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Indefiniciones

Indefiniciones

Por Jesús Rodríguez
viernes 17 de noviembre de 2017, 14:09h

Hay veces que el Estado da pasos iniciales para proteger a los sectores vulnerables, pero la falta de definición de los detalles necesarios para implementar leyes, proyectos o programas, dejan truncas las intenciones.

En las últimas dos reuniones del Colegio de Auditores Generales, aprobamos varios informes que resaltan este punto débil de la gestión pública.

Un ejemplo es el de Garrafas para todos (y Hogares con Garrafas – HogAr, el programa que lo reemplazó a mediados de 2015).

El objetivo era garantizar la provisión de algo tan básico como el gas a una gran cantidad de hogares de la Argentina que no están conectados a la red. Para darse una idea de la magnitud: según el padrón provisto por el Ministerio de Energía y Minería en el marco de la auditoria, en marzo de 2016 había 2.401.109 beneficiarios. Mucha gente, pero sólo 45% de lo hogares sin gas de red aún existentes.

La auditoría sobre estos programas -que cubrió el período 2013 a 2015- muestra los efectos negativos de la indefinición.

En efecto, la falta de definición del término “Viviendas de uso social o comunitario”, limitó el acceso a los titulares de estos hogares a los beneficios previstos. A esto se sumó la ineficiente comunicación sobre la existencia del subsidio; en las encuestas realizadas a beneficiarios del programa se verificó que el 25% de la población en CABA y GBA, 7% en el NEA, 58% en el Sur y 19% en el NOA desconocían el programa. Al ignorar la disponibilidad del subsidio, los potenciales beneficiarios –inscriptos en un registro-, no ejercieron su derecho de reclamarlo. A su vez, la falta de retiro de los fondos durante tres meses es causal de suspensión de la persona en el registro y, en consecuencia, las entidades pagadoras deben devolver dichos montos a la ANSES. ¿El resultado? Entre abril de 2015 y marzo de 2016, el 26% del total transferido para el cumplimiento del programa había regresado a las arcas de la ANSES.

Otro ejemplo: el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. La AGN auditó 6 años hasta principio de 2016 (ver informe).

La ley 26.509 creó este sistema en 2009 con el objetivo de prevenir y mitigar daños causados por factores climáticos y otros imprevistos naturales que pudieran afectar significativamente la capacidad de producción agropecuaria; poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, y afectando a las comunidades rurales.

La ley estableció un piso presupuestario de $500 millones para financiar la ejecución del Sistema. Sin embargo, debido a que no se estableció ningún registro o sistema de asignación de los fondos, el monto siempre fue fijo, sin contemplar el grado de afectación de las producciones agrícola ganaderas del país y su impacto.

Más indefiniciones: no habían sido designados formalmente los cargos de ninguno de los tres responsables previstos para la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios ni se había establecido un mecanismo para priorizar a los pequeños productores, es decir, aquellos que la ley principalmente buscaba proteger.

Dos ejemplos de cómo la falta de atención a los detalles de instrumentación pueden impedir que se cumplan los objetivos y que -a pesar de necesidades acuciantes de poblaciones vulnerables- los subsidios y beneficios les pasen cerca pero no les lleguen

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