El portavoz de la Plataforma 'Mezquita-Catedral de Córdoba. Patrimonio de Tod@s', Miguel Santiago, ha subrayado este martes que la Comisión Europea, al no pronunciarse sobre la inmatriculación de la Mezquita cordobesa por la Iglesia Católica, no le ha quitado ni le ha dado tampoco la razón a la Plataforma, cuando promovió que europarlamentarios de PSOE, IU y Podemos preguntasen por la titularidad del citado monumento y ha asegurado que seguirán "luchando" para que sea un bien público.
A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Santiago ha señalado que "lo que ha hecho la Comisión Europea es derivar la cuestión al Estado (español), pues considera al Estado como responsable del patrimonio de su territorio", de modo que, "al no tener las competencias" en este asunto, la Comisión Europea entiende que "debe ser el Estado español el que tome las medidas que considere oportunas".
A la plataforma, según ha precisado su portavoz, no le ha sorprendido esta respuesta de la Comisión Europea, si bien esperaba "que hubiese dado algún toque de atención al Estado español, por permitir que una institución privada (la Iglesia Católica) inmatriculase bienes públicos" a su nombre, "y más cuando España es un Estado aconfesional", lo que no impidió, según ha recordado Santiago, que, "bajo el Gobierno de José María Aznar se reformase la Ley Hipotecaria, reconociendo a la Iglesia como institución pública y a los obispos como funcionarios públicos".
Por eso en la plataforma, "dado que es una institución aconfesional, diera un toque al respecto al Estado español", ante el que no cejará la Plataforma en su empeño de reclamar, promoviendo iniciativas en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno de la Nación a que la derogación "del artículo 206.5 de la Ley Hipotecaria", que se hizo efectiva el pasado año, impidiendo a la Iglesia efectuar nuevas inmatriculaciones, "tenga efecto retroactivo, de forma que se anulen las anteriores inmatriculaciones que hizo de bienes públicos".
Junto a ello, Miguel Santiago ha avanzado que, "al igual que ya se ha conseguido que comunidades autónomas, como el País Vasco o Navarra, hayan logrado el listado de bienes inmatriculados, para recuperar aquellos que la Iglesia no pueda demostrar que son suyos, y como también está haciendo el Ayuntamiento de Córdoba", reclamando la titularidad de la Plaza de la Fuensanta al Cabildo Catedral de Córdoba, ahora esperan que la Junta de Andalucía actúe en el mismo sentido.
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