Familia destina 3 de cada 5 euros a dependencia y sube a 206 millones la atención a personas en riesgo de exclusión

La consejera de Familia e Igualdad de oportunidades, Alicia García, ha desgranado hoy los que ha definido como presupuestos "más elevados de la historia de la Consejería" y que, señala, superan en más de un diez por ciento a los de 2010 que, con 878 millones, fueron los "más expansivos" aprobados en los años previos a la crisis. En este sentido, dependencia, con tres de cada cinco euros de los 974 del departamento, atención a personas en riesgo de exclusión social, con una partida de 206 millones, y la "apuesta" por el medio rural centran el "impulso" que la Consejería dará en 2018 a sus políticas sociales.

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2018 referente a su departamento.

Alicia García ha indicado que, una vez superado el ecuador de la Legislatura y en lo que se refiere a la actuación de la Consejería, se ha producido un "significativo refuerzo y mejora" en el apoyo y atención a las personas; un cambio a un "modelo de atención" centrado en la persona; una "participación constante" con las corporaciones locales, el Tercer Sector, el Dialogo Social y los profesionales, y una "planificación sectorial" en prácticamente todas las áreas de actuación de la Consejería, ejes todos ellos que ahora van a "consolidarse y afianzarse" con el presupuesto de 2018.

García ha centrado el impulso que la Consejería va a dar a las políticas sociales en 2018 en tres factores estratégicos como son la atención a la dependencia, consolidar la respuesta de la Red de Protección a la situación de crisis con reducción de tasas de pobreza y exclusión y apuesta por el medio rural.

Así, ha incidido en la "necesidad" de seguir ampliando la respuesta a la dependencia y seguir mejorando la "calidad" de los servicios de atención, objetivos que absorben un total de 588,6 millones, un 6,34 % de incremento con 35,1 millones más. Una partida que supone tres de cada cinco euros del presupuesto que maneja la Consejería.

El segundo reto, a juicio de García, es reducir las "tasas de pobreza y exclusión" en la Comunidad que pasa por "consolidar" la Red de Protección a las familias y personas para que adquiera un "carácter permanente y estable". A este apartado, el departamento dedicará más de 206 millones, 16 más que en 2017 con un incremento del 8,5 por ciento.

Por último, la apuesta por el medio rural y por la colaboración con las entidades locales en la prestación de la atención social con la finalidad de garantizar que todas las personas, independientemente del lugar donde vivan, cuenten con los mismos niveles de cobertura y protección social se traduce en el nuevo Acuerdo Marco de colaboración con las entidades locales, aprobado ayer y que, con carácter trianual, implica un gasto total de 316,7 millones, lo que supone un incremento medio anual del 8,35 % respecto del anterior.

Novedad en adaptación al hogar

En materia de dependencia, el incremento presupuestario permitirá elevar las partidas a conciertos en residencias de mayores, centros de día y centros para personas con discapacidad, las aportaciones para los programas que desarrolla el Tercer Sector, la financiación de los servicios de ayuda a domicilio, de teleasistencia y de los programas para el apoyo a cuidadores, además de poner en marcha una nueva línea de ayudas para adaptaciones en el hogar y otra de ayudas técnicas para personas dotada con 2,5 millones de euros.

En cuanto a atención a personas en riesgo de exclusión social, el incremento de las partidas permite dotar el presupuesto para la Renta Garantizada de Ciudadanía con 79 millones y reforzar un 14,1 por ciento la financiación de los programas para la inserción laboral de las personas en exclusión. Además, este año se presentará el proyecto de Ley para "perfeccionar" la configuración y el funcionamiento de la Red de Protección y se aprobará un mapa de recursos de la Red, que "mejorará el conocimiento e información" de los recursos y servicios que tienen las personas a su disposición.

130 millones para atención en residencias

El proyecto también recoge 130 millones para la atención directa a las personas con discapacidad en residencias y centros, que incluye los 72,8 millones destinados al concierto de plazas; se incorporan las inversiones de 1,67 millones para la construcción del nuevo centro base de Valladolid y aumenta hasta los 6,44 millones la dotación para dar continuidad a los programas que desarrollan las entidades del Tercer Sector de la discapacidad.

Además, las políticas para personas mayores van a contar con casi 200 millones. En este sentido, ha incidido en que el servicio de ayuda a domicilio alcanza los 162,2 millones y también ha incrementado el apoyo a programas de envejecimiento activo hasta los 2,5 millones, uno de ellos destinado a tres programas de carácter innovador como el programa a gusto en mi casa que proporciona apoyos a los dependientes en sus domicilios; la atención integral a la persona en la fase final de la vida y la protección de los derechos de las personas ante situaciones de engaño y prácticas fraudulentas.

El área de familia crece hasta los 23,4 millones, un 9,2 por ciento más que en 2017, lo que permitirá "incrementar el número de plazas de la red de centros infantiles públicos" especialmente en el ámbito rural, "convocar nuevas ayudas" para la conciliación y "reforzar las medidas de mediación familiar" a través de los puntos de encuentro.

Ayudas para huérfanos para violencia de género

Las políticas de mujer también se incrementan un 6,51 por ciento hasta los más de 8,5 millones para dos áreas de actuación: la promoción de la igualdad, sobre todo, en el empleo y a través de la educación y, por otro, la lucha contra la violencia de género, área que vuelve a ver incrementado su presupuesto hasta alcanzar los 4,65 millones, para "consolidar" las medidas del modelo integral 'Objetivo Violencia Cero', entre las que destacan las ayudas económicas por violencia de género, que duplican su dotación, y las nuevas ayudas para huérfanos de mujeres fallecidas por violencia de género.

Alicia García también ha incidido en las partidas de la Consejería destinada para la lucha contra la drogadicción y las destinadas a la juentud. Así, el Comisionado Regional para la Droga contará con nueve millones que permitirá, entre otras actuaciones, aumentar el 11 % las subvenciones a las entidades locales para actuaciones de prevención en menores de edad; el 15,3 % para las entidades del Tercer Sector para reforzar los programas de prevención familiar indicada y para crear en las provincias un nuevo recurso de derivación de menores y sus familias por parte de los servicios de urgencias.

Para políticas de juventud se destina más de 18 millones para continuar con el "impulso" de la red de informadores de la Garantía Juvenil y el Sistema de inscripción rápida Sij+. Además, se apostará por la movilidad internacional de los jóvenes para su formación con 670.000 euros y con otros 290.000 del programa Erasmus.

Por último, el presupuesto destina casi 10,5 millones para "favorecer" el empleo en todas las áreas sobre las que tiene competencia la Consejería. En este sentido se ha referido a los 4,1 millones que se destina a "favorecer" el empleo de las personas en riesgo de exclusión social. El empleo de las personas con discapacidad a través de itinerarios tendrá otros 4,5 millones, mientras que para la formación de menores vulnerables se destinará un 50 por ciento más con casi 850.000 euros y para las mujeres vulnerables 216.000 euros.

Como novedad, ha concluido, se convocarán ayudas para la vivienda y otros apoyos a la vida independiente para personas con discapacidad que estén en itinerarios.