La defensa del exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha alegado este lunes en el inicio del juicio del caso 'Pinillo', sobre la operación urbanística desarrollada en una finca con el mismo nombre en la localidad marbellí, que se están vulnerando derechos fundamentales, como el de defensa y "a la vida" con la pena de banquillo que está sufriendo.
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha comenzado este lunes este juicio a 21 personas, entre ellas Muñoz, el exasesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, exediles, exfuncionarios y empresarios por una operación urbanística desarrollada en la era GIL con la que se permitió enajenar patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados y en perjuicio del Ayuntamiento.
La vista oral ha comenzado con las cuestiones previas, en las que los abogados han planteado la prescripción de algunos delitos; mientras que una acusación particular, en representación de parte de los primeros propietarios de la finca, ha cuestionado la legitimación del Ayuntamiento para estar personado como perjudicado y como responsable civil.
Este trámite de alegaciones seguirá este martes y la previsión de la Sala es terminar el juicio a finales de octubre. En general, la Fiscalía Anticorrupción acusa por los delitos de prevaricación, negociación prohibida, alteración de subasta pública, alteración de precios, fraude, estafa, cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad.
El letrado de Muñoz ha lamentado que hayan pasado más de 16 años desde los hechos y se estén juzgando ahora, lo que significa que "el sistema procesal español falla". Ha apuntado que su cliente, a pesar de la "grave enfermedad" que tiene y de lo lejano de lo investigado, sigue intentando colaborar y, aunque ha mantenido la inocencia del exregidor, ha apelado a que se tengan en cuenta estas dilaciones.
El fiscal acusa al exalcalde de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.
Además de Muñoz, hay exediles y otros procesados, hasta nueve, que han sido trasladados desde prisión donde cumplen condena por el caso 'Malaya', contra la corrupción en Marbella. Es el caso de Roca, acusado por los delitos de cohecho, estafa, fraude, maquinaciones para alterar el precio, alteración de subasta, negociación prohibida y prevaricación. La Fiscalía pide 15 años de cárcel.
La defensa del exasesor de Urbanismo ha alegado también vulneración de derechos fundamentales, en concreto porque considera que se está produciendo un doble enjuiciamiento, ya que entiende que los hechos que se han investigado en esta causa ya lo fueron en el procedimiento conocido como 'Malaya', con "instrucciones paralelas" durante varios años.
Al respecto, la letrada ha indicado que en el caso de 'Malaya', el fiscal escogió calificar la actividad mercantil de Roca como blanqueo, por lo que éste ya ha sido condenado a siete años de prisión; mientras que en esta causa hay "un rosario de delitos", pero existe "una identidad de hechos", por lo que ha mantenido que se trata de "cosa juzgada".
"No se puede sentar a una persona por los mismos hechos con base en una calificación jurídica distinta", ha manifestado la abogada, quien ha incidido en que Roca "ya ha sido condenado por toda su actividad mercantil y de sus sociedades", por lo que ha pedido que se aparte a Roca de este procedimiento. Además, ha dicho que no se explica dónde está el perjuicio para el Ayuntamiento.
En sus conclusiones provisionales, el ministerio fiscal alude a que tras toda la operación urbanística, se produjo una infravaloración de los terrenos que cifra en un total de 6,7 millones de euros. Sostiene que desde que Muñoz y Roca, "de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros".
En este caso, la acusación señala que Roca promovió "la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del PGOU, utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados".
Asimismo, el ministerio público dice en su escrito que Muñoz "tuteló desde su destino como regidor suplente, firmando los decretos necesarios a tal fin"; mientras que los concejales integrantes de la Comisión de Gobierno, también acusados, lo ratificaban "de manera tan automática, conscientes de su carácter ilegal, produciendo por la vía de hecho un grave perjuicio del patrimonio municipal de Marbella".
LA FINCA
Inicialmente, se llevó a cabo un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas a hacer un proyecto urbanístico, que entonces no se concretó, pero que luego se refería a un palacio de congresos, se explica. No obstante, cuando tuvieron el título de inscripción, la actuación municipal, decía el fiscal, estuvo "lejos de promover la utilidad pública".
Así, la Fiscalía Anticorrupción indica que Muñoz, "de común acuerdo con Roca", y "tras desapoderar los legítimos titulares de la finca 'El Pinillo', no sólo no promovieron la construcción del palacio de congresos que justificó la expropiación de dicha finca, sino que llevaron a cabo actos encaminados a transmitirla a terceros interesados en realizar una promoción inmobiliaria".
La finca pasó a ser urbanizable, "en claro perjuicio para el propio Ayuntamiento y respecto de sus anteriores propietarios". Posteriormente, el fiscal relata una serie de operaciones "encadenadas" de transmisión del crédito hipotecario "que la gravaba" y en las que Roca participó, según el escrito, como interlocutor del Ayuntamiento, pero también supuestamente a través de empresas, administradas por otros acusados, para adquirir la deuda.
Para la Fiscalía Anticorrupción, Roca, "abusando de su posición de gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000", a través de sociedades gestionadas o controladas por abogados o testaferros, "realizó actos de tráfico jurídico-mercantil en relación con bienes municipales", en este caso concreto sobre 'El Pinillo', incurriendo con ello en "una prohibición expresa de contratación por funcionario público".
Esta acusación sostiene que este acusado "tenía planeado adquirir dicho crédito y, con él, la propia finca gravada para cederla a un promotor con vistas a su desarrollo urbanístico". Así, una parte de la operación fue "revestida de un desnaturalizado contrato de arras o señal", lo que daba entrada "en la maquinación fraudulenta planeada para adquirir la finca" a sociedades del entorno de un empresario, también acusado.
El escrito del fiscal relata también la preparación de la adjudicación directa de la finca expropiada, que había sido dividida; con actuaciones encaminadas al cambio de titularidad municipal mediante su subasta pública y la posterior denegación del derecho a la reversión, así como la enajenación directa a una sociedad "de mera pantalla" y las diferentes ventas realizadas.
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