Colapsado el juzgado 'especializado' en cláusulas suelo en Valladolid, según denuncia CCOO

El Sector Justicia de Comisiones Obreras de Valladolid ha denunciado públicamente la situación de colapso que está empezando a sufrir el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Valladolid, al que se le ha 'especializado' en materia de cláusulas suelo.

El Juzgado ha recibido más de cien demandas en apenas una semana, diez veces más que antes de su especialización, sin que se haya dotado de más personal. Tampoco se ha creado un juzgado 'Bis' que se dedique en exclusiva a tramitar estos asuntos, critica CCOO a través de un comunicado.

Desde que el Pleno del CGPJ dictara el Acuerdo del 25 de mayo de 2017 por el que atribuye a determinados juzgados las llamadas 'cláusulas suelo', en la provincia de Valladolid es el Juzgado de Primera Instancia nº 4 el que se encarga en exclusiva de atender la avalancha de demandas que, contra los bancos, se venían preparando en multitud de despachos de abogados de toda la provincia.

Aunque el Ministerio de Justicia informó, "propagandísticamente", de la creación de una infraestructura para atender las demandas de las cláusulas suelo, CCOO denuncia que lo cierto es que se están utilizando los juzgados ya existentes y que no se ha creado ni un juzgado más y lo único que hay es una magistrada adscrita para resolver todos estos asuntos, aunque reconoce la posibilidad de disponer de un despacho vacío esperando que se pueda crear el juzgado que es necesario para asumir la enorme cantidad de demandas registradas.

CCOO apunta que, con esta organización de los recursos, no se va a dar una respuesta adecuada al ciudadano que acuda a la Administración de Justicia ante el abuso cometido por las entidades bancarias, tal como sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El sindicato pide al Gobierno que "deje ya de engañar a la ciudadanía vendiendo medidas que más que beneficiosas, lo único que han conseguido hasta este momento es perjudicar, provocando mayor dificultad para el acceso a la Justicia y retrasando la tramitación de todos estos procedimientos al haberlos centrado en un único juzgado".

En su opinión, "éste es el resultado de una medida absurda, demagógica y propagandística, y que conlleva el hecho de que los funcionarios tengan que soportar de repente esta sobrecarga de trabajo de forma obligatoria, injusta y sin ningún tipo de compensación".

También lamenta que, en lugar de obligar a los bancos a devolver sin más a los ciudadanos el dinero que les han cobrado indebidamente, se obliga a los ciudadanos a acudir a unos tribunales de justicia cada vez más colapsados porque han decidido que la Administración de Justicia tiene que seguir siendo el "pariente pobre de los servicios públicos y que el personal a su servicio tiene que seguir soportando resignadamente los continuos ataques a sus condiciones de trabajo".