La Fiscalía de Valladolid cita como imputados a una veintena de cargos y excargos de la Consejería de Economía

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha citado a declarar en calidad de imputados a una veintena de cargos y excargos de la Consejería de Economía y Empleo, así como a empresarios y funcionarios de la Junta a raíz de la querella de la Fiscalía desde por un presunto delito de malversación relacionado con la compra y venta de terrenos por parte de sociedades públicas como Gesturcal y Ade Parques.   

Las declaraciones arrancarán el 18 de junio a las 10 de la mañana y se prolongarán al menos hasta el 5 de octubre.    

La Fiscalía investiga si se produjeron "pelotazos urbanísticos" en relación a la compra de terrenos para ubicar el polígono industrial de Portillo y el edificio denominado la perla negra, en Arroyo de la Encomienda, primero alquilado y luego comprado por la Junta, según una información del diario El Norte de Castilla.   
Entre los llamados a declarar en calidad de imputados está el actual delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa, y el anterior viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, además de los actuales directores generales de Calidad y Sostenibilidad, José Manuel Jiménez; de Industria e Innovación Tecnológica, Carlos Martín Tobalina, y de Presupuestos y Estadística, José Armando Baeta Canales.   

Junto a ellos, irán pasando por el juzgado otra veintena de personas que, según el auto firmado por el juez, son: Andrés Álvarez Viñuela, Benedicto González Vereda, Salvador Molina Martín, José Rodríguez-Sanz Pastor, Juan Carlos Sacristán Gómez, Abdón Dueñas Hernández, Efrén Martínez Izquierdo, Pilar Manteca Barrio, Javier Rodríguez Segovia, Domingo Eras López, Francisco Javier de Andrés Guijarro, Jesús Jiménez Miguel, Salvador Molina Marín, Francisco Armero Gutiérrez, Angel Román Montes López, Fernando Mínguez Beltrán, Luis María García Clérigo, Germán José Martín Giraido, Luis Antonio Recio García, Carlos González Maestro, Luis Ángel Rodríguez Herrero, Francisco Esgueva Gutiérrez y Alberto Esgueva Gutiérrez.

Coste de 70 millones
   
En marzo de 2009, la viceconsejera de Política Económica, Begoña Hernández, durante su comparecencia en la Comisión de Economía de las Cortes, a petición del Grupo Popular, anunció que el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda había sido adquirido por la empresa pública Gesturcal a Urban Proyecta MP3 por un "precio de mercado" de 52,15 millones de euros--la operación se elevó finalmente a 70 millones--, con el fin de ubicar y unificar en él parte de las dependencias de la Consejería de Economía y Empleo.   

La viceconsejera hizo especial hincapié en en el "ahorro económico" que supondrá para las arcas de la Comunidad Autónoma esta operación de compra directa, "una buena operación financiera" que enmarcó en el "esfuerzo" de contención del gasto público y de optimización del gasto público que está llevando a cabo el Gobierno regional en estos tiempos de crisis económica.   

La viceconsejera aclaró también que todas las actuaciones relacionadas con el alquiler, primero, y la compra, después, de este edificio administrativo en Arroyo de la Encomienda se habían ajustado en todo momento a la legalidad vigente y negó que la Administración regional haya actuado para elevar el precio final de mercado. Según puntualizó, para la compra de este inmueble se realizaron hasta tres tasaciones "y nos hemos quedado con la más barata" y con la que respondía al "precio de mercado real".   

El edificio adquirido tenía por destino a albergar las dependencias de ADE Inversiones y Servicios, con su grupo de empresas, así como aquellas direcciones generales y entes públicos que por tener atribuidas competencias en materia de ordenación y promoción de diferentes sectores productivos se considera conveniente su ubicación en el mismo lugar: las direcciones generales de Industria, Comercio y Economía Social, el Servicio de Energía de la Dirección General de Energía y Minas y otros entes de la Junta dependientes de otros departamentos, como las empresas públicas de inversión.   

El edificio administrativo tiene un total de 35.111 metros cuadrados construidos, con 17.615 metros cuadrados para oficinas, 12.462 metros cuadrados de garajes o 1.057 metros cuadrados de archivos. Según aseguró la viceconsejera, cuando se decidió buscar una ubicación conjunta para estas dependencias, en el año 2005, no había ningún espacio disponible en la capital vallisoletana que reuniese las características óptimas para esa reunificación de sedes.   

Hernández informó de que se mantuvieron contactos con las entidades locales de Valladolid, Ayuntamiento y Diputación, para buscar una posible cesión de espacio o un solar público que sólo tuvo como opción el ofrecimiento de la Institución provincial de una parcela con una edificabilidad próxima a los 10.000 metros cuadrados en el Plan Parcial Villa del Prado "que no pudo cederse a la Agencia de Inversiones y Servicios al no facilitar el Ayuntamiento el cambio de cláusula del convenio de cesión de esa parcela a la Diputación para que esta, a su vez, pudiera cederla a la Agencia de Inversiones y Servicios".