La Fiscalía de Valladolid solicita penas que suman 35 años de cárcel por el 'Caso Samaniego'

Fiscalía de Valladolid pide penas que globalmente suman 35 años de prisión para los cuatro investigados por el denominado 'Caso Samaniego' relativo a los sobrecostes de 2,4 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital vallisoletana pagó entre los años 2000 y 2014 por la adjudicación de obras municipales a las empresas del que fuera jefe del servicio de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, según informaron fuentes jurídicas.

Si la pasada semana fue el Ayuntamiento de Valladolid, como acusación particular, el que, a través de sus servicios jurídicos, dio a conocer su petición de penas, que en su conjunto se elevan a 45 años, este lunes ha sido la acusación pública la que ha comunicado su escrito de calificación provisional en el que tipifica los hechos como constitutivos de delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil, junto con estafa.

En cuanto al principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, Fiscalía interesa para él un total de once años de cárcel--en el delito continuado de falsedad en documento mercantil le aplica la agravante de prevalerse del carácter público--, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.

Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pide ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

Indemnizaciones por 760.146 euros

Además, todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.

Entre las testificales interesadas destaca la declaración del secretario del Ayuntamiento, Valentín Merino Estrada.

La pasada semana, el Ayuntamiento de la capital recogía en su escrito de calificación delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y pedía para Luis Alberto Samaniego 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebajó las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito obtenido por ellos.

El procedimiento contra todos ellos obedece a los supuestos sobrecostes por importe de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014, de ellos 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación, 893.268 como perjuicio de ausencia de baja, 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.

En el relato de hechos presuntamente delictivos se apunta que Luis Alberto Samaniego, desde su cargo de jefe del Centro de Mantenimiento, encargado de gestionar y contratar la realización de pequeñas obras, formalizó en el periodo investigado, entre 2000 y 2014, un total de 1.316 facturas en favor de empresas familiares por importe de 11 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.

Y ello, a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba, y sin poner en conocimiento del Ayuntamiento dicha circunstancia, y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar, a lo que la juez instructora del caso añadió en su momento que en unos casos las facturas hacían referencia a trabajos ni siquiera ejecutados, en otros casos a obras efectuadas por funcionarios municipales y en otros a tareas que no se correspondían con las realizadas.

"Se trata de una actividad delictiva organizada y continuada en el tiempo en la que hubo una confusión total porque había trabajadores del grupo de empresas de los Samaniego que acabaron cobrando también del Ayuntamiento", apuntó entonces el responsable de los servicios jurídicos municipales, Rafael Guerra.