Los servicios sociales de Castilla y León obtienen la puntuación más alta en la historia del Índice DEC

Castilla y León ha obtenido 7,5 puntos en el Índice DEC que elabora la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, lo que supone su máxima puntuación, con ocho décimas más que en el anterior informe, y lo que la sitúa a la cabeza de las comunidades de régimen común y por encima de la media nacional, que es de 5,2 puntos.

De esta forma, Castilla y León se sitúa en segundo lugar del total de comunidades, sólo por detrás de País Vasco (que obtiene 7,75) tras superar a Navarra (que estaba por delante en el anterior Índice) y se sitúa "muy por delante" de las comunidades pluriprovinciales, ya que la siguiente es Castilla-La Mancha, con 5,4 puntos.

Así lo ha destacado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha recordado que la Comunidad obtiene su máxima puntuación de la serie histórica de éste Índice y supera el crecimiento de España, que ha subido algo más de cinco décimas frente a las ocho que lo hace Castilla y León.

El Índice analiza los parámetros Derechos (D), Economía (E) y Cobertura (C) y la Comunidad obtiene la mayor puntuación en el primero y tercero de estos aspectos.

En concreto, en lo que a Derechos y Decisión Política se refiere, destaca que Castilla y León cuenta con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización que le permiten situarse en el nivel "más alto" de la calificación y alcanza así la "excelencia" en este apartado, sólo a falta de los 0,05 puntos "simbólicos" que se otorga a que la Consejería lleve el nombre de 'servicios sociales', ha explicado la consejera.

Su más reciente logro en esta materia ha sido la aprobación de su Plan Estratégico, con memoria económica, que era el elemento que le faltaba en este apartado y por el que penalizó en la anterior aplicación, ha indicado García, quien ha concretado que la puntuación en este apartado es de 1,45 puntos sobre 1,50 y la media nacional se queda en los 0,87 puntos.

Respecto a la relevancia económica (E), el Índice señala que "los Servicios Sociales en Castilla y León se sitúan por encima de la media estatal en los tres indicadores contemplados, prácticamente todos mejoran respecto a la anterior aplicación (obtiene 2,2 sobre 3 frente a una media nacional de 1,82).

Para evaluarlo se contabiliza conjuntamente tanto el gasto de las comunidades como el de las corporaciones locales, en primer lugar, en gasto por habitante y año, 388,65 euros en 2016 Castilla y León (la media fue de 339,69); en el porcentaje que supone la inversión de las administraciones en servicios sociales sobre el PIB regional (1,72 por ciento en 2016 frente a una media del 1,42); y, en tercer lugar, el mismo parámetro sobre su presupuesto total (10,77 por ciento en la Comunidad frente a le media del 8,91).

Cerca de la 'excelencia'

A este respecto, Alicia García se ha referido a que, a pesar de que Castilla y León ha mejorado los datos con respecto al anterior informe y a estar por encima de la media española en todas estas variables, el Índice señala que la Comunidad no llega a alcanzar la excelencia en este segundo apartado por una décima, al no lograr la puntuación de 1,1 puntos en gasto por habitante, 390,64 euros, que es el límite de dicha puntuación para obtener esta calificación.

También ha incidido en que, mientras que en 2016 en Castilla y León se han superado las cantidades por habitante destinadas a Servicios Sociales de 2011, en el conjunto de España aún no.

Por último, respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios (C), la Comunidad se encuentra por encima de la media estatal en casi todos los indicadores contemplados y alcanza la excelencia en este apartado. El informe señala que Castilla y León "presenta una tasa de personas con derecho y pendientes de serles reconocida la prestación del 1,4 por ciento, frente al 26,2 por ciento de media estatal", de forma que se puede considerar que "técnicamente" no existe "Limbo de la Dependencia" (lista de espera).

Otros indicadores de cobertura en los que destaca la Comunidad son las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 65 años, con una cobertura del 5,26 por ciento, el doble que la media estatal (2,46 por ciento); plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con una tasa del 28,1 por ciento respecto al número de mujeres con órdenes de protección en esta Comunidad (también duplica la media, que es del 14,7); y también en Rentas Mínimas de Inserción, aspecto en el que se sitúa por encima de la media al beneficiar al 9,6 por ciento de las personas bajo el umbral de la pobreza frente al 8,7 de media estatal. También destaca la trayectoria de incremento continuado de la cobertura de estas rentas mínimas en Castilla y León.

Además, Alicia García ha destacado que la Comunidad tenga un sistema "equilibrado", como recoge el Índice, en sus tres dimensiones y ofrece una de las mejores ratio en España entre cobertura y gasto, es decir, una "gran eficiencia" del sistema, lo que atribuye a la dinámica de colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a decisiones estratégicas como fue la adecuada integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales.

De la misma manera, muestra una relación equilibrada entre los derechos que reconoce en su Ley de nueva generación y en el Catálogo que los concreta y su entrega efectiva de prestaciones y servicios, lo que Alicia García considera importante porque se llega a las personas.

Recomendaciones

Por otro lado, el Índice hace una serie de recomendaciones, una de ellas dirigida a que se lleve a cabo un mayor desarrollo del servicio de teleasistencia, algo que García se ha comprometido a impulsar en los próximos años.

A este respecto, ha concretado que este servicio es un tema de análisis en el Diálogo Social y próximamente se harán una serie de propuestas a las corporaciones locales para su impulso como titulares del mismo.

También ha recordado que los presupuestos de 2018 contemplan un aumento del 21 por ciento en su financiación y ha avanzado que se va a regular la teleasistencia avanzada y se desarrollará una plataforma de teleatención de carácter sociosanitario que supondrá un "gran avance" en el uso de sistemas modernos de asistencia.

Entre las recomendaciones también se reconoce el nivel de desarrollo del sistema de Servicios Sociales y se aconseja que se mantengan las tendencias crecientes en inversión y la cobertura como los mecanismos de definición y ordenación eficiente.

Además, el DEC anima a mantener la dinámica colaborativa de las administraciones públicas de la Comunidad y del protagonismo de las entidades locales, ya que considera que es una de las claves de la eficiencia y de los equilibrios constatados.

Al mismo tiempo, se hace también una llamada a algunos ayuntamientos de la Comunidad que presentan menos gasto en materia de servicios sociales para que asuman un mayor compromiso en sus propios presupuestos para no generar una excesiva dependencia de las transferencias de la Junta.

Alicia García se ha referido a que, con carácter más general, el informe concluye recomendando a Castilla y León, tanto a Junta como a entidades locales, que consideren una prioridad y estratégicos los servicios domiciliarios que permitan a las personas mayores o con diversidad funcional permanecer en sus domicilios.

La consejera ha adelantado que se trabaja en ello y tras la Navidad se presentarán iniciativas en esta línea, con iniciativas novedosas, algunas de las cuales tendrán carácter "piloto".