La Junta equiparará el permiso de paternidad y maternidad entre los empleados públicos

La Junta de Castilla y León equiparará progresivamente el permiso de paternidad (cuatro semanas) con el de maternidad (16 semanas) entre los empleados públicos y ampliará las deducciones para el cuidado de menores al domicilio y a la cesión del permiso de la madre al del otro progenitor.

Estas son algunas de las medidas que se contemplan en el anteproyecto de ley de apoyo a la conciliación, corresponsabilidad y eliminación de la brecha salarial de género, la primera de carácter autonómico y pactada en el marco del Diálogo Social (dentro de los acuerdos firmados el 15 de febrero), que prevé 87 acciones, 51 de conciliación, 24 para la eliminación de la brecha salarial y otras doce de carácter transversal o general, y que la Junta pretende aprobar para su remisión a las Cortes antes de verano.

El anteproyecto se ha presentado este lunes en la Consejería de Familia por su titular, Alicia García; el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo; el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio; y representantes de UGT y CCOO, entre ellos sus secretarios autonómicos, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente.

Entre algunas de las medidas que se pondrán en marcha figura promover el aumento de padres que cogen permisos y equiparar los de los padres en el ámbito público de las cuatro semanas actuales con el de las 16 de máximo a las que pueden acceder las madres, algo que la Administración se hará de forma "progresiva", ha explicado la consejera, quien ha señalado que también se trata de fomentar que en las excedencias y reducciones de jornada participen más los hombres.

Por otro lado, la consejera ha concretado que las deducciones fiscales irán encaminadas al cuidado de menores en centros pero también en domicilios o el fomento del uso de permiso de maternidad cedido por las madres al otro progenitor.

Alicia García, tras destacar la importancia de que el texto esté consensuado y ahora se abra a la participación social, ha destacado que se trata de un nuevo instrumento que persigue la igualdad, para lo que por un lado contempla el reconocimiento del derecho a conciliar y, por otro lado, garantizar la igualdad de oportunidades para eliminar la brecha salarial de género, para lo que se impulsarán medidas tanto en el ámbito público como en el privado.

Desigualdad patente

La consejera ha recordado que aunque la situación ha mejorado hay diferencias entre hombres y mujeres que se evidencia en la tasa de paro, la temporalidad, los salarios o la promoción dentro del ámbito laboral, pero además en el hecho de que el 58 por ciento de ellas renuncia a su carrera profesional frente a un 6 por ciento de hombres, sólo el 7 por ciento de éstos pide excedencia para el cuidado de hijos o que sólo el 13 por ciento cogió el permiso de maternidad tras las seis semanas obligatorias por ley.

Alicia García también ha afirmado que el texto tiene "presente" la realidad sociodemográfica de Castilla y León, por lo que da prioridad al ámbito rural, para lo que trata de dirigir medidas al fomento de la natalidad para evitar la despoblación, establecer el impulso a la creación de centros infantiles de cero a tres años, nuevas formas de cuidado de personas o el acceso prioritario y atención a las particularidades de personas y familias que residen en el medio rural.

La consejera ha destacado el carácter pionero de la ley, al tratarse de ser el primer texto legal autonómico con objetivos para promover la conciliación y luchar contra la brecha salarial de género, y su adaptación a la realidad social, ya que atiende a las particularidades de la diversidad de modalidades familia y da prioridad en el acceso a las medidas a las numerosas y monoparentales, especialmente las que menos recursos tienen, las víctimas de violencia de género y las que residen en el medio rural.

Asimismo, ha incidido en que es una ley que incorpora un concepto amplio de conciliación, que otorga especial importancia a la sensibilización y formación, que impulsa la innovación social, aprovecha las nuevas tecnologías para fomentar la conciliación y apuesta por medidas novedosas como la obligatoriedad de una planificación periódica tanto autonómica como local (a las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes).

Por su parte, Carlos Fernández Carriedo ha señalado la importancia de esta iniciativa con rango de ley, que tiene "valor en sí misma" por lo que supone de acuerdo, pero también ha destacado la implicación no sólo para el ámbito público sino también para el privado a través de los agentes sociales a través de instrumentos como los convenios colectivos y los planes de igualdad en empresas, para lo que ha hecho hincapié en la labor de los agentes de igualdad.

En concreto, ha destacado la importancia de avanzar desde unos horarios más "racionales y flexibles", fomentar el teletrabajo, tener en cuenta la igualdad a la hora de establecer categorías laborales o en el acceso a puestos de responsabilidad en el ámbito laboral.

Negociación

Por su parte, Santiago Aparicio ha señalado la reducción de la brecha de género como una "responsabilidad y deseo de todos compartido" y ha abogado por rechazar cualquier discriminación, "directa o indirecta".

Además de las medidas por la igualdad y contra la brecha salarial, en la que ha recordado que la CEOE trabaja en esta cuestión, el presidente de la patronal ha recordado que si se desea avanzar de forma "transparente y eficaz" también hay que hacerlo en la negociación colectiva y el diálogo con los representantes de los trabajadores, que es el "quid de la cuestión", tras lo que ha insistido también en elementos "básicos" como la sensibilización y educación a través de la educación.

Por su parte, la secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de Comisiones Obreras, Yolanda Martín, ha aludido a lo "significativo" que ha sido este 8 de marzo, que ha puesto la mesa algo en lo que las organizaciones llevan mucho tiempo trabajando y que aún se mantiene como la brecha de género, algo en lo que cree que hay que continuar con la negociación para introducir en los convenios cláusulas de igualdad.

En la misma línea, la secretaria de Igualdad y Juventud, Ana Isabel Martín Díaz, ha incidido en que llevan "un siglo" luchando por la igualdad laboral y ha elaborado que la Administración tome parte en una cuestión compartida, no sólo de las mujeres.

En este contexto, Faustino Temprano ha señalado que el siguiente paso es mantener reuniones con la patronal en el marco de la negociación colectiva, mientras que Vicente Andrés ha apuntado al Gobierno central como responsable de trabajar más en esta materia dadas las competencias con las que cuenta.

Además de las citadas medidas, entre otras, el anteproyecto recoge subvenciones para compensar la disminución de ingresos por reducción de la jornada laboral, a empresas que ofrezcan mejoras de horario o para contrataciones, además de cláusulas sociales en las bases de ayudas para empresas, el fomento del teletrabajo en la Administración o formación a distancia.

También se contemplan iniciativas en el ámbito educativo que incidan en la conciliación así como la formación de profesorado en estas materias, además de la flexibilización de horarios en centros educativos o, en el caso de los Servicios Sociales, en los centros de día o residenciales, por ejemplo.