El interventor provincial de la Junta en Córdoba, Antonio Escudero Miralles, cree que los expedientes de formación entre 2002 y 2008 han prescrito, lo que impediría que la Junta pudiera recuperar a través de un procedimiento de reintegro los fondos utilizados de forma irregular, y no descarta que se haya producido un menoscabo de fondos públicos y "quizás" malversación, aunque no tiene constancia de ello.
Escudero es el tercer interventor provincial de la Junta, tras los de Almería y Cádiz, que comparece ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad.
Durante su intervención, ha explicado que la prescripción empieza a computar desde la finalización del plazo de justificación de las ayudas, que es de tres meses. "A partir de ahí son cuatro años y ya habría prescrito el derecho a iniciar proceso de reintegro", ha indicado Escudero, quien, ha precisado, no obstante, que el plazo para los fondos europeos es "algo mayor".
Así, preguntado sobre si de 2008 hacia atrás no se van a poder recuperar los fondos, el interventor ha respondido con un escueto "estamos en 2016". En su opinión, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) debería haber realizado una actuación "más proactiva" durante estos años en la averiguación sobre si los beneficiarios han dedicado el dinero a la actividad para que ésta fue concedida.
Ha destacado que el informe especial que elaboró sobre las ayudas a la formación concedidas entre 2009 y 2012 es "bastante crítico" y que intenta motivar una actuación del órgano concedente (el SAE) para que hiciera un esfuerzo "suplementario" en conocer que la subvención se había empleado correctamente.
DENUNCIA FALTA DE MEDIOS
Para la elaboración del trabajo de fiscalización por parte de la Intervención provincial de Córdoba en el análisis de 69 expedientes, Escudero ha dicho haber contado con carencias "de todo tipo", tanto humanas como materiales. Su equipo, según ha explicado, cuenta con diez funcionarios y además se produce una rotación de personal fruto de la carrera profesional que dificulta que se cuente con experiencia. "Y eso es un grado", ha indicado.
Tras denunciar que este tipo de órdenes tiene "muchos recovecos" y son "muy difíciles" de interpretar, el interventor ha negado que en los expedientes que han analizado hubiera exoneraciones y ha criticado que no se haya justificado debidamente el compromiso de contratación que muchas ayudas llevaban aparejados. "Yo no digo que no se haya hecho, sino que no se ha justificado", ha aclarado.
Sobre el hecho de que, en algunos casos, el órgano gestor decidiera modificar una subvención disminuyendo el número de alumnos a contratar, ha considerado que este hecho, en el ámbito de la fiscalización previa tiene una "carga de discrecionalidad importante". Por ello, ha considerado necesario que sea dicho órgano quien asuma dicha responsabilidad.
LA NORMATIVA ES LA "CORRECTA"
Escudero, que ha defendido durante su intervención que la normativa de la Junta en esta materia es la "correcta", aunque ha reconocido que no es un "especialista" en órdenes, como sí puede ser la interventora provincial de Almería, Nieves Chao, quien compareció este viernes en la comisión de investigación y dijo que la normativa de la Junta para controlar estas ayudas era "muy mejorable".
Durante la ronda de preguntas de los portavoces parlamentarios, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez ha pedido al presidente de la comisión, Julio Díaz, que llamara al orden al portavoz del PP-A Miguel Ángel Torrico por "presionar" al compareciente al sacar a relucir declaraciones realizadas en sede judicial, "que no corresponden al ámbito parlamentario".
Sánchez ha destacado que por las intervenciones de algunos de los grupos cualquier persona que pueda estar escuchando podrá tener la "sensación" de que la gestión de los cursos de formación han sido un descontrol "deliberadamente provocado" y que el personal funcionario y los cargos públicos no han hecho su trabajo correctamente; algo que, en su opinión, no se corresponde con la realidad.
El diputado del PP-A ha insistido durante su intervención en relación al posible menoscabo de fondos públicos y no ha obtenido respuesta a ninguna de las preguntas que le ha realizado al interventor sobre la declaración en sede judicial del interventor responsable del control financiero en todas las empresas y agencias públicas de la Junta, Ignacio García Revilla.
En nombre de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha comenzado su intervención pidiendo al interventor que hiciera una descripción "a grandes rasgos" sobre qué es una subvención, cómo se desarrolla y justifica, a fin de que los ciudadanos puedan entender este proceso, a lo que Escudero ha respondido que la "simplicidad" no es una de las cualidades que le acompañan.
La portavoz de Ciudadanos Marta Bosquet ha preguntado al interventor que quién era el responsable de que la documentación que le llegara para realizar el informe especial sobre las ayudas a la formación fuera "insuficiente", a lo que Escudero ha respondido que
el servicio provincial del SAE.
Finalmente, la portavoz de IULV-CA Elena Cortés ha destacado que el citado informe especial recoge que hay numerosos incumplimientos de la normativa aplicable y se ha interesado por los medios humanos y materiales con los que el interventor ha contado.
Escudero ha hecho un "reconocimiento publico" de la labor de los funcionarios en la Intervención de la Junta y ha dicho que tiene la "inmensa suerte" de contar grupo de compañeros y amigos con una dedicación y actitud "fuera de cualquier duda".
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