El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha defendido este miércoles que la colaboración público-privada para la construcción de los metros de Málaga y Sevilla ha tenido un "escrupuloso respeto a la legalidad" y ha añadido que actualmente la Consejería no tiene previsto acometer nuevos proyectos con este sistema de financiación pero que no descarta hacerlo en el futuro siempre y cuando la rentabilidad social lo aconseje, su necesidad sea "imperiosa e inaplazable" y lo puedan asumir los presupuestos futuros.
López ha comparecido en el Parlamento después de la presentación del informe de la Cámara de Cuentas que analiza esa formula de colaboración que señala que el argumento para optar por la financiación público-privada "no debe ser en ningún caso la repercusión en el déficit y el endeudamiento" y defiende que el uso del modelo debe justificarse mediante un análisis previo que compare la alternativa pública con la público-privada.
Tras la presentación de la fiscalización, que también alerta de sobrecostes que han repercutido en la financiación a aportar por la Junta, el consejero ha dicho que algunas partidas que se plantean como tal no lo son sino que son "actuaciones complementarias". En cualquier caso, ha asumido que la Consejería tendrá en cuenta las recomendaciones de Cuentas.
López ha insistido en defender que "todo se ha hecho con arreglo a la legalidad" y de forma "impecable", sin "ninguna sombra de duda". "No hay ni un solo euro que no haya tenido el fin para el que se proyectaba, por lo que dudas y sospechas, ninguna", ha dicho López, que ha añadido que sobrecostes sí se han producido, al igual que en muchos de los grandes proyectos de otras ciudades, y que de algunos derivan los litigios con constructoras que "creen que tenemos que pagar por encima de lo que los técnicos nuestros determinan cuando la evidencia demuestra lo contrario".
UNA OPCIÓN PARA MOMENTOS DE CRISIS
Además, el responsable de Fomento ha mantenido que "será discutible o no" si el método elegido es el más adecuado y ha añadido que la Junta optó por éste porque, en el contexto de la crisis económica, estos proyectos, que son "necesarios", "solo serían viables mediante alternativas a las convencionales".
"Desde el Gobierno andaluz entendemos esta colaboración como una herramienta más a disposición, no es la única solución pero a veces sí la inmediata ante la precariedad presupuestaria", ha subrayado López, ahondando en que es "para obras inaplazables, que repercuten en desarrollo de la región".
"BURBUJA EN INFRAESTRUCTURAS"
En el turno de portavoces, todos, en mayor o menor medida, excepto el socialista, han afeado la gestión de la Junta en ese modelo de colaboración. La de IU, Elena Cortés, ha rechazado que pueda defenderse el uso de ese sistema publico-privado argumentando la crisis económica ya que los metros de las dos ciudades se proyectaron años antes de la recesión y ha criticado que, como lo hizo con las hipotecas a particulares en la época de la "burbuja inmobiliaria", el sector financiero ha hecho ahora un "pingüe negocio" con la "burbuja de las infraestructuras".
A su juicio, este modelo significa la "privatización de servicios" y ha advertido que en este tipo de modelos, que también ha llegado a los ayuntamientos, "anida la corrupción".
Por su parte, el portavoz 'popular' Félix Romero ha manifestado que el informe de la Cámara de Cuentas pone de manifiesto que la gestión de la fórmula es "un monumento a la incompetencia" y que "esa incompetencia cuesta ingentes cantidades" a los andaluces.
Pese a que los 'populares' consideran que la colaboración público-privada es "un complemento ideal en época de crisis que favorece empleo y el desarrollo económico, aquella no puede ser el eje central de la inversión en obra pública". "Su límite tiene que ser el interés y la salvaguarda de las arcas públicas", ha dicho Romero, que ha expuesto que con estas dos operaciones se han perdido 600 millones de euros que habrían dado para ejecutar otro metro en otra capital andaluza.
MÁS COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN
Para Ciudadanos, la fórmula tiene "ventajas" porque el endeudamiento del concesionario no computa como de la Junta y el proyecto atrae inversiones que derivan en creación de empleo pero desde este grupo parlamentario también alertan de el modelo es "muchísimo más costoso para las arcas públicas" y ha pedido que se discierna "qué parte de ese mayor coste es por el modelo y cuál por una mala gestión de los recursos".
El portavoz de Podemos, Juan Antonio Gil de los Santos, por su parte, ha acusado a los responsables de la Junta de ser "unos manirrotos en época de crisis" y permitir que los presupuestos "se hayan incrementado una y otra vez con modificaciones difíciles de justificar, mientras eran cómplices de los recortes del PP al mismo tiempo que pedían que andaluces se apretaran el cinturón".
A su juicio, el informe de la Cámara de Cuentas "demuestra una pésima gestión con dinero de todos" y supone "perpetuar la época del ladrillo en esta ocasión, con alquitrán".
Sólo la portavoz socialista Manuela Serrano ha coincidido con el consejero para adelantar que se continuará apostando por el modelo para "puntuales actuaciones en momentos de fuerte retroceso y con el objetivo de satisfacer lo intereses generales y de los andaluces en infraestructuras que sean necesarias".
"No descartamos esta u otra fórmula dentro de la legalidad cuando la financiación sea insuficiente", ha defendido la parlamentaria, que ha centrado sus críticas en el recorte de fondos procedentes de la Administración General del Estado.
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