- Un empresario dice que a muchos cursos no fueron inspectores y duda de la concurrencia competitiva en la adjudicación

El empresario José María Pérez González, imputado en una de las piezas por supuestas irregularidades en las subvenciones a los cursos de formación, ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento andaluz y ha aseverado que hubo "montones" de cursos de los que impartieron sus empresas que no recibieron la visita de los inspectores; además, ha dudado de que en la adjudicación de las subvenciones hubiera concurrencia competitiva.

"Ha habido diferentes épocas, en los últimos tres o cuatro años (en los que se realizaron los cursos) hubo menos inspecciones y a montones de cursos no ha ido nadie", ha dicho el empresario durante su comparecencia cuando, no obstante, no ha podido precisar cuántas de las formaciones no contaron con inspecciones 'in situ'.

Pérez ha señalado que si los inspectores hubieran ido a controlar los cursos se habrían llevado "muchas sorpresas" en aspectos como "las listas o las firmas" y ha aludido a que esas inspecciones no se realizaban tal vez "por falta de dinero" porque, según le trasladaban los propios inspectores, la Administración "no les pagaba kilometraje o dietas" sino que simplemente les ampliaba el número de días de vacaciones.

A su juicio, "todo el mundo sabe" que en los cursos de formación "han pasado cosas" y ha señalado que ve "dos varas de medir", una hasta 2008, cuando "todos los cursos se hacían y se liquidaban" y otra, después, cuando los cursos entraron en verificadores y "cada vez que se licita hay reintegro". "¿Lo que antes no era importante ahora es importante?", se ha preguntado el veterano empresario.

En otro momento de su comparecencia, a preguntas de la portavoz de IU, Elena Cortés, ha dudado de que hubiera concurrencia competitiva en las adjudicaciones de los cursos. "De la concurrencia competitiva me sonrío porque los cursos se han dado de la forma que se han dado. Yo pedía un curso de carnicero o de olivicultura y me lo daban a mí, no sé si había concurrencia o no la había", ha asumido el empresario, que también ha advertido de que, no obstante, "prácticamente" no había ninguna empresa más que impartiera formación agrícola.

A preguntas de la diputada de Ciudadanos, Marta Busquet, el empresario ha sido más claro y ha dicho que "sabemos de sobra que no ha habido concurrencia competitiva" y que eso "está más claro que el agua". "Los que tienen instalaciones adecuadas, con prácticas adecuadas y profesionalidad son las que hacen los cursos", ha explicado Pérez, que en otro momento ha dicho que en los últimos años sí "se hablaba algo" de esa característica para acceder a los cursos pero no anteriormente.

"UNA FRONTERA EN 2008"

Pérez, que únicamente ha asumido la dirección de tres empresas de formación, no ha precisado cuántos fondos recibió por los en torno a cien cursos que se impartieron en sus instalaciones ni el beneficio total que obtuvo pero ha dicho éste fue "mínimo", alrededor de un 20 por ciento, de lo que aún había que descontar lo que tenía que pagar "por el resto de cosas que no se podían incluir, como obras en las instalaciones que no eran aplicables a la liquidación". "Antes no tenía deudas antes y ahora tengo más de 400.000", ha ejemplificado.

El empresario también ha explicado que "todos" sus cursos fueron justificados en los tiempos determinados pero que, "a veces", cuando no era posible, se pedía una moratoria para liquidar y se la "concedían". "Desde 2002 a 2011, cuando se paró el reloj, siempre nos han dado cursos y si es así es porque estábamos condiciones para ello, ni debíamos, ni teníamos problemas", ha señalado.

El compareciente ha señalado, a preguntas de la diputada de Ciudadanos Marta Busquet, que en 2008-2009 se percibió una "frontera" en las formas de hacer las cosas en la Administración ya que previamente se hacían liquidaciones sin apenas reintegros y después "esto es un desastre y son todo reintegros".

En respuesta a las preguntas del PSOE, el empresario también ha recalcado que sus empresas recibieron dinero "exclusivamente para hacer cursos", "sin ánimo de otra naturaleza", y que nunca se ha servido de relaciones con responsables de la administración o funcionarios, entre los que tiene "buenos amigos", para recibir una subvención. En ese punto, también ha rechazado que la administración creara cursos de forma específica para sus escuelas.

También ha dicho que en todos los años que lleva dedicado a la formación no ha visto "la menor pizca de inmoralidad" en los funcionarios con los que ha tenido relación y ha señalado que comprende que las consejerías hayan podido tener "errores, anomalías o circunstancias".

PP VE POSIBLE DELITO EN LA "OBSTRUCCIÓN" DE LA JUNTA

En su turno, el portavoz de Podemos, Juan Moreno Yagüe, ha lamentado la falta de documentación disponible para la formulación de las preguntas al compareciente al no haber enviado la Junta de Andalucía lo solicitado, pero el representante del PP, Miguel Ángel Torrico, ha ahondado en esas críticas y, tras rechazar hacer preguntas por la falta de documentación demandada, ha acusado a la Administración de "obstrucción y dilación permanente".

El 'popular' ha explicado que la documentación se pidió a la Junta hace cinco meses y ésta apenas ha remitido cinco expedientes "menores" y ha advertido de que su grupo estudiará si la administración está incurriendo en un delito recogido en el Código Penal si obstaculiza la investigación negándose o dilatando el envío de la documentación requerida.

Torrico también considera que la administración andaluza "obstaculiza", además, la labor de la Justicia porque hay varias piezas archivadas provisionalmente, entre ellas la de este supuesto entramado empresarial, por falta de documentación.

"No vamos a entrar en su juego y no vamos a formular ninguna pregunta al compareciente" ha dicho Torrico, para el que "si la Junta quiere colaborar en saber la verdad, lo tiene muy fácil, que mande la información, que la tiene".

En respuesta a la intervención 'popular', la socialista María Luisa Bustinduy, ha señalado que la Junta ha enviado un total de 600.000 folios que, para ello, han tenido que ser fotocopiados, ordenados e indexados, con lo que eso supone de trabajo para los funcionarios, y ha recordado que la Administración ya advirtió de que los diputados podrían ir a los servicios centrales o delegaciones para ver 'in situ' los expedientes que necesiten. "Si querían tener más información sobre los comparecientes podrían haberla tenido", ha reprochado al PP.