La Cámara de Cuentas de Andalucía ha llamado la atención sobre "la supresión, en unos casos total y en otra parcial", del importe subvencionable por parte de fondos europeos en 2013 tras advertir la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, de la Consejería de Economía, que en determinados expedientes confinanciados se dieron "irregularidades" que han afectado a "la transparencia del proceso de adjudicación, lo que ha llevado a correcciones financieras".
En su informe, la Cámara de Cuentas, que ha fiscalizado la contratación pública de la Administración de la Junta y sus entidades vinculadas en el ejercicio 2013, ha apuntado que esta situación supondría "la autofinanciación por la Consejería o entidad correspondiente de la parte no cofinanciada".
El ente fiscalizador ha fiscalizado 296 contratos, de los que 155 superaban el umbral para los contratos menores y 141 entraban dentro de contratos menores.
En concreto, en el apartado sobre "las irregularidades y las correcciones financieras en contratos financiados con fondos europeos", la Cámara de Cuentas señala que el servicio de verificación de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación observó que "se estaban utilizando criterios de valoración no válidos en la medida en que se valoraban elementos personales y certificados de calidad" en el expediente sobre 'implantación de mejoras funcionales y tecnológicas del Banco de Datos Estadísticos de Andalucía para el IECA'.
Según la Cámara de Cuentas, "mayor trascendencia tienen las irregularidades que se han detectado en tres expedientes tramitados por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)sobre 'servicio para el diseño, organización y desarrollo de un programa piloto de asesoramiento de mujeres al frente de pequeños comercios minoristas en Andalucía', 'el servicio de gestión de la intermediación en la mentorización de empresas andaluzas noveles' y el 'servicio para la organización y desarrollo piloto de un programa de formación en innovación digital para marketing y venta'.
En este caso, el servicio de verificación advierte de que, en el último expediente aludido, se han valorado subcriterios que no estaban recogidos en el pliego.
Además, ha señalado que son "numerosas las incidencias producidas y detectadas en los tres expedientes en torno a la aplicación de criterios de valoración y evaluación de las candidaturas, cumplimiento de los perfiles exigidos, de los requisitos de antigüedad, de la experiencia profesional, acreditación sobre el número de asistentes y participantes en los cursos o la duración del programa de formación.
También destaca un expediente de la Consejería de Turismo y Comercio, en el que "no se encuentran ponderados los criterios de adjudicación recogidos en los pliegos".
CONTRATOS FORMALIZADOS
Durante el ejercicio 2013, la Junta de Andalucía ha adjudicado 74.037 contratos por 1.802,33 millones de euros. Por contratación menor se tramitó el 94,89 por ciento (816,28 millones, el 45,29% del gasto global). Sólo 3.784 contratos, el 5,11 por ciento (986,05 millones), superan el umbral de la contratación menor. El SAS acapará el 89,29 por ciento de los contratos menores.
Los contratos menores se ha incrementado un 12,22 por ciento y un 16,82 por ciento en la cuantía respecto a los tramitados en el ejercicio anterior, mientras que el resto disminuían un 12,71 por ciento con respecto a 2012.
El 50,84 por ciento de los contratos formalizados en 2013 por las agencias públicas empresariales se adjudicaron por el procedimiento abierto. Así, ha indicado que en el 32,94 por ciento de los contratos adjudicados por procedimiento abierto se observan "deficiencias relativas al establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación".
Por último, ha instado a "un mayor rigor en la elaboración de los presupuestos de los contratos y una correcta estimación de su importe, así como atender a las posibles consecuencias económicas subyacentes en la propuestas excesivamente bajas por el presumible incumplimiento de las obligaciones con el servicio y prestar una especial diligencia para verificar la viabilidad de las ofertas presentadas con valores anormales o desproporcionados".
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