La juez Patricia Fernández Franco, que desde el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla investiga la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México Minorbis, ha remitido a los juzgados de Sanlúcar la Mayor la documentación relativa a los supuestos vertidos contaminantes detectados en el complejo minero con efectos en el río Agrio.
La juez, según ha informado a Europa Press Juan José Carmona, abogado de Ecologistas en Acción en esta causa, ha actuado así ante el informe de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, que refleja que una inspección acometida en las instalaciones de la antigua mina ha revelado "un vertido directo de aguas altamente contaminadas al río Agrio", que desemboca en el Guadiamar, perteneciente a su vez al área de influencia del espacio protegido de Doñana.
El mencionado informe fue seguido de un escrito de Ecologistas en Acción solicitando la apertura de una pieza separada o la remisión de los hechos "al juzgado de Instrucción de Sanlúcar la Mayor que corresponda, para que se lleven a cabo las actuaciones oportunas contra los responsables de la Consejería de Medio Ambiente y subsidiariamente a la empresa Corta Los Frailes S.A.". Los ecologistas, según el escrito recogido por Europa Press, detectan posibles delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El informe de la Policía Judicial, fechado el 10 de julio y recogido por Europa Press, deriva de una "inspección ocular" realizada un día antes al yacimiento minero de Aznalcóllar por funcionarios de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Científica y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, acompañados de dos técnicos de la Junta de Andalucía.
La visita incluyó aspectos como un reportaje fotográfico, una inspección de las instalaciones y la toma de muestras de tierra y agua, descubriendo este equipo "un vertido directo de agua altamente contaminada al río Agrio", un río que desemboca en el río Guadiamar, encuadrado a su vez en al área de influencia de Doñana, parque natural, parque nacional y además Patrimonio de la Humanidad.
LA DEPURADORA NO FUNCIONA DESDE 2013
"También se observó que la depuradora encargada de tratar el agua que viene del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, así como las aguas de escorrentía y lixiviado del complejo minero, se encuentra en estado de semiabandono y según manifestaciones de los operarios lleva sin funcionar desde 2013, por lo que todas las aguas que recogen esas balsas se bombean o recirculan a la corta" de la mina, expone también el informe.
Cabe recordar al respecto, que en 2010 y 2011, el río Agrio vivió diferentes episodios de contaminación al alcanzar el contra embalse de su cauce escorrentías de agua que habrían estado en contacto con las escombreras de la antigua mina explotada hasta 1998 por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), extremo investigado por cierto por los Juzgados de Sanlúcar la Mayor, sin que trascendiesen resultados.
La mina de Aznalcóllar, recordémoslo, fue abandonada después de la tristemente famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.
LA REAPERTURA DE AZNALCÓLLAR
La Junta de Andalucía, tras mantener la mina en barbecho más de tres lustros y esgrimiendo las altísimas tasas de paro de la comunidad autónoma y de la comarca de Aznalcóllar, promovió finalmente un concurso internacional destinado a ofrecer de nuevo los derechos de explotación del complejo minero, de casi 950 hectáreas de superficie y con unas reservas constatadas de 35 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, principalmente cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y recursos probables por otros 45 millones de toneladas.
Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis. Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.
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