Como no puede contener su lengua, el Presidente investido de la Generalitat,Puigdemont, ya ha dejado saber su estrategia: utilizar los meses de interinato del Gobierno de España para realizar una ofensiva de penetración, de modo que sea todo lo más difícil posible el previsible retroceso. Confía en la incapacidad de las fuerzas políticas mayoritarias en España para llegar a un acuerdo que acorte el tiempo de ese interinato; el cual, en principio, duraría al menos hasta la convocatoria de nuevas elecciones generales. De ahí su seguidilla de supuestas fanfarronadas y desplantes: desde su investidura con un programa ilegal, hasta su negativa a prometer el cargo cumpliendo con la Constitución, pasando por su declaración explícita de que no está interesado en lo que pueda decir o hacer un Gobierno en funciones.
Varios miembros del Parlament y una buena cantidad de analistas creen que todo eso no es más que una serie de fanfarronadas sin ninguna base. Empiezo a pensar que la cosa no es tan simple. Es cierto que pueden parecer balandronadas de un bocazas –y probablemente tengan bastante de ello- pero tienen un uso estratégico que no hay que despreciar: se trata de una blizkriegpolítica para ir lo más allá posible en el abandono de la legalidad que, paralelamente, vaya recomponiendo las fuerzas sociales independentistas.
Frente a esa estrategia, la evidencia muestra que el Estado de Derecho parece responder lentamente, dejando la iniciativa principalmente en manos del Gobierno. Pero Rajoy también parece caer en las frases huecas: “no hay avance alguno del separatismo”, “no dejará pasar ni una”, etc. (cuando ya es evidente que han pasado muchas y gruesas). Mientras, los servicios jurídicos del Estado estudian los actos cometidos por Puigdemont, para ver si hay indicios de inconstitucionalidad. ¡Como si hiciera falta estudiarlos uno por uno, sobre todo teniendo en cuenta la anulación de la resolución del 9/N por parte del Tribunal Constitucional, que implica que todo paso en esa hoja de ruta significa un desconocimiento de la sentencia del alto Tribunal!
El resto de los partidos constitucionalistas ya han dicho que apoyarán al Gobierno en funciones para defender la unidad de la soberanía popular, aunque el PSOE pone de inmediato condiciones a ese apoyo. Lamentablemente, todo indica que Pedro Sánchez no tiene duda: si tuviera que elegir entre hacer un pacto serio con el PP para detener la deriva separatista y dejar que esta siguiera avanzando con tal de no pactar con los populares, elegiría esta segunda opción, al menos por mucho tiempo. En el mantenimiento prolongado de esa ausencia de sentido de Estado es que confía plenamente Puigdemont para impulsar su guerra relámpago.
Así las cosas, parece completamente necesario que los otros poderes del Estado de Derecho den pasos adelante. El poder judicial tiene suficientes antecedentes del caso como para detener esta flagrante agresión a la Constitución y las leyes. No debe esperar a la iniciativa del Gobierno al respecto, ya puede continuar con un caso que sigue abierto. Pero es el poder legislativo el que debería intervenir de inmediato para dejar claro que los actos que rodean la investidura y el nombramiento de Puigdemont son inconstitucionales y por tanto nulos. La ventaja que tendría la actuación del Congreso y el Senado es que mostraría la enorme mayoría que defiende la Constitución, obligaría –ayudaría- al PSOE a clarificar su postura y dejaría al desnudo la demagogia de Podemos.
Resulta evidente que los poderes del Estado están tratando de actuar lentamente para acumular pruebas que permitan justificar su intervención, en la idea de minimizar las tensiones y su costo social. Empiezo a pensar que se equivocan. El costo social aumenta con cada día que pasa y Puigdemont incrementa su crispado avance en la fuga hacia delante. Sus fanfarronadas tienen ya un efecto político peligroso y hay que detenerlas cuanto antes para evitar que el posible costo social siga creciendo.
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