La defensa del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández también se ha opuesto a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para que la juez María Núñez Bolaños declare de especial complejidad la causa de los ERE fraudulentos, lo que le permitiría disponer de 18 meses más para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, se opone a la petición realizada por el Ministerio Público justo cuando la causa cumple cinco años de instrucción, una posición que también ha adoptado la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y de otros tres ex altos cargos de la Junta, ejercida por José María Mohedano.
Martínez del Hoyo considera que, "si después de un lustro de instrucción judicial y tras la división --se supone que al objetivo de agilización-- de la causa en piezas --de las cuales ésta del procedimiento específico es la primera, más avanzada y depurada--, a pesar de todo se entiende ahora" por parte de la Fiscalía que son necesarios 18 meses más de instrucción, "tal vez entonces es que no nos encontremos ante una 'instrucción compleja', sino ante una instrucción imposible y a cuya finalización dentro de un horizonte razonable confesadamente se renuncia".
En este sentido, considera que aducir como ha hecho la Fiscalía que la causa tiene por objeto numerosos hechos, involucra a muchos investigados, supone el análisis de abundante documentación técnico-pericial, y precisa revisar la gestión de personas jurídicos-público y privadas, constituye "una monumental obviedad" y "se nos antoja una justificación tan estereotipada como insuficiente" para solicitar la declaración de especial complejidad.
ESPECIAL COMPLEJIDAD
"Nada de ello es nuevo o puede sorprender, ni cabe que se erija en 'ratio decidendi' de un pronunciamiento que viene conceptuado como extraordinario y que, en este caso y por razones obvias, serviría al trascendente y negativo efecto de dilatar aún más el procedimiento", asevera el letrado, que alega al hilo una "evidente lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, que expresamente invocamos".
El abogado del exconsejero insiste, asimismo, en su "convicción" sobre la "necesidad de finalizar cuanto antes y en primer lugar la instrucción --y elevación a juicio--" de la pieza relativa al procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas.
De esta forma, "será el correspondiente auto de transformación en procedimiento abreviado la resolución que habrá que dictar dentro de un plazo en que, como el ordinario de seis meses, estimamos perfectamente posible --y oportuno y necesario-- concluir las diligencias de investigación ya acordadas y pendientes de practicar, o las que se acuerden practicar a partir de ahora, en relación a ninguna de las cuales estimamos seriamente que sea previsible una especial duración o complejidad".
"Y siendo así que, si llegado el momento, se presentara la imposibilidad de cumplimiento del plazo ordinario, siempre será entonces posible --y sería lo adecuado-- declarar la especial complejidad de la causa y ampliar extraordinariamente aquél", concluye Alfonso Martínez del Hoyo.
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