medio rural, como reclaman también los agentes del Diálogo Social.

Por este motivo, la consejera ha destacado la importancia de poder sumar a patronal y sindicatos al documento de posición común en defensa de una PAC que respete, "como mínimo", el actual nivel de financiación tanto europea como nacional en la segunda comunidad autónoma que más fondos europeos recibe.

Según ha recordado, Castilla y León ingresa cada año 900 millones de euros en concepto de ayudas directas y financiadas al cien por cien por la UE, pendiente en estos momentos del presupuesto europeo, que puede caer, y otros 280 millones de euros cofinanciados entre Europa, Gobierno de la nación y Junta que se mantienen.

Marcos ha reivindicado el mantenimiento de las ayudas directas financiadas al cien por cien por la UE ya que, según ha recordado, son las que mantienen las rentas de los productores del campo de Castilla y León y ayudan a poner en el mercado alimentos de calidad a precios más asequibles para el consumidor y ha advertido de que ayudas distintas en función de los estados derivaría en una política que dejaría de ser común y se debilitaría el sistema productivo. Estos pagos directos deben ser acordes a la realidad productiva de las explotaciones en cada momento, "incorporando una limitación máxima que dependa del empleo en la explotación", precisa el documento común.

En este sentido, ha apelado a la voluntad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de aportar más financiación a los fondos europeos, para paliar además el efecto del Brexit y poder financiar otras políticas, en línea con los postulados de otros países como Francia, Alemania, Italia o Portugal, si bien Marcos ha admitido que hay "diversidad de opiniones" en estos momentos entre los estados miembros.

"Si cada país aporta un poco más a los fondos europeos se podrá mantener la PAC en los mismos términos", ha compartido Marcos, que ha expresado su deseo de que todos los países y comprometan el mismo esfuerzo que el anunciado por el Estado español para conseguir, entre otras cosas, que los jóvenes y las mujeres adquieran mayor protagonismo como "activos claves" en la dinamización y en la modernización de la agricultura y del mundo rural, que es uno de los objetivos prioritarios del documento común suscrito en Castilla y León, una posición que se ha fortalecido más este miércoles al sumar al Diálogo Social.

Según ha explicado la vicepresidenta de Cecale, Ángela de Miguel, se trata de un sector con una importancia "muy grande" y con un "peso relevante" en el PIB de Castilla y León que hay que respaldar para que mantenga los fondos. "Es vital mantener estas políticas", ha aseverado De Miguel, quien ha recordado el problema de despoblación y de fijación de habitantes en el territorio que tiene Castilla y León.

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Castilla y León, Miguel Ángel Gutiérrez, quien, tras compartir el diagnóstico de que el campo necesita ayuda, ha advertido de que el sector no puede bajar la guardia ante el riesgo de que Europa rebaje finalmente unos fondos que, en su opinión, tendrían que ser complementados a nivel estatal y autonómico en el objetivo último de conseguir que jóvenes y mujeres "arraiguen" en el campo y quede algo de vida en él.

Finalmente, el secretario de la Federación de Industria de CCOO en Castilla y León, Gonzalo Díez, ha reivindicado la demanda de su sindicato de encontrar un espacio en los documentos y mesas de trabajo abiertos en la Comunidad sobre la futura PAC para dar visibilidad a unos 8.000 trabajadores por cuenta ajena en un "sector estratégico" en la Comunidad en el que el sindicato quiere jugar un "papel fundamental".

Este documento común estima "indispensable" rediseñar mecanismos de gestión de mercados con acciones a nivel europeo, con reforzamiento de los sistemas de intervención, compras públicas para prevenir y gestionar grandes crisis, facilitando la participación en este sistema de las organizaciones de productores, interprofesionales y cooperativas. Mecanismos que deberían activarse cuando la tendencia del mercado lleve a situaciones de precios por debajo de los costes de producción.

También ve "prioritario" avanzar en la nueva PAC en nuevos instrumentos de gestión de riesgos o sistemas de protección anticiclo, tanto preventivos como de actuaciones en crisis y pide que la futura Política Agrícola Común facilite la adquisición de conocimiento necesario entre los agricultores en gestión de prevención de riesgos, todo ello compatible con la política de seguros agrarios actual.

"Es necesario, también, que el sector agrario sea parte de la solución contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente, incentivando al sector para que adopte nuevas prácticas más exigentes", continúa el documento firmado el pasado mes de marzo.

Desde Castilla y León se considera "prioritario" corregir el deterioro socioeconómico de los agricultores en la cadena alimentaria por lo que demanda una implementación de acciones estructurales eficaces que aumenten la transparencia, mejoren la regulación contractual incorporando relaciones entre el precio y los costes de producción y que fomenten las organizaciones interprofesionales y las de productores, para conseguir un mayor equilibrio de la cadena de valor.

Por otro lado cree "imprescindible" que se incorpore en los acuerdos comerciales internacionales el concepto de reciprocidad de modo que se establezca el mismo nivel de exigencia sanitaria, medioambiental o social a los productos importados que a las producciones europeas.

Los firmantes sostienen que, además de mantener un presupuesto europeo suficiente para investigación agraria, se debe potenciar la transmisión de sus resultados y la innovación en el sector agrario, facilitando el intercambio de experiencias a nivel europeo.

Finalmente, Castilla y León reclama que el desarrollo rural sea "clave" en la futura PAC para centrar sus esfuerzos en la política estructural agraria, en la protección del medio ambiente y en la diversificación para el desarrollo de las poblaciones rurales, potenciando los modelos agrícolas y ganaderos.

Como recoge este documento, debe facilitar el empleo y mantenimiento de activos en el medio rural y favorecer sectores y actividades con capacidad para generar autoempleo y empleo en general, además de simplificarse y poder adaptarse rápidamente a nuevas necesidades.

Finalmente, reivindica un reconocimiento social de la agricultura y ganadería ante la sociedad como garante del suministro de alimentos a precios asequibles, conservadora del medio ambiente, mantenedora del patrimonio rural y como contribuyente a las acciones contra el despoblamiento rural que se puedan adoptar y que sea referencia como hasta ahora el modelo de la agricultura familiar europea.