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El interventor de la Junta en Jaén no ve menoscabo de fondos públicos pero sí "incumplimiento de la legalidad"

lunes 07 de marzo de 2016, 21:40h

El interventor de la Junta en Jaén, Pedro González Gámez, ha asegurado que no ve menoscabo de fondos públicos en relación a las ayudas de formación concedidas por la administración andaluza, aunque sí ha alertado de "incumplimiento de la legalidad" en relación a estas ayudas, tal y como concluye el informe especial que su departamento elaboró sobre las subvenciones concedidas entre los años 2009 y 2012.

González Gámez ha cerrado la sesión de comparecencias de este lunes en la comisión de investigación sobre el presunto fraude a las ayudas de la formación, a la que también han acudido los interventores provinciales de Córdoba, Granada y Huelva. Este martes será el turno de los de Sevilla y Málaga y del ex interventor general Adolfo García.

Para el interventor de la Junta en Jaén, dado el número de observaciones realizadas en su informe, muchas de ellas "irregularidades normativas", debería haber "cuanto menos" un plan de revisión de todos los expedientes por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) "y ver qué sale". Y es que, según ha señalado, el informe especial se hizo con una muestra de 59 expedientes y el universo es de 393.

Al igual que el resto de interventores que ya han comparecido ante esta comisión, González Gámez ha denunciado que la intervención de Jaén contaba con medios materiales y humanos "totalmente insuficientes" para realizar el informe especial sobre las ayudas a la formación y con un equipo "sin suficiente experiencia" que iba cambiando como consecuencia de los procesos concursales.

El interventor de la Junta en Jaén ha explicado que entre la documentación que su departamento analizó no se encontraba, tal y como exige la normativa en esta materia, los cuestionarios de evaluación los alumnos, la información de inserción-impacto o la memoria de actuación. "Yo no digo que no existan esos documentos, pero no nos llegaron", ha apostillado.

Así, tras destacar que mucha de la documentación requerida les llegó en la fase de alegaciones, González Gámez se ha referido también a la disparidad de las retribuciones de los formadores. Ha explicado que en la normativa no se apunta un máximo ni un mínimo y que, en su opinión, debería existir "cuanto menos" una tabla para ajustar las retribuciones según las especialidades.

Preguntado sobre si cree que con la legislación en materia de formación era previsible que sucediera el fraude, ha dicho que no sabría responderle, pero que la previsión sería que no hubiera ningún tipo de irregularidades. "El objetivo no es permitir el fraude", ha aseverado, añadiendo, no obstante que las órdenes son "susceptibles de interpretación, quedan cosas ambiguas y, en ocasiones, son farragosas y difíciles de digerir".

Sobre si la falta de recursos materiales y personales originó los primeros problemas de control en el SAE, a pregunta del diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha dicho que no conoce suficientemente el SAE como para saber su funcionamiento.

González Gámez ha dejado claro que nunca ha recibido ninguna orden de un superior para que no hiciera su trabajo como debe. "Y si la hubiera recibido no la habría cumplido. Habría sido cesado y, en el caso de que me hubieran expedientado lo habría recurrido", ha señalado el interventor de la Junta en Jaén.

LOS GRUPOS HACEN BALANCE

El representante del PP-A en la comisión Miguel Ángel Torrico ha aprovechado su intervención para hacer balance de las comparecencias celebradas hasta el momento. A su juicio, ha quedado claro que la Junta no dotaba de medios a las intervenciones provinciales para el desarrollo de su labor, se ha producido una "relajación" en los controles que han materializado en irregularidades "de todo tipo" o el posible menoscabo de fondos públicos.

También ha destacado el 'popular' que el interventor de Córdoba haya apuntado la posibilidad de que hayan prescrito las ayudas entre 2002 y 2008; que se haya conocido que no se ha interpuesto "ni una sola sanción" por los incumplimientos en las subvenciones a la formación, o que se haya fabricado un "régimen excepcional y específico" con determinadas empresas. "Y esto, en día y medio de comparecencias", ha subrayado.

Por parte del PP-A, la diputada María Luisa Bustinduy ha dicho que su formación quiere conocer la "verdad" del asunto y que no va a hacer como otros grupos políticos que ponen en boca de los interventores provinciales "palabras que no han dicho". Junto a ello, ha querido dejar claro que su formación no desconfía del trabajo de ningún funcionario de la Junta, ni de los interventores ni de los miembros del SAE.

Bustinduy, que ha asegurado que ha escuchado "muchas cosas raras" a lo largo de esta sesión de comparecencias, ha preguntado a González Gámez si cree, como ha apuntado algún grupo, que había un "entramado del PSOE" en la administración con los cursos de formación. Si bien, el interventor ha asegurado que no podía responder a tal

En nombre de Ciudadanos, la diputada Marta Bosquet ha dicho que la Junta debe ofrecer una explicación a los andaluces después de que los interventores hayan manifestado un presunto menoscabo de los fondos públicos y posible prescripción de los expedientes de 2008 hacia atrás". En su opinión, es "intolerable y vergonzoso" todo lo relatado por los funcionarios públicos, especialmente en el caso del interventor provincial de Huelva.

Por último, la portavoz de IULV-CA Elena Cortés ha asegurado que su grupo constata el "absoluto desmadre y descontrol" en el que se encontraba estas millonarias ayudas a los cursos de formación toda vez que, según ha explicado, "en cuanto se rasca un poco y se hace un muestreo en los expedientes, se comprueba que las subvenciones tenían irregularidades de todos los colores y tamaños". A pesar de ello, según ha afirmado, el PSOE "se empeña, comparecencia a comparecencia, en intentar contarle al pueblo andaluz un cuento bucólico pastoril que ganaría premios de narrativa fantástica".

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