El que fuera jefe de servicio de Formación en la provincia de Huelva entre 2001 y 2013, José Ángel Gil Flores, ha considerado "un juicio temerario" que el interventor provincial de la Junta en esta misma provincia, Miguel Ángel García Bermúdez, haya afirmado que ha habido menoscabo de fondos con las ayudas a la formación en dicho territorio, fruto de una "relajación de los controles", cuestión que el ya exjefe de servicio ha negado.
Durante su intervención en la comisión de investigación que se celebra en el Parlamento sobre las ayudas a la formación, Gil Flores ha respondido así a las declaraciones del interventor de Huelva, quien, ante es mismo órgano, atribuía las irregularidades encontradas "en el cien por cien" de los expedientes a una "relajación en los mecanismos de control" de los fondos, que ha dado lugar a un "menoscabo de fondos públicos".
"Cómo se atreve el interventor provincial a asegurar que ha habido menoscabo, cuando la competencia para decir eso está muy por encima de él, en el Tribunal de Cuentas", ha apuntado el compareciente, quien también ha negado que haya prescrito "ni un solo" expediente en esta materia durante el periodo que él estuvo al frente del cargo.
Según ha apuntado Gil Flores, "un servicio no puede permitir que un expediente prescriba. Y sin saberlo, no tengo más remedio que estar seguro porque para que prescriba lo único que se puede hacer es esconderlo para que nadie lo vea". Si bien, posteriormente y, a preguntas del diputado de Podemos Jesús Romero, ha reculado sobre esta última afirmación, asegurando que había puesto "un mal ejemplo".
El compareciente ha comenzado su intervención explicando que durante toda su vida profesional su gestión ha estado sometida a fiscalización por parte de distintas instancias y que "jamás" ha tenido ningún tipo de incidencia negativa. "Como jefe de servicio, absolutamente todo lo he intentado gestionar de conformidad con la legislación vigente y siguiendo las directrices de los supervisores", ha apuntado.
Ha dicho que ha tenido "espíritu de colaboración" con los tres interventores con los que ha coincidido y que siempre ha acatado sus recomendaciones. Ha explicado que si en algunos de los expedientes se encontraba alguna "deficiencia o incoherencia", se interponía un reparo y el procedimiento quedaba paralizado hasta que se subsanaba.
YA ESTABA JUBILADO CUANDO SE HIZO EL INFORME ESPECIAL
Tras apuntar que había una "unidad de control interno" en su departamento que revisaba toda la documentación antes de enviarla a la Intervención, el compareciente se ha referido al informe especial del interventor sobre las ayudas a la revisión, aclarando que cuando comenzó el trabajo de campo él ya estaba jubilado y, por tanto, no participó en la entrega de documentación, ni en la fase de alegaciones ni en la implantación de las recomendaciones.
Ha criticado que muchos de los "supuestos incumplimientos" que se recogen en el citado informe "no permiten comprobar las fechas" y ha dicho que se actuó conforme a la legalidad tanto con los expedientes con compromiso de contratación como en lo que se refiere a la justificación de los expedientes, que contaban con informe de auditor, una modalidad que el interventor "obvia" en su informe.
"Se demostrará en su día, allá donde corresponda, que no había esa cantidad de anomalías que el interventor apunta", ha defendido Gil Flores, quien, respecto al retraso en las justificaciones de las ayudas, puesto también de manifiesto en el citado informe especial, ha indicado que cuando dejó el cargo el ritmo era "bastante aceptable", teniendo en cuenta las limitaciones de personal con las que contaba su departamento.
El compareciente, que aseguraba al inicio de su intervención que le gustaría "huir" de las manifestaciones que hizo en su día el interventor en esta comisión y solo responder de lo relativo a su puesto de trabajo, "sin entrar al trapo", dijo posteriormente que el interventor le vinculó ante la Guardia Civil con los informes de alegaciones "en una fecha en la que yo ya no era jefe de servicio, y se quedó tan tranquilo".
"¿Quiere que contemos cuantos interventores del resto de provincias han nombrado como responsable al jefe se servicio? Ninguno", ha afirmado Gil Flores, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico, quien también le cuestionado sobre si hubo cursos de UGT que se celebraron en sedes del PSOE, a lo que contestado que no lo recuerda.
El exjefe de servicio de Formación, que ha presumido de haber mantenido una conducta "intachable" y de haber sido "honrado e imparcial", sí que ha reconocido durante su intervención algunos "errores" en su gestión, "como seres humanos que somos". Así, ha dicho que durante un periodo, "hasta que nos dimos cuenta", no realizaron las "resoluciones de ampliación de los plazos". A su juicio, ello se debió "a la inercia" del trabajo anterior.
"Asumo que es culpa mía, pero no daña a nadie y no causa ningún tipo de inconveniente en la gestión de una subvención", ha explicado el compareciente, quien ha sido reprendido por la diputada de IULV-CA, Elena Cortés, quien le ha afeado que no se hubiera leído "de la A a la Z" las órdenes que se iban dictando referidas a los cursos de formación.
LOS CURSOS NO SE DABAN "A LA LIGERA"
Gil Flores, que ha dicho tener constancia, aunque no de forma oficial, de que las recomendaciones de los informes de actuación se están llevando a cabo, ha subrayado también que las subvenciones para los cursos con compromiso de contratación no se han dado "a la ligera", sino que se hacían gestiones para comprobar que esas empresas querían cumplir esa finalidad.
Si bien, ha reconocido que "raro es el curso con compromiso de contratación que haya acabado con el cien por cien" de cumplimiento de dicho compromiso. Frente a ello, ha destacado que no es el órgano gestor quien ha incumplido, sino la entidad, a la que "hay que decirle que devuelva el dinero".
La diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet, que ha advertido de que "media un abismo" entre las declaraciones en esta comisión de Gil Flores y las del interventor, le ha preguntado sobre la homologación de las entidades para impartir cursos. A este respecto, el compareciente ha sido tajante al asegurar que no se ha homologado a ninguna entidad "que no cumpliera los requisitos".
Por su parte, la diputada del PSOE-A María Luisa Bustinduy, ha destacado que Gil Flores ha sido "de los pocos" a los que el PP-A no le ha hecho la "infame pregunta" de si es o no afiliado a un partido político. El compareciente había relatado durante su intervención inicial que había sido teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Moguer (Huelva).
Si bien, y a raíz de lo apuntado por la socialista, el exejefe de servicio ha añadido que no ha pertenecido ni pertenecerá a ningún partido político ni organización sindical. "Siempre he actuado como independiente", ha precisado Gil Flores, quien ha dedicado sus últimas palabras en la comisión a agradecer el trato recibido y a sumarse a las declaraciones de otros comparecientes que han advertido del "daño" que se le está haciendo a muchos trabajadores públicos y a sus familias.
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