El instructor del caso de los ERE fraudulentos en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, advierte a los hasta ahora cuatro aforados en la causa que no puede seguir resolviendo sobre las peticiones de archivo y quejas que tenía pendientes pues lo impiden ellos mismos "abandonando en marcha el tren de esta instrucción para subirse a otro ajeno a la competencia del instructor", en alusión a su renuncia a los escaños.
El magistrado hace esta reflexión en un auto notificado este martes en el que dispone que no ha lugar a resolver --dado el trámite procesal en que se halla la causa, pendiente de la pérdida de competencia del Supremo-- sobre la solicitud de sobreseimiento que le realizó el exdiputado socialista Gaspar Zarrías.
Respecto a este investigado en concreto, el juez recuerda que "no todos los justiciables" tiene la opción procesal de cambiar de responsable de la investigación como en este caso, en el que el Supremo cederá su competencia en favor de los juzgados de Sevilla tras perder los aforados dicha condición por su renuncia a sus escaños.
"Más cuestionable resulta, en cambio --afirma en alusión concreta a Zarrías--, que después se queje de que no se le resuelve sobre el sobreseimiento, pues si se abandona la vía del proceso para aforados no puede ya pedir desde el nuevo tren procesal que le sigan dictando resoluciones desde el que ha abandonado".
Así, Jorge Barreiro considera que no se ha generado indefensión alguna a Zarrías y que no procede decidir sobre el sobreseimiento que éste solicitó. En su escrito de petición de archivo y en otro posterior de queja, la defensa de Zarrías denunciaba la "atípica" forma en la que el instructor del caso concretó su imputación por un delito de prevaricación administrativa.
DEFENSA DE SU ACTUACIÓN
A este respecto, y al igual que hiciera en un reciente informe, el instructor incide en que su decisión de proceder contra los entonces aforados en la causa mediante exposición razonada --un tipo de resolución que no admite recurso-- por ser este el procedimiento por el que, salvo en dos casos, ha venido actuando siempre la Sala de lo Penal del alto tribunal a la hora de tramitar suplicatorios para poder investigar a parlamentarios.
El pasado 25 de junio, el magistrado Jorge dio por finalizada la primera fase de su instrucción y abrió contra los imputados una doble vía, instando por un lado el suplicatorio del expresidente de Andalucía Manuel Chaves y de los también aforados y exconsejeros José Antonio Viera --al que también imputó malversación de fondos públicos-- y Gaspar Zarrías, quienes en dicha fecha aún eran diputados.
El Supremo aún no ha sido informado de forma oficial sobre la renuncia de Viera a su escaño --era el único que faltaba por hacerlo--, si bien en este auto el magistrado instructor adelanta que el suplicatorio remitido a las Cortes no va a tramitarse "pues los medios de comunicación" ya han adelantado la renuncia del exconsejero a su condición de diputado.
"Con lo cual, el instructor habría perdido la competencia para dirimir sobre la situación procesal del imputado Gaspar Zarrías", adelanta Alberto Jorge Barreiro.
"En cualquier caso, y a tenor de lo razonado, en modo alguno se habría dado una situación de indefensión por no haber decidido el Instructor sobre el sobreseimiento del imputado cuando su defensa lo considera oportuno y no cuando lo señala la ley". Niega igualmente que pueda acusársele de dilaciones indebidas por la no resolución antes de las quejas y recursos pendientes.
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