El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha registrado este viernes en la Cámara autonómica el texto de una proposición de ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética cuyo coste aproximado al año se cifra en 800.000 euros.
Así lo ha indicado la portavoz parlamentaria y secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, en declaraciones a los periodistas tras registrar esta proposición que, según ha recordado, se inspira en una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aprobada "por unanimidad" en Cataluña, y que "no es exactamente" de Podemos, sino que el partido en esta ocasión ha servido de "vía para canalizar las justas demandas" de representantes de la sociedad civil dirigidas a las instituciones.
De esta manera, Podemos se ha encargado de "adaptar a la realidad legal, las competencias autonómicas y el contexto" de Andalucía dicha iniciativa catalana, de la que "los colectivos sociales tenían interés en que los grupos políticos andaluces se hicieran eco".
La proposición parte de la base de que "el derecho a la vivienda es un derecho fundamental recogido en tratados internacionales", entre ellos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que "está incumpliendo" España pese a haberlo firmado, según ha lamentado Rodríguez, quien se ha referido además a informes como uno de Amnistía Internacional que recogen, según ha señalado, que "en España el derecho a la vivienda no se está garantizando conforme a la legalidad internacional en materia de vivienda".
La secretaria general de Podemos Andalucía ha subrayado que "las instituciones deberían colocarse en las negociaciones entre bancos y afectados del lado del afectado y frente a las entidades financieras, que han sido las grandes beneficiarias de nuestras hipotecas, de la burbuja inmobiliaria, que encareció nuestras viviendas, y del rescate bancario que entre todos les dimos para garantizarles liquidez y repartirse beneficios".
"Ya está bien de beneficiar a los bancos", ha subrayado Rodríguez, para quien "ahora nos toca a las instituciones colocarnos al lado de la gente, de esa persona que muerta de miedo se coloca en su sucursal bancaria para negociar con el director de la oficina una dación en pago o un alquiler social".
MEDIDAS DE CUATRO TIPOS
Las medidas que plantea la proposición se enmarcan en cuatro tipos, según ha explicado Rodríguez, que ha concretado que con un bloque de ellas se pretende "garantizar los suministros de luz, agua y gas durante un periodo de hasta tres años a familias que se encuentren en riesgo de exclusión", lo que permitiría a dichas familias "negociar con más capacidad y fuerza una alternativa habitacional con alquiler social o incluso una dación en pago".
Igualmente, otras medidas "guardan relación con un fondo de vivienda en régimen de alquiler social", con la premisa de que "es necesario ampliar el parque público de vivienda en Andalucía", que desde Podemos consideran "fuertemente mermado y con grandes carencias en su gestión".
En tercer lugar, la proposición plantea "regular el sobreendeudamiento" de las familias con las entidades financieras, algo para lo que "la Junta tiene competencias en materia de consumo", y "podría penalizar de alguna manera a las entidades financieras que potencien el sobreendeudamiento de las familias". En esa línea, desde Podemos consideran que "una familia no debe invertir más del 30 por ciento de lo que gana en gastos de vivienda y de suministros básicos vitales".
En esa línea se orienta también el cuarto bloque de medidas, que persiguen que "ninguna empresa pueda cortar la luz, el agua o el gas sin previamente solicitar un informe en los servicios sociales de los ayuntamientos". Se trata de que "no se puede cortar el agua y la luz de la misma manera a todas las familias en Andalucía", ya que "es necesario saber en qué situación se encuentra esa familia para que en ese sentido las administraciones actúen", según ha abundado Rodríguez, que ha subrayado que las compañías eléctricas también han sido "las grandes beneficiarias de la crisis".
"NO ES MÉRITO DE PODEMOS"
La secretaria general de Podemos en Andalucía ha incidido en que la proposición de ley registrada este viernes "no es mérito" de su partido, sino "un patrimonio acumulado de quienes llevan siete años colocándose entre los bancos y las familias", y llevan "mucho tiempo planteando alternativas" que desde la formación morada no han hecho "más que recoger y registrar en el Parlamento" andaluz, según ha remachado.
Rodríguez ha explicado también que la aprobación de la iniciativa legislativa catalana de la que parte esta proposición es "muy cercana" y habrá que "observar su evolución", algo de lo que estarán "pendientes" desde Podemos, desde donde abogan por "ir aprendiendo unas administraciones de otras sobre cómo ajustar la ley lo máximo posible para beneficiar a quienes se pretende beneficiar".
En ese sentido, ha llamado a evitar que ocurra lo que pasa con el Bono Social, que "está aprobado supuestamente para luchar contra la pobreza energética", pero que "beneficia en un 40 por ciento a familias que tienen segunda residencia porque no se tiene en cuenta la renta", según ha señalado.
En todo caso, ha remarcado que "lo que no hay es que dejarse" arrastrar por la "calma asombrosa" que desde Podemos perciben "en las instituciones con cuestiones que guardan relación con problemas de vivienda, luz, agua, gas, cuestiones de comer, escuelas o médicos". "Nosotros tenemos mucha prisa", ha enfatizado Rodríguez, que ha concluido apuntando que esta proposición en principio estaría vinculada al "ejercicio presupuestario del año que viene, a no ser que entre todos los grupos" se pueda "acordar una modificación presupuestaria" este año, y que el coste aproximado de la proposición es de "800.000 euros anuales".
PAH Y FACUA
Junto con Teresa Rodríguez y otros diputados de Podemos han comparecido representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de la organización de consumidores Facua.
Así, ha atendido a los periodistas Antonio Colmenar, que es miembro de la PAH de Sevilla y que ha acudido en representación de la Coordinadora Andaluza de dichas plataformas, quien ha remarcado que la proposición se encamina a "velar por la protección y garantía de una vivienda digna" y a favor de "todos los derechos que se puedan conseguir para las familias con máxima vulnerabilidad", y en esa línea ha valorado el trabajo realizado por Podemos para registrar la propuesta en el Parlamento con el fin de que "se lleve a buen puerto".
Por su parte, Isabel Moya, miembro del gabinete jurídico de Facua Andalucía, ha subrayado la existencia de "una necesidad social" de "adoptar medidas" en el sentido en el que plantea la proposición, y que la comunidad autónoma "tiene competencias en materia de protección de los derechos de los consumidores para abordar esta iniciativa".
Ha anunciado igualmente que, "independientemente del apoyo" que la organización ha mostrado este viernes a esta norma, cuando se inicie su trámite parlamentario desde Facua "se efectuarán alegaciones para enriquecerla, completarla y que sea un instrumento útil y eficaz para la finalidad para la que se presenta".
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