Salvemos Mojácar ha confirmado que recurrirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional le haya negado el amparo por el archivo de la querella criminal que interpuso contra los magistrados que declararon conforme a derecho la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) en 2003 a Azata del Sol para construir el hotel en el paraje de El Algarrobico.
El colectivo presentó la citada querella por un presunto delito de prevaricación ya que consideraba que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "sabían que el hotel invadía" la servidumbre de protección de dominio público marítimo-terreste ya que sentencias que así lo fallaron estaban aportadas a la causa y que "conocían" que "los terrenos no eran urbanizables" según sentencia firme del TSJA de fecha 11 de junio de 2012.
Según sostienen en un comunicado, tras ser archivada "sin entrar a analizar el contenido de la misma" y notificado este archivo el 19 de diciembre del 2014, el colectivo conservacionista presentó recurso de amparo por indefensión ante el TC "el 16 de enero de 2015, es decir, dieciocho días hábiles después".
El Constitucional no lo admitió a trámite "por haberse presentado fuera del plazo de treinta días hábiles", decisión que fue recurrida por el colectivo y confirmada en una resolución que fue notificada el miércoles ya que solo lo podía recurrir el fiscal en el plazo de tres días y no lo hizo.
"Este empecinamiento del Tribunal Constitucional en no reconocer que se ha equivocado en el cómputo de los treinta días de plazo, facilita a Salvemos Mojácar el recurso que va a presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo", ha señalado en un comunicado el colectivo, que ya perfiló que se planteaba dar este paso tras el primer archivo.
Salvemos Mojácar ha señalado, en esta línea, que también ha recurrido ante el Constitucional la sentencia que declara legal la licencia de obras y que este sigue sus trámites "sin que se haya adoptado todavía ninguna decisión al respecto".
El recurso de amparo en el que solicitaba que se abriese causa especial contra los tres magistrados argumentaba que, si no se admitía la querella, "ya no será constitutivo de infracción penal conceder licencias de obras en espacios protegidos no urbanizables e invadiendo la servidumbre de protección de costas a sabiendas de que se dan ambas circunstancias". "De esta forma se verá afectado el artículo 45 de la Constitución Española con el consiguiente deterioro de la costa y de los espacios protegidos", aseguraban.
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