El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha asegurado este miércoles en su declaración ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, que el entonces interventor general de la Junta Manuel Gómez y la viceconsejera de Economía y Hacienda y exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, avalaron en una reunión mantenida en el año 2005 la legalidad del sistema de las transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas investigadas.
Fuentes del caso han informado de que, durante una declaración que se ha prolongado por espacio de casi dos horas y a la que han asistido medio centenar de abogados, Guerrero ha relatado que en el año 2005 hubo una reunión en la sede de la Consejería de Hacienda a la que asistieron tanto él como el interventor, Martínez Aguayo, el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y el director general de Presupuestos, Antonio Lozano, todos ellos imputados en la causa.
Las mismas fuentes han precisado que Guerrero, que ha comparecido ante la magistrada tras solicitar declarar de manera voluntaria, ha añadido que en esta reunión se trató "el contenido material" del informe elaborado en 2005 por la Intervención en relación al ejercicio 2003 de la agencia IDEA, y "se llegó a la conclusión" por parte de Martínez Aguayo de que "no había ninguna razón de legalidad" para cambiar el sistema de las ayudas, por lo que se contestó a ese informe adicional defendiendo el sistema vigente.
Ha dicho que en esa reunión solo hablaron Martínez Aguayo y Barberá y, en declaraciones a los periodistas tras finalizar su declaración, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía ha subrayado que la entonces viceconsejera de Economía y Hacienda dijo que "se siguiera trabajando con el mismo sistema, y nadie puso pegas". Sobre la comparecencia en sí, ha afirmado: "hemos hablado cositas, con tranquilidad, y bueno, vamos poniendo las cosas en su sitio".
Las fuentes han precisado que, en su declaración, Guerrero ha dicho que al conceder las ayudas se limitó a aplicar la normativa vigente, como era la orden ministerial de 5 de abril de 1995, punto en el que la juez Núñez le ha preguntado cómo explica que en algunos expedientes pudiera haber 'intrusos', a lo que el imputado ha contestado que "no había" y que, "por error, aparecían personas en otras empresas", añadiendo que él solo controlaba si las pólizas se pagaban aunque "no le gustaban algunos derroteros que se le dieron a las ayudas".
"EN MI COMPARECENCIA ERA TODO LEGAL"
Guerrero, que únicamente ha contestado a las preguntas de la juez, de la Fiscalía Anticorrupción y de las defensas, y no así a las de las acusaciones, todo ello en una comparecencia que se ha grabado, ha indicado además que él "no tenía ningún tipo de inspección" y que "en ningún momento se sometieron las ayudas al dictamen del gabinete jurídico de la Consejería de Empleo", reconociendo que se dieron ayudas a empresas "para que cancelaran créditos con bancos o deudas con la Seguridad Social".
Al hilo de ello, Francisco Javier Guerrero ha agregado que "en su conciencia era todo legal" y que en su Dirección General "estaban todos los expedientes completos" de las subvenciones, subrayando que si ahora no lo están es porque "se han hecho desaparecer" documentos con posterioridad.
El imputado, que ha comparecido por sexta vez en el Juzgado y a quien la juez María Núñez ha imputado sendos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales público, también ha puesto de manifiesto que se concedieron ayudas relacionadas con compromisos de otras consejerías, entre las que ha citado unas al 112 de alrededor de 900.000 euros.
"NUNCA" RECIBIÓ "ÓRDENES DIRECTAS" DEL EXCONSEJERO ANTONIO FERNÁNDEZ
De igual modo, la Fiscalía Anticorrupción le ha preguntado si tenía capacidad para oponerse a las órdenes de sus superiores en relación a las ayudas investigadas, y ha respondido que no, señalando que "nunca" recibió "órdenes directas" por parte del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en este asunto, de manera que dio las ayudas "con plena libertad y criterio, sin interferencias ni presiones".
Las fuentes han indicado, como dato curioso, que Guerrero ha asegurado que no participaba en las ruedas de prensas cuando se concedían las ayudas a empresas porque "es muy tímido".
El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha atendido también a los medios de comunicación para indicar que, en su comparecencia, su cliente ha defendido que, en relación a las ayudas, "se actuó bajo la legalidad, y la legalidad con la que se actuaba era exactamente la misma que ha funcionado a nivel estatal con el Ministerio, con la misma cobertura legal, la misma forma de actuar, con los mismos requisitos, con la misma concurrencia y con la misma publicidad".
La instructora ha citado a Guerrero después de que el propio imputado solicitara declarar de manera voluntaria en un escrito fechado el 10 de septiembre, y consultado por Europa Press, en el que su letrado recuerda que "a lo largo de las presentes diligencias han sido varias las veces" que su patrocinado ha sido llamado a declarar tanto en sede policial como judicial.
"SECRETO SUMARIAL ENCUBIERTO"
En este sentido, el letrado añade que, a partir de la segunda citación judicial, Francisco Javier Guerrero "se ha ido acogiendo a su derecho constitucional a no declarar" por "consejo" suyo, ya que en el caso ERE "se ha venido padeciendo de una especie de secreto sumarial encubierto, al no contar la defensa con toda la documentación que venían manejando los investigadores".
Al hilo de ello, el abogado critica que "la falta de acceso a la documentación y los criterios" por los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "la manejaba" han constituido "una continua indefensión" para Guerrero, "lo que ha provocado la actitud de guardar silencio".
"Siempre ha sido deseo de Guerrero colaborar al esclarecimiento de los hechos, pero en un clima de apertura en la investigación que no suponga vetos en determinadas líneas, desinterés en otras e inquisitorial en las más", concluye el escrito.
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