Los puntos de encuentro familiar de CyL atendieron a más de 1.800 familias y a casi 2.600 menores en 2016

La red de puntos de encuentro familiar existente en Castilla y León atendió en 2016 a más de 1.800 familias y a casi 2.600 menores, fruto de las casi 113.000 intervenciones efectuadas en casos de conflicto derivados de separaciones y violencia, contexto en el que tantos los profesionales que trabajan en estos centros como los jueces dispondrán a partir de ahora de una 'Guía de Buenas Prácticas' con el fin de coordinar sus esfuerzos y prestar un mejor servicio a los afectados.

Castilla y León fue pionera al abrir, en 1994 en Valladolid, el primer punto de encuentro de España. Los puntos de encuentro familiar son espacios neutrales que, con una plantilla integrada en Castilla y León por ochenta profesionales, facilitan a las familias el cumplimiento del régimen de visitas de los menores con sus progenitores y con otras personas a las que se atribuye este derecho en situaciones de conflicto.

Es un recurso que persigue salvaguardar el interés superior del menor, con carácter primordial. De esta forma, a través de los puntos de encuentro familiar se pretende favorecer el derecho fundamental del menor a mantener la relación con sus padres y familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, hasta que desaparezcan las circunstancias que motiven la necesidad de utilizar este recurso.

Los puntos de encuentro familiar (PEF) intervendrán cuando sea el único medio posible para facilitar las relaciones entre la familia y los menores y tras haber agotado otras vías de solución.

De la relevancia social de este servicio, que cuenta ya con 16 puntos de encuentro familiar en Castilla y León--en las nueve capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes--, da buena muestra el hecho de que en 2016 atendió a 1.808 familias, a casi 2.600 menores y realizó cerca de 113.000 intervenciones, trabajo apoyado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con una aportación de 1,25 millones de euros, tal y como ha destacado su titular, Alicia García.

Desde el inicio de este servicio en Castilla y León, en 1994, hasta abril de 2017, se ha atendido en los puntos de encuentro familiar de la Comunidad a más de 20.400 familias y a casi 29.000 menores, en más de 1,1 millones de intervenciones, y ello con un apoyo económico de la Administración regional cifrado en más de 14,5 millones de euros.

En su comparecencia ante los medios, García, acompañada por la magistrada y jefa de la Sección de Estudios-mediación del Consejo General del Poder Judicial, Ana Carrascosa, y la presidenta de la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el derecho de visitas (Fedepe) y máxima responsable también de la Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores (Aprome), María Luisa Sacristán, ha aprovechado para presentar la 'Guía de Buenas Prácticas de los Puntos de Encuentro Familiar con los juzgados de Castilla y León'.

"Herramienta imprescindible"

Sobre la misma, Carrascosa, quien fuera titular del Juzgado de lo Penal 2 de Valladolid, la ha calificado de "imprescindible" y herramienta que nace "de la experiencia y la lógica de las cosas demostradas por Fedepe y Aprome" acumuladas desde 1994 y en la que, "tras un análisis de lo hecho hasta ahora para mejorarlo", se ha buscado una mejor coordinación entre el personal que trabaja en estos puntos de encuentro y los operadores del ámbito judicial, fundamentalmente jueces.

"Es un regalo que se hace a la sociedad", ha asegurado convencida la magistrada, quien apunta la necesidad de que la guía, que se adapta al decreto de la Junta de Castilla y León de 2010 sobre funcionamiento de los puntos de encuentro familiar, se extienda a otros territorios y se ajuste a sus distintas normativas en la materia.

"La ruptura de pareja significa muchas veces conflicto en las relaciones familiares y supone que muchos de sus integrantes se ven privados de sus derechos, de ahí que la obligación del Consejo General del Poder Judicial es formar a los jueces para que dicten sentencias correctas y la de los poderes públicos crear los mecanismos y poner los recursos necesarios para garantizar los derechos de los afectados", ha resumido Carrascosa, algo sobre los que, en su opinión, "tanto Valladolid como Castilla y León pueden ponerse una medalla" tras recordar que la Junta estuvo en la creación del primer punto de encuentro familiar.

El acceso a los puntos de encuentro familiar se produce con carácter general por derivación de la autoridad judicial competente cuando se dan situaciones de alta conflictividad familiar, incumplimiento del régimen de visitas, posibles situaciones de riesgo para los menores o para alguno de los progenitores, aunque también pueden derivar a este servicio las secciones de Protección a la Infancia de las gerencias territoriales de Servicios Sociales de Castilla y León.

Por este motivo, se hace necesaria una coordinación fluida del punto de encuentro familiar con los juzgados de familia, juzgados de violencia, fiscalía, sala de familia de la Audiencia y equipos psicosociales tanto en el momento de la derivación judicial como a lo largo de toda la intervención.

Precisamente, para reforzar esa coordinación se ha elaborado esa 'Guía de Buenas Prácticas de los Puntos de Encuentro Familiar con los Juzgados de Castilla y León', de la que se han editado 500 ejemplares, como una herramienta de trabajo que contribuya a mejorar la intervención con la familia.

Se trata de una guía con la que continuar ofreciendo cada vez un servicio más eficaz en la intervención profesional y especializada que se ofrece a las familias con hijos menores que se encuentran inmersas en un proceso conflictivo de separación a través de una transmisión de información precisa, un conocimiento mutuo y una colaboración efectiva.

De esta forma, esta Guía de Buenas Prácticas aporta a los profesionales implicados informaciones sobre objetivos, tipologías de casos atendidos, normativas de funcionamiento o modalidades de intervención familiar.

Al mismo tiempo, la guía ayudará a mejorar la coordinación entre puntos de encuentro familiar y los juzgados en aspectos como situaciones adecuadas para la derivación judicial, causas de posible cese de la intervención, informes del punto de encuentro familiar al juzgado o comparecencias judiciales.