La ex interventora general de la Junta de Andalucía Rocío Marcos Ortiz ha comparecido este martes como testigo-perito ante el juez Álvaro Martín y ha defendido que las transferencias de financiación utilizadas para el pago de las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos "no son ilegales", según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Las mismas fuentes consultadas han precisado que la ex interventora general de la Junta ha comparecido por espacio de tres horas ante el juez Álvaro Martín dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico por el que la Junta concedió las ayudas investigadas y ha puesto de manifiesto que las transferencias de financiación "son un concepto contable y no jurídico".
De igual modo, ha asegurado que no participó en el informe aportado a la causa por el que fuera interventor delegado de la Consejería de Empleo Juan Luque Alfonso --investigado en el caso ERE-- donde se avalaba que el sistema de las transferencias de financiación que se utilizó para el pago de las ayudas contaba con el "máximo respaldo legal e institucional" y era conocido por todos los agentes que intervienen en el proceso presupuestario, desde el Gobierno, pasando por el Parlamento y la Cámara de Cuentas.
En su declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Luque aportó este informe o documento explicativo y señaló que el mismo había sido redactado por él mismo, por el interventor adjunto fiscal, Luis Hinojosa, y por los ex interventores generales de la Junta Manuel Gómez Martínez y Rocío Marcos Ortiz, con la finalidad de disponer de un "marco teórico" para los interventores y las personas a las que pudiera interesar en el marco de la causa de los ERE.
No obstante, la ex interventora general de la Junta ha defendido en su comparecencia ante el juez que "no participó" en la elaboración de este documento, si bien ha subrayado que las transferencias de financiación "no son ilegales".
La juez María Núñez Bolaños también había citado a declarar a Rocío Marcos en la pieza matriz de la causa, pero decidió suspender dicha comparecencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que "el contenido del interrogatorio y la materia sobre la cual la testigo será preguntada y declarará está directamente vinculada con la materia objeto de investigación" en la pieza del procedimiento específico.
"Si bien su declaración en el seno" de la pieza matriz de los ERE "fue pedida por esta Fiscalía, lo cierto es que tal petición se realizó cuando la división en piezas no se había materializado", ponen de manifiesto los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra en un escrito fechado el 23 de febrero.
De este modo, "y en aras a evitar duplicidades innecesarias", la Fiscalía reclamó a la juez instructora que dejara sin efecto la declaración de la ex interventora general en el marco de la pieza matriz de los ERE, de manera que únicamente compareciera ante el juez Álvaro Martín en la pieza del procedimiento específico.
Todo ello "sin perjuicio de que, una vez practicada en el seno" de la pieza del procedimiento específico, "se pueda interesar en las mismas que se una testimonio de la declaración a esta causa si su contenido fuera relevante a los fines propios de esta causa o incluso que fuera llamada a declarar sobre algún extremo en particular".
Hay que recordar que, dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico, la juez incluyó a 52 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. No obstante, la pieza ya solo afecta a 51 personas tras el reciente fallecimiento del ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía Morales.
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