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El Consejo de Gobierno aprueba 4,7 millones para impulsar la inclusión social

De Santiago-Juárez, sobre el debate electoral: "No me sentaría con Tudanca ni para heredar"

Por Redacción/Agencias
jueves 07 de mayo de 2015, 16:39h
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, se ha mostrado partidario de llevar a cabo debates electorales entre el candidato del PP, Juan Vicente Herrera, y otros partidos políticos menos con el PSOE con cuyo candidato, Luis Tudanca, no se sentaría "ni para heredar" por su estrategia del "insulto" y la "descalificación".   

De Santiago-Juárez, tras reseñar que Tudanca tiene la "piel muy fina" por molestarse ante determinadas declaraciones realizadas por el portavoz desde la mesa en la que representa al Gobierno regional, ha asegurado que, como representante de la Junta, es partidario de que se lleven a cabo debates, aunque el mejor se hace con los "ciudadanos".   

No obstante ha insistido en que Tudanca "sólo" pone sobre la mesa "insultos y descalificaciones" y se dedica a "colgar en su web" que el PP es una "organización mafiosa". "Con este señor no hay nada que debatir, yo con este señor no voy ni a heredar".   

Sin embargo, el consejero de la Presidencia ha insistido en que las dificultades no se presentan ante un posible debate electoral sino en el trabajo del "día a día". "El problema no es el debate, el problema es él", ha aseverado, tras lo que ha recordado que Juan Vicente Herrera debate con la oposición cada 15 días en las Cortes.

Fallo en Medora

José Antonio de Santiago-Juárez también ha pedido disculpas a los ciudadanos por los problemas que ha generado el sistema informático de gestión sanitaria Medora y ha encargado una auditoría para buscar la "mejor solución".   

En concreto, el consejero ha recordado que ayer, cuando se "colgó" el sistema, tenían cita 79.000 ciudadanos y se atendió a 58.000. Así, ha asegurado que el problema principal de Medora es la acumulación de datos que provoca que a veces se bloquee, algo que, como ha reseñado, "pasa en muchas empresas".   

Ante esta situación la Junta ha decidido encargar una auditoría a Microsoft y Oracle para "buscar la mejor solución" a los fallos, que puede pasar por solventar errores puntuales o cambiar todo el sistema. En el caso de que se deba optar por la última fórmula esto podría provocar un retraso en la aplicación de la receta electrónica.   

"A veces, en los sistemas con más carga, pueden ocurrir estos problemas", ha concluido.   

Inserción social

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves conceder 4,7 millones de euros para impulsar la inclusión social de las personas más vulnerables dentro de la Red de Protección a las Familias.   

Así, aportará a Cáritas y a Cruz Roja más de 4,5 millones de euros, un 8,4 por ciento más que en 2014, para que presten una atención integral a las familias afectadas por la crisis en un triple ámbito: prevención, atención y orientación hacia la inserción social y laboral de las familias más vulnerables.   

Las subvenciones concedidas a estas entidades se conceden con un doble objetivo: atender y acoger a las personas en situación de vulnerabilidad social y promover la inserción social y laboral de estas personas, a través de información, orientación, asesoramiento e intermediación laboral, que les permita incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo.   

De la cuantía global, Cáritas percibirá 2,9 millones de euros y Cruz Roja, 1,6 millones de euros. El principal destino de estas subvenciones serán los programas propiamente de integración social de las personas más vulnerables. El resto (1,3 millones) se dedican a programas preventivos de protección a la infancia.   

El paquete de subvenciones se completa con los 177.330 euros concedidos a la Fundación Secretariado Gitano para financiar la realización de itinerarios sociolaborales que se desarrollan en las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid, dirigidos a la población de etnia gitana mayor de 25 años y prioritariamente perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, aunque también abarcan otros colectivos que se encuentran en exclusión social.   

El objetivo de estos itinerarios, vinculados también a la Red de Protección a las Familias, es el acceso al mercado laboral de estas personas.
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