Los seis testigos-peritos de la Cámara de Cuentas de Andalucía han confirmado hoy ante la juez que investiga el caso de los ERE, María Núñez, las anomalías que detectaron en la concesión de las ayudas de los ERE entre 2001 y 2011, como explicaron en el informe que elaboraron en 2012.
Ante la juez han declarado durante toda la mañana la jefa del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas, dos auditores y tres técnicos de auditoría, han informado a Efe fuentes judiciales.
La citación se produjo después de que la Audiencia de Sevilla revocara la negativa de la anterior juez del caso, Mercedes Alaya, y tras resaltar la "relevancia" de estas declaraciones para "el esclarecimiento" de los hechos.
Los peritos han reiterado en su declaración judicial que las anomalías se produjeron en las ayudas socio-laborales y a empresas en crisis concedidas por la Consejería de Empleo y ejecutadas mediante transferencias de financiación y encomiendas de gestión a través del ente instrumental IFA, y posteriormente IDEA, entre 2001 y 2010, que se elevaron a 709 millones de euros.
Respecto a las transferencias de financiación, que era el instrumento utilizado por Empleo para pagar las ayudas, los peritos aseguran en el informe de 2012 que, "con independencia de la cobertura dada por las leyes de presupuestos", se hizo un "uso inadecuado de esa figura como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar" las ayudas.
Con respecto a las ayudas socio-laborales, los peritos sostienen que el procedimiento para su concesión se llevó a cabo al margen de la legislación vigente para este tipo de ayudas y "no ha quedado acreditado el uso adecuado del margen de discrecionalidad de la administración al financiar prejubilaciones con distintos umbrales de edad, coberturas y condiciones".
En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, han certificado que "con carácter general se han otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto" y no se ha exigido ni queda acreditado el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas ni la correcta aplicación de los fondos.
También comprobaron que los gastos externos o comisiones pagadas por las pólizas de los beneficiarios de las ayudas son superiores a la media del mercado, lo que dio lugar a la suspensión de pagos hasta la justificación de los importes abonados.
Asimismo, los componentes del órgano fiscalizador indicaron que la calificación de las ayudas a empresas como subvención excepcional ha dado lugar "a un abuso del margen de discrecionalidad administrativa en su concesión"
Esto, según los peritos, se ha puesto de manifiesto en hechos como la concentración de ayudas en determinadas zonas, como la Sierra Norte de Sevilla, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido.
De todas estas situaciones, los peritos de la Cámara concluyen que "pueden derivase, entre otras, responsabilidades contables y administrativas".
Los peritos indicaron que los informes de la Intervención General de la Junta pusieron de manifiesto "deficiencias en los procedimientos de gestión de los gastos de la partida 31L", y alegaron que "la ausencia de informe de actuación puede deberse a que por parte de la Intervención no se apreciaron circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".
Según la información facilitada a la Cámara por la Consejería de Empleo, a 15 de mayo de 2012 el coste estimado del programa 31L -que el principal imputado en el caso el ex director general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero bautizó como "fondo de reptiles"- en el período fiscalizado es de 1.217 millones, aplicando un tipo de interés medio de la deuda del 5,5 %.
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