La Junta reducirá un 30% los puestos de libre designación

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha sido el encargado de presentar el nuevo catálogo, el cual pretende desarrollar unas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) "modernas" y "acordes a las necesidades actuales de la prestación del servicio público", así como "más homogéneas entre sí", lo que permitirá poner en marcha el denominado concurso abierto y permanente para el personal funcionario, una antigua reclamación de los funcionarios que ya está implantada para el personal laboral de la Comunidad desde 2006.

Se trata de una modalidad de concurso que sólo existe en Castilla y León y que la Administración General del Estado está estudiando para implantar a nivel nacional. Para el conjunto del funcionariado regional, se prevé que este concurso pueda estar en marcha el 30 de marzo de 2018.

Como ha señalado De Santiago-Juárez, algunas RPT tienen más de 20 años de antigüedad, lo que hacía precisa su reforma. Fruto de esto, existen plantillas aprobadas a finales de los años 90 y otras, mucho más actuales, con criterios para su confección diferentes, de modo que en ocasiones para realizar las mismas funciones "existen puestos de trabajo distintos" y, por tanto, "retribuidos de forma diferente".

Asimismo, el vicepresidente de la Junta ha subrayado que con este nuevo catálogo de puestos tipo se reduce el número de puestos de libre designación un 30 por ciento, concretamente 374, y de concurso específico un 50 por ciento --un 28 por ciento efectivo si se consideran las que pasarán a concurso ordinario--.

A su vez, se eliminan los puestos con niveles mínimos y se mejoran algunos puestos, como los jefes de servicio territorial que suben de nivel 26 a 28 para equipararse con los jefes de servicio de centrales. La supresión de puestos mínimos tendrá un coste cercano al medio millón de euros, mientras que la subida de nivel de los jefes de servicio cuenta con un coste estimado de alrededor de 200.000 euros.

El consejero de la Presidencia ha recalcado que la transición de un puesto no catalogado a otro catalogado "no va a perjudicar a ningún funcionario titular del puesto", pues si para adecuar el puesto al catálogo éste se modifica a la baja, la modificación no surtirá efectos hasta que la plaza quede vacante, mientras que si la modificación favorece a su titular, se hará efectiva en el momento.

José Antonio de Santiago-Juárez ha subrayado que esta reforma supone un compromiso adoptado en su último discurso de investidura por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la cual ha contado con el apoyo de la mayoría de centrales sindicales --CSIF, UGT, CCOO y FSES-- con la excepción de Uscal, que precisamente se ha manifestado este jueves a las puertas de la sede del Gobierno regional para pedir que se reconozca la experiencia a 2.000 sanitarios no asistenciales como veterinarios o farmacéuticos que trabajan para la administración.

La elaboración del catálogo parte del examen de los 17.400 puestos de trabajo actuales, que se deberán ajustar a los cerca de 81 puestos tipo que incluye el catálogo. La Ley excluye del catálogo los puestos de docentes, puestos del personal destinado en instituciones sanitarias y aquellos puestos que por su especificidad no son susceptibles de que se creen otros iguales.

El vicepresidente de la Junta ha apuntado que, al mismo tiempo que se negociaba el catálogo, se han abordado otros compromisos, alguno de los cuales tendrá su reflejo en las Relaciones de Puestos de Trabajo. El más relevante de esos compromisos es la mejora de los puestos de trabajo ultraperiféricos para hacerlos "más atractivos" entre los trabajadores públicos y, así, garantizar una mejor cobertura en los servicios del medio rural.

En la actualidad, según ha explicado De Santiago-Juárez, las plazas del medio rural tienen un grado de cobertura "muy bajo", por lo que se pretende negociar, antes de que finalice el año, una serie de mejoras en esas plazas, con modificaciones que pueden ser económicas o de promoción profesional para los funcionarios que las ocupen durante un tiempo, entre otras.

Agenda para la población

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado en su reunión de este jueves la actualización de la Agenda para la Población hasta 2020 con el fin de "adaptarla a la actual situación económica y social", para lo que se contemplan 55 nuevas medidas.

Así lo ha explicado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, quien ha desvelado que se incorporan a la Agenda las aportaciones de los cuatro grupos de trabajo constituidos en el Consejo de Políticas Demográficas el pasado 16 de junio, específicamente en materia de Jóvenes; Familia, Empleo y Dinamización Económica; Inmigración, y Ciudadanos en el Exterior.

El proceso de actualización de la Agenda para la Población incorpora 55 nuevas medidas y modifica otras 32, tras las diez reuniones de los cuatro grupos trabajo que se constituyeron para este fin. La Agenda, como resultado de este trabajo participativo de los agentes representados en el Consejo de Políticas Demográficas, cuenta en total con 175 medidas para afrontar a los retos demográficos en la Comunidad.

Entre las nuevas medidas que se incorporan a la Agenda destacan, en materia de Jóvenes, la aprobación de la Estrategia de Impulso Joven 20/20, la creación de la Mesa para la dinamización de la Garantía Juvenil, y el impulso de la FP dual en industrias que generan un importante impacto en el medio rural, y el impulso del emprendimiento y del asociacionismo juvenil en los ámbitos local y provincial que faciliten el acceso al ocio y la cultura de los jóvenes residentes en estos municipios.

Por otro lado, se impulsan medidas en el ámbito de la Familia para la conciliación de vida familiar, personal y laboral, la garantía de la prestación de servicios públicos esenciales y de calidad en el territorio, la adopción de acciones positivas en el medio rural, acciones de apoyo a las mujeres del sector agrario y agroalimentario, el fomento de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y la atención a mujeres vulnerables, así como la implementación de la normativa de ordenación del territorio para promover la adecuada prestación de servicios públicos.

De la misma forma se incorporan otras medidas para el fomento de la contratación de profesionales sanitarios en puestos de difícil cobertura, la adaptación de la formación para el empleo en el medio rural y la generación de centros de aprendizaje compartido y el apoyo a la educación a distancia.

En el área de Empleo se incorporan medidas para la mejora de la formación y la cualificación de los trabajadores, el apoyo y mentorización de emprendedores, la generación de espacios de trabajo compartido y también de espacios virtuales para promover el apoyo al emprendimiento, así como un impulso a la divulgación de ofertas de empleo.

En cuanto al área de Dinamización Económica se introducen nuevas medidas destinadas a incentivar y potenciar la actividad productiva del primer sector y la industria agroalimentaria, a la promoción de programas de crecimiento y diversificación de empresas, al apoyo especial a pymes y micropymes del medio rural, para la promoción del comercio local, la recuperación de oficios artesanos y el apoyo a empresas de economía social en el ámbito rural.

En materia de Inmigración se impulsa la difusión de la Red de Atención a las Personas Inmigrantes y el fomento de actividades por parte de asociaciones juveniles en intermediación cultural y sensibilización sobre la inmigración, además de facilitar el acceso de los jóvenes inmigrantes a las actividades organizadas por el Instituto de la Juventud.

Se fomenta la realización de actividades por parte de asociaciones juveniles en materia de intermediación cultural y sensibilización sobre el fenómeno de la inmigración, y se desarrollan actuaciones dirigidas al personal de la Administración de la Comunidad, sobre legislación en materia de extranjería y atención específica a inmigrantes.

Por último en materia de Emigración se incorporan medidas para el mantenimiento de las líneas de ayuda destinadas a facilitar la integración laboral de los retornados a la comunidad.

El Consejo de Políticas Demográficas cuenta con 41 miembros y en él está representada la Junta de Castilla y León, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, representantes de cada uno de los grupos parlamentarios de las Cortes, organizaciones sindicales y empresariales, representantes de las organizaciones agrarias, Federación Regional de Municipios y Provincias, universidades públicas, así como distintos organismo que ostentan la representación sectorial de cooperativas, economía social, juventud, turismo, autónomos y grupos de acción local. Cuentan con presencia también miembros de asociaciones de inmigrantes, organizaciones no gubernamentales, comunidades castellanas y leonesas en el exterior, ubicadas en España, así como asociaciones de emigrantes retornados.

En la reunión del Consejo de Políticas Demográficas del 29 de noviembre de 2016 se acordó la actualización de la Agenda para la Población en función de las nuevas circunstancias sociales y económicas. Con este fin se aprobó la constituir cuatro grupos específicos que han venido trabajando durante el primer semestre de 2017 y que ha elevado sus propuestas al pleno del Consejo de Políticas demográficas que informó sobre la actualización de la Agenda el pasado 16 de junio.

El contenido actualizado hasta 2020 de la nueva Agenda para la Población será remitido a otros ámbitos de trabajo en materia de demografía en los que está presente de forma activa la Junta de Castilla y León, con el objetivo de que la experiencia de la Comunidad sea una referencia.

De esta forma el nuevo documento se remitirá a la Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, y al Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD) con el fin de aportar criterios y experiencia para la próxima Estrategia Nacional cuya elaboración se realizará en 2017 conforme a lo acordado en la última Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero.

La Estrategia Nacional cuenta con la participación y con las mismas prioridades demográficas que Castilla y León: jóvenes, familia y natalidad, movimientos migratorios, desarrollo rural y longevidad. Asimismo las nuevas aportaciones de la Agenda de la Población serán de utilidad para los trabajos en materia de demografía que están desarrollando las instituciones europeas, y en concreto partiendo del dictamen sobre los Retos Demográficos del Comité de las Regiones, aprobado por unanimidad, del que fue ponente el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el pasado 16 de junio de 2016.

La Junta aprobó la Agenda para la Población de Castilla y León en mayo de 2010, con el objetivo de afrontar los retos demográficos de la Comunidad a través del impulso de proyectos, planes y actuaciones de forma coordinada, baja una metodología común.

Fernández Carriedo ha subrayado que, tras ser "los primeros" en dotarse de una agenda dentro del panorama nacional, Castilla y León quiere ser también "la primera" en actualizarla, tras lo que ha defendido el papel de "referente" de la Comunidad a nivel nacional y europeo.