La acusación particular que ejercen dos compradores de bonos de Abengoa han vuelto a pedir a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que tome declaración en calidad de investigado al exministro socialista de Obras Públicas y exconsejero de la compañía Josep Borrell, al que consideran responsable de la aprobación de las indemnizaciones millonarias que recibieron el expresidente Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega-
En un escrito remitido este lunes a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, al que ha tenido acceso a Europa Press, los afectados insisten en la necesidad de que se cite a Borell, una petición que la juez Lamela consideró innecesaria el pasado 29 de enero, al iniciarse la investigación de la causa.
En este procedimiento se investigan los pagos de 11,48 millones que la multinacional efectuó al exdirectivo de la compañía Felipe Benjumea y de 4,48 millones al excargo Manuel Sánchez Ortega antes de abandonar la firma de energías renovables.
Tras producirse las declaraciones de ambos en sede judicial el pasado 16 de febrero -para quienes la juez acordó el embargo de fincas, vehículos y cuentas bancarias, para afrontar las fianzas de 11,5 y 4,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil-, la acusación ha presentado un escrito de 23 páginas en el que solicita la práctica de nuevas diligencias, entre las que se encuentra la citación de Borrell.
Para esta parte, bajo la presidencia de Borrell en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Abengoa se elaboraron y suscribieron -con su firma, actuando en nombre de la sociedad-, los contratos de 23 de febrero de 2015 que vinculaban como consejeros ejecutivos a los dos investigados.
Los compradores de bonos no entienden cómo se autorizó el pago de las cantidades "sin que el contrato refleje derecho alguno a percibir las millonarias cantidades que la sociedad hizo efectivas, más cuando se encontraba en una situación de crisis e insolvencia que ahora se ha destapado".
Consideran que el exministro debe dar "explicaciones a tal efecto" y que en el mismo sentido se debe citar en calidad de testigos a los representantes del 'steering comitte' de los acreedores bancarios de Abengoa pertenecientes al Banco Santander y al HSBC; así como al actual vicepresidente del Consejo de Administración de la sociedad, Antonio Fornieles Melero.
OTRAS DILIGENCIAS
Piden asimismo a la juez la práctica de otras diligencias de carácter documental, como que solicite a la entidad estadounidense Blackrock INC. el contrato de trabajo con ellos Manuel Sánchez Ortega, la declaración jurada de los bonus o retribuciones variables a los que tiene derecho y de sus funciones en la compañía. También quieren que la juez pida datos de sus viajes y de los gestores de Blackrock de que el pasado mes de agosto efectuaron inversiones a corto en la bolsa de Madrid en Abengoa.
Igualmente solicitan que la juez requiera a Abengoa el acta consejo de administración en el que se cesó a Felipe Benjumea y el contrato de servicios que éste firmo para quedarse como asesor en la compañía.
También quieren que se pida a KPMG los informes de v valoración del Plan de Viabilidad de Abengoa, y otros documentos de ese plan encargados a la sociedad 'Álvarez & Marsal", así como que se oficie a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los requerimientos de información y aclaración que desde principios del pasado año se remitieran por esta institución a Abengoa a cuenta de sus estados contables.
Los afectados quieren que la querella se amplíe a los miembros del Consejo de Administración de Abengoa "que como consecuencia de la instrucción y del curso de las investigaciones a que haya lugar pudieran resultar involucrados e igualmente responsables penalmente" en este asunto, y califican lo ocurrido de un delito societario tipificado en el artículo 290 y 282 bis del Código Penal.
El pasado viernes, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a rechazar la póliza de seguro presentada por el ex consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, para cubrir su fianza, en línea con una decisión similar referida al expresidente de la empresa Felipe Benjumea adoptada hace apenas cuatro días por la misma instancia.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió el pasado 18 de noviembre, con el informe favorable de la Fiscalía, la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa que atribuyen a Benjumea y Sánchez Ortega los delitos de administración desleal e imputan, además, a este último otro de uso de información privilegiada.
Los bonistas, que invirtieron 103.970 euros, se querellaron contra la antigua cúpula de la compañía, que solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 26 de noviembre, por la "horrible" gestión que llevaron a cabo y por buscar su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".
Los querellantes denunciaron que Benjumea se llevó una "exorbitante" indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.
Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una "contraprestación post-contractual" de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de "bonus variable" que percibirá "a cuenta de 2015 hasta su salida".
Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó "fuertes posiciones bajistas" en relación con los valores de Abengoa.
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