Ciudadanos ha exigido este miércoles a la Junta que aporte "nombres y apellidos" si ha habido una mala gestión con los fondos Jeremie, mientras que el PP-A ha advertido de que "el nulo compromiso" de la Junta con esta investigación judicial hace que una comisión de investigación sobre este asunto en el Parlamento andaluz "parece no tener freno".
Así se han pronunciado Carlos Hernández y Carlos Rojas, diputados de C's y PP-A, respectivamente, después de que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, haya defendido este miércoles, como ya hiciera la semana pasada en comisión, la buena gestión de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en el uso y fin de los fondos Jeremie, insistiendo en que la Agencia va a continuar colaborando con las autoridades judiciales para esclarecer cuanto antes los hechos que se están cuestionando tras el atestado emitido por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF).
El titular del ramo, que ha comparecido en sesión plenaria a petición propia para informar sobre las ayudas con cargo al citado fondo, se ha centrado en explicar las cuestiones que están en tela de juicio tras el atestado de la Policía, empezando a relatar las supuestas irregularidades relacionadas con Kandor Graphics. Ante la acusación de que las operaciones de financiación no habían sido ratificadas por la Comisión de Asuntos Económicos, el consejero ha negado este extremo precisando que la ratificación sí existió y se produjo el 10 de mayo de 2010.
Con respecto al punto del atestado que afirma que la entidad "pudiera ser considerada empresa en crisis", el consejero ha apuntado que cuando se conceden y se formalizan los préstamos se le aplica el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, que señala que "los préstamos participativos se considerarán patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil", algo que "elimina cualquier duda sobre su situación de crisis", ha apostillado.
En relación a la insinuación de que el otorgamiento de los préstamos recaen en una Unión Temporal de Empresarios (UTE), el consejero ha desmentido ese extremos, indicando que los préstamos no se otorgan a ninguna UTE sino en exclusiva a la entidad Kandor Graphics. Por lo que respecta a la capitalización del préstamo por dos millones, también cuestionado por el atestado, ha negado que la capitalización del préstamo quedara limitada al 50 por ciento de su valor.
Ante la supuesta connivencia entre el director del Fondo en Soprea con la empresa, Sánchez Maldonado ha puntualizado que la relación laboral formalizada entre Kandor y esta persona no se inicia hasta el día 11 de diciembre de 2012, dos años después de que se concedieran los préstamos, cuya formalización se produce el 29 de julio de 2010.
En relación a la empresa Urende, el atestado reprocha la concesión de un préstamo de 12 millones a una gran empresa, no considerada por tanto pyme e incursa en situación de 'empresa en crisis'. Ante ello, ha especificado que el acuerdo de financiación de base para la actuación de Jeremie Andalucía "no excluye" a las no pymes aunque sí expresa su preferencia por estas.
Tras negar que la empresa Bogaris consiguiera financiación en siete días, Maldonado se ha referido también al hotel Playaventura, dado que el atestado advierte que el domicilio social de la empresa no está en Andalucía. "El Grupo Hoteles Playa SA tiene sede social en Roquetas de Mar (Almería), y la ejecución del proyecto se destinó a Andalucía", ha sentenciado.
SOBRINO DE FELIPE GONZÁLEZ
Otra de las firmas objeto del atestado fue Below Marko, sobre la que se hace referencia a la relación laboral de Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, con Invercaria y al préstamo participativo que aprueba Soprea. A este respecto, ha explicado que la solicitud de la empresa se realizó en 2010, y dicho responsable cesa como administrador único de la empresa en mayo de 2003.
También las investigaciones judiciales citan la operación de préstamo concedida a Polyester Málaga, S.A, donde se advierte la existencia de una limitación por afectar a un sector regulado por una normativa específica, en concreto la fibra sintética, algo que el consejero ha negado, puesto que del código CNAE asignado a esta empresa no cabe concluir que se encuentre destinada a la producción de fibra sintética.
Sánchez Maldonado ha nombrado también a la Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible, de la que se advierte que el domicilio social no se encuentra en Andalucía. Sin embargo, ha explicitado el consejero, según la certificación emitida por el Delegado de la Agencia Tributaria de Andalucía, su domicilio social y fiscal pertenece a Sevilla.
El consejero ha concluido su comparecencia mostrando su malestar porque en este asunto "no se ha solicitado ningún expediente de Jeremie, no se ha solicitado ninguna documentación al gestor o del intermediario y no se ha solicitado ninguna información a ningún empleado público que ha participado en la gestión de Jeremie".
PP-A EXIGE A DÍAZ QUE COMPAREZCA EN EL PARLAMENTO
En el turno de intervención de los grupos, el portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha asegurado que quien tendría que haber comparecido en este Pleno no era Sánchez Maldonado, sino la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya que lo ocurrido "afecta de lleno a su mandato". "Ella ha mentido en este asunto al asegurar que no se conceden ayudas de los fondos Jeremie desde 2011 y tiene la obligación de comparecer en este Parlamento", ha insistido.
Rojas ha acusado al consejero del ramo de haber hecho durante su intervención un "alegato de defensa ciega" de la Junta y de mostrar un "nulo compromiso" con la investigación. Ha dicho que este nuevo caso no les sorprende "pero sí nos escandaliza". Según ha indicado, el Gobierno andaluz "se enroca, mira a otro lado y solo reaccionan cuando se ven con el agua al cuello".
En nombre del grupo parlamentario, su portavoz, Teresa Rodríguez, ha defendido una comisión permanente para asuntos de corrupción en el Parlamento y también ha acusado a Díaz de "haber faltado a la verdad de la forma más descarada" sobre que no se han concedido ayudas de los fondos Jeremie desde 2011, cuando el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) recoge que se han concedido en 2014 y 2015.
Por su parte, el parlamentario de C's Carlos Hernández ha exigido al consejero del ramo que aporte en comisión parlamentaria toda la documentación de los expedientes de todas las empresas que han recibido ayudas y que si ha habido mala gestión "se aporten nombres y apellidos". "En cuanto existe sospecha, los andaluces se merecen una respuesta", ha apuntado Hernández.
El diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha dicho que entiende el "cabreo" de Sánchez Maldonado con el atestado de la UDEF pero que lo que tiene que hacer el Consejo de Gobierno es mostrar "preocupación" por los hechos ocurridos y, en segundo lugar, colaborar con la Justicia. "Ya veremos donde nos lleva esta investigación", ha añadido.
Finalmente, el parlamentario del PSOE-A Rodrigo Sánchez ha criticado las "falsedades y graves acusaciones" que el PP-A ha vertido en esta Cámara y ha asegurado que su grupo no va a permitir que una formación "corroída por la corrupción" les dé lecciones de moral".
En su turno de réplica, Maldonado ha dicho que aunque haya podido haber algunos "errores administrativos" se ha actuado conforme a la ley y ha invitado a los grupos a que vayan a visitar los expedientes de las referidas ayudas. Ha criticado las acusaciones del PP-A, basadas en informaciones periodísticas y ha defendido que "las noticias se leen pero luego se investiga".
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