El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha instado este viernes a la Delegación del Gobierno en Andalucía a abrir una investigación para conocer "por qué se ha filtrado a los medios de comunicación antes que a las partes de la causa" el atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar.
En declaraciones a los periodistas en Almonte (Huelva), donde ha mantenido una reunión con la alcaldesa de la localidad, Rocío Espinosa (PSOE), Jiménez ha remarcado que resulta "muy sospechoso" que el citado atestado "haya llegado antes a los medios que a los propias partes implicadas".
Por ello, ha pedido a la Delegación del Gobierno que investigue estos hechos porque, a su juicio, "esta filtración, que quizás sea interesada, está haciendo daño a la reputación de más de una decena de funcionarios, que han tenido una actitud intachable e impecable y que se ven en medio de una filtración, que no sabemos si tiene intereses políticos".
En este sentido, ha destacado que por parte de las instancias judiciales "no hay ninguna imputación sobre ningún funcionario ni ningún responsable público ni privado", a lo que ha añadido que "tampoco por parte de la Fiscalía se ha solicitado ningún pronunciamiento en esta dirección".
Sobre la adjudicación en sí, ha recordado que se ha producido como consecuencia de "la decisión de unas comisiones técnicas y avalados por el gabinete jurídico de la Junta y por la Intervención". Por ello, ha remarcado que "los que no somos técnicos tenemos una escasa capacidad de pronunciamiento frente a su dictamen".
Por último, ha insistido en que el Gobierno andaluz "viene compareciendo sistemáticamente explicando todas las cuestiones, a diferencia del PP, y va a seguir haciéndolo en esta legislatura porque no hay nada que ocultar y no hay inconvenientes en dar explicaciones".
En el atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la UDEF dan cuenta asimismo de la detención entre el 12 de mayo y el 29 de junio de hasta 15 personas en relación a estos hechos, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto, y otros 12 cargos y funcionarios que formaron parte o de la comisión técnica que valoró las ofertas o de la mesa de contratación que adjudicó los derechos mineros, así como los responsables de Magtel, que es miembro de la agrupación México-Minorbis.
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