El grupo parlamentario de Podemos Andalucía defenderá este jueves ante el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley mediante la que reclama que la Junta adopte las medidas necesarias para que el servicio telefónico de atención de urgencias y emergencias 112 sea prestado directamente por la Administración andaluza a través de la Subdirección de Emergencias de la Consejería de Justicia e Interior.
Para ello, según se plantea en la iniciativa, recogida por Europa Press, se utilizarían los servicios propios de los distintos organismos de la Junta una vez vencidos los contratos vigentes, sin más prórrogas con las empresas privadas que los tienen adjudicados en la actualidad, hasta el 31 de diciembre de 2016 en el caso de Ilunion, y hasta el 12 de agosto en el caso de Arvato Qualytel.
De la misma manera, Podemos quiere que el Parlamento andaluz inste al Consejo de Gobierno de la Junta a realizar las actuaciones oportunas para la solución del conflicto laboral y la dignificación de las condiciones laborales de las plantillas de los centros de gestión telefónica de llamadas de emergencias 112.
En la exposición de motivos, la formación morada explica que la Administración andaluza decidió externalizar mediante adjudicaciones a empresas de venta telefónica --contact center-- la atención telefónica de las emergencias en Andalucía, del 112 y del 061, lo que ha supuesto que "unos pocos directivos hayan sido de forma constante los beneficiados por las adjudicaciones de estas contratas bajo una aparente concurrencia competitiva".
No obstante, Podemos defiende que, después de que el Parlamento aprobara otra proposición no de ley para convertir a pública la gestión de la atención del teléfono 061 y Salud Responde, "en coherencia", entiende conveniente iniciar el mismo camino para la atención telefónica del 112.
"Este modelo de gestión pone en manos de empresas privadas la gestión telefónica de los servicios públicos de emergencias, unas empresas que no aportan nada, solo su nombre, y se lucran con dinero público mientras dan un trato deplorable a sus trabajadores, sometiéndolos a condiciones sociolaborales propias de sistemas esclavistas", advierte el grupo.
Para Podemos, esta situación es "una lacra" para las arcas públicas porque "se encarece un cien por cien unos servicios públicos esenciales en los que las adjudicatarias se limitan a ser meras intermediarias mientras que los edificios, las líneas telefónicas, los consumibles o los ordenadores son públicos y sustentados con dinero público". "Las empresas comisionistas no ejercen poder real de dirección dado que las instrucciones de trabajo son propias de la Junta", agrega.
"LA CONFLICTIVIDAD LABORAL HA SIDO UNA CONSTANTE"
Advierte en la misma línea que desde los comienzos de este servicio, "la conflictividad laboral ha sido una constante tanto por la prevalencia de los intereses económicos propios de las empresas como por un insuficiente cumplimiento de la Junta en su obligación de velar por la legalidad en la ejecución de los contratos adjudicados a las mismas", provocando también "pérdida de derechos supuestamente protegidos por las cláusulas de subrogación contenidas en los pliegos de licitación" que ha llevado a los trabajadores a acudir a los tribunales.
Y es que además, como sostiene Podemos, desde hace más de seis meses se vive una "conflictividad intensa" en estos centros de trabajo a cuenta del "afán de enriquecimiento de las contratas que no dudan en endurecer las condiciones de los empleados para incrementar sus ya de por si pingües beneficios, sancionando indiscriminadamente, no aplicando el convenio colectivo que les asignan, además de impedir la conciliación de la vida laboral y familiar".
"Resulta ridículo e impresentable que el Consejo de Gobierno de la Junta consienta estos atropellos y persistan en los cargos de las empresas públicas, como directivos, quienes, no sabemos bajo qué intereses, son cómplices necesarios para los abusos empresariales que se vienen produciendo", agrega la formación de Teresa Rodríguez para argumentar la necesidad de que el 112 sea prestado directamente por la Administración autonómica.
Entienden necesario un replanteamiento del modelo de gestión hacia lo público, "tal y como está establecido en la mayoría de las comunidades autónomas del Estado español, y la adopción de medidas que garanticen unas dignas condiciones de trabajo y un reconocimiento real a la labor realizada por el colectivo de gestión de emergencias 112 en Andalucía para que no se resienta la calidad del servicio por cuestiones economicistas o de avaricia empresarial privada".
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