El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha comparecido este martes como imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ante la juez María Núñez Bolaños y ha asegurado que paralizó un pago de unos 600.000 euros a las empresas Cespa y FCC por el conflicto de la limpieza de Granada porque "no tenía cabida dentro de la legalidad" y por tanto "no debía producirse".
Se trata de la quinta vez que el exconsejero de Empleo acude a declarar al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a raíz de su imputación en el caso ERE, la primera de las cuales se produjo ante la magistrada Mercedes Alaya en abril de 2012, mientras que en las tres siguientes se acogió a su derecho constitucional a no declarar, según han informado fuentes del caso.
En su primera comparecencia ante la juez María Núñez --quinta en total--, que había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, el exconsejero ha ratificado lo que ya dijo en la declaración ante Alaya y ha señalado que, "al parecer", habría sido el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien comprometió estas ayudas con cargo a los fondos de la Dirección General a fin de solucionar el conflicto de la limpieza de Granada de los años 2005 y 2006.
De este modo, y según ha explicado el exconsejero en una comparecencia que ha durado apenas diez minutos, Guerrero se habría comprometido en nombre de la Dirección General de Trabajo a asumir las cantidades reclamadas para hacer frente a las subidas lineales de los salarios de los trabajadores, gracias a lo cual se contrataron dos pólizas y las empresas concesionarias de la limpieza recibieron 250.000 euros de los más de 800.000 euros comprometidos en tres ejercicios.
Las fuentes han precisado que, según ha indicado en su declaración, el exconsejero tuvo conocimiento de todo lo anterior en el año 2009, cuando el abogado de las empresas concesionarias del servicio de la limpieza en Granada le mandó una carta explicándole que existía un compromiso por parte de la Dirección de Trabajo y reclamándole la cuantía que no había sido abonada.
Tras ello, el exconsejero se opuso al entender que el pago "no procedía" al no tener "cabida legal" porque no era ese el destino que debía darse a las ayudas sociolaborales, lo que trasladó por escrito al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, según ha explicado a los periodistas el abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, quien ha dicho desconocer "por qué, a estas alturas, se le sigue imputando en esta ayuda".
También ha comparecido este martes ante la juez el exdelegado de Empleo en Granada Luis Manuel Rubiales, quien, ocupando dicho cargo, "participó" en las negociaciones para poner fin al conflicto laboral referido, "así como en la forma en la que se materializaron los pagos" por la Dirección General de Trabajo.
La juez ha imputado dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación a este ex alto cargo, quien en su comparecencia ante la magistrada se ha desvinculado totalmente del compromiso alcanzado por la Junta de Andalucía, tras lo que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de 734.000 euros.
Además, la instructora ha tomado declaración como imputado a Javier Llansó Benito, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) desde el 25 de enero de 2006 conforme a la certificación emitida por la secretaria de la asociación, y que figura como asistente a tres reuniones por la mercantil Cespa, sociedad que "de forma presuntamente delictiva recibió como beneficiaria pólizas de seguros fondos de la Junta en compensación de pagos de subidas salariales de sus trabajadores" en la provincia granadina.
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