Fiscal Superior: La disputa Alaya-Núñez perjudica la imagen de la justicia

El fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha manifestado este jueves que cree que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, respondió "adecuadamente" cuando señaló, a comienzos de este mes de octubre, que la disputa entre las jueces María Núñez Bolaños y Mercedes Alaya por instruir 'macrocausas' como los ERE fraudulentos estaba perjudicando a la imagen de la justicia.

Así lo ha apuntado el fiscal Superior al ser preguntado por estas consideraciones de Lorenzo del Río antes de ser recibido por el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, con motivo de su visita a la Cámara regional para presentar el Informe de la Fiscalía Superior correspondiente al año 2014.

Sobre las competencias de las jueces Alaya y Núñez, García Calderón ha señalado que se trata de "un tema que debe resolver el Consejo" General del Poder Judicial (CGPJ) "y el Tribunal Superior" de Justicia de Andalucía (TSJA), punto en el que ha recordado que él no participa "en la sala de gobierno" ni tiene "ningún trámite" al respecto.

"Son ellos quienes deben responder a esa pregunta", ha señalado el fiscal Superior en alusión a la cuestión de si el enfrentamiento entre las citadas magistradas podía perjudicar la imagen de la justicia, como manifestó el presidente del TSJA. Al respecto de esa consideración, García Calderón ha concluido afirmando que Del Río "respondió, y creo que respondió adecuadamente", ha concluido.

Cabe recordar que esas manifestaciones del presidente del TSJA se produjeron antes de que se conociera la propuesta de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz dirigida al CGPJ de que la medida de apoyo judicial para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla quedase limitada a la comisión de servicio que ya venía desarrollando el magistrado Álvaro Martín, lo que implicaba revocar la comisión de servicio concedida inicialmente a la juez Mercedes Alaya para investigar los ERE fraudulentos y el delito societario de Mercasevilla, una solicitud que fue ratificada días después por el CGPJ.