Comienza la huelga del personal de trabajadores de la administración española en Argentina

Lejos han quedado los tiempos de vacas gordas en los que trabajar en la administración en española en Argentina era todo un lujo. La actualidad es muy distante a aquellas épocas, y ya van nueve años sin aumento salarial.

A pesar de las advertencias, el gobierno español no se hizo eco del reclamo, quizás pensando que la medida finalmente se iba a levantar, pero los trabajadores de la administración, muy por el contrario, comienzan una huelga indefinida que traerá serias consecuencias para retomar la normalización en la atención al público.

La demanda de servicios en el consulado está al límite –por la escasa cantidad de empelado- y para darse una idea el desborde que se produciría si avanza la huelga, en estos momentos los turnos para pedir un pasaporte se están dando para diciembre, y para las renovaciones para octubre.

Los trabajadores cuentan con el apoyo de UGT y CSIF de España, quienes presentaron el 9 de mayo un preaviso de huelga indefinida de las trabajadoras y trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) en Argentina, que se iniciará el próximo 29 de mayo.

Según CCOO, primer sindicato de las Administraciones Públicas, la Administración General del Estado “ha abandonado a su suerte a un colectivo de aproximadamente 7.000 trabajadores y trabajadoras en el exterior, a los que lleva sometiendo, por noveno año consecutivo, a una injusta congelación salarial que se añade a la precaria situación que vienen soportando históricamente y que, en algunos países, como es el caso de Argentina, se ve agravada por una deriva inflacionaria y una dramática pérdida de poder adquisitivo que se hace ya insostenible”.

Los representantes de los trabajadores explican que “sin ser una excepción, en Argentina se dan unas circunstancias de inflación monetaria que afectan gravemente al poder adquisitivo y que las trabajadoras y trabajadores no pueden continuar soportando. Para dar una idea de la magnitud de esta situación, en diciembre de 2016 se registraba una inflación acumulada en dólares del 53,6%, lo que equivale a una reducción del salario que ronda el 34,1%. Para el 2017 la inflación prevista se estima en un 27% y la depreciación del peso argentino respecto al dólar en un 20%”.

Ante este panorama, CCOO ha solicitado en numerosas ocasiones la convocatoria de la Comisión Técnica del Personal Laboral de la AGE en el Exterior, con el fin de articular ese inaplazable diálogo entre la Administración y las diferentes fuerzas sindicales, que desbloquee el atasco en la negociación colectiva y permita consensuar un sistema retributivo justo, que parta fundamentalmente de las circunstancias socioeconómicas que afectan a cada país.

Pedidos que se levante la medida de fuerza:

- Aplicación del Acuerdo de 18/12/1990 entre la Administración y CCOO y UGT sobre criterios de revisión salarial, asistencia sanitaria y reconocimiento de la antigüedad.

- Un inmediato incremento salarial del 25% con efecto retroactivo al 1 de enero 2017 que permita recomponer en parte los salarios del personal en dicho país.

1. a) Un 10% de incremento en 2018 y un 10% de incremento en 2019, ambos de carácter acumulativo, para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años.

1. b) Para los años sucesivos, instrumentar un mecanismo de negociación que, tal como estipula el Acuerdo Administración-Sindicatos del 18/12/1990, observe “la modificación en las condiciones fiscales o de protección social, la utilización como referente de las retribuciones de mercado y la incidencia de peculiares condiciones políticas, económicas o sociales que condicionen la capacidad adquisitiva y la calidad de vida” de nuestro personal.

- La urgente convocatoria de la Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior, único marco de negociación y diálogo para dicho ámbito.

- Inmediata reunión de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR).

- La correcta aplicación de la legislación laboral argentina, sin menoscabo de la aplicación de lo recogido en el año 2007 entre Administración y sindicatos en el Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el Exterior, evitando que se deba recurrir reiteradamente a los tribunales y que la Administración en interpretaciones erróneas intente reducir aún más las ya tan deterioradas retribuciones de las trabajadoras y los trabajadores afectados.