La Coordinadora Contra Garoña pide que la parada sea el cierre definitivo

Decenas de personas se han concentrado hoy en la Plaza Mayor de Burgos para reclamar que la parada de la central nuclear de Santa María de Garoña, que se inició en diciembre de 2012, se convierta en el cierre definitivo de la planta, según el portavoz de la coordinadora contra esta instalación, Luis Oviedo.

Varias decenas de miembros de la Coordinadora Contra Garoña, que integran varios colectivos sociales y ecologistas, se han concentrado hoy en la Plaza Mayor de Burgos con el objetivo de llamar la atención sobre la situación de la central, sobre todo de cara a que los partidos políticos definan claramente su postura antes de las próximas citas electorales.

Oviedo ha recordado que Garoña solicitó al Ministerio de Industria en mayo de 2031 una prórroga de 17 años, hasta 2031, lo que llevaría a la planta a funcionar sesenta años, cuando su permiso inicial era solo de cuarenta.

La respuesta del Ministerio está pendiente del informe del Consejo de Seguridad Nuclear que, si es negativo, obligará al cierre de la planta y, si es favorable, dejará la decisión última en manos del Gobierno.

Oviedo ha considerado que la situación de Garoña es "incomprensible" porque lleva dos años y medio cerrada, sin producir electricidad, y mantener una planta en esas condiciones supone un coste muy elevado, por el mantenimiento y el pago de las nóminas a la plantilla de unos 300 trabajadores que siguen en la instalación nuclear.

A este coste se suma el de la ejecución de la Instrucción Técnica Complementaria que exigió en julio de 2014 el Consejo de Seguridad Nuclear para poder realizar el preceptivo estudio de evaluación de la planta, que se requiere antes de que se pronuncie el Ministerio de Industria.

El portavoz de la Coordinadora contra Garoña ha reconocido que le consta que al menos parte de esos trabajos se están realizando con "un gran coste económico difícil de evaluar".

Además, ha recordado que aún en el caso de que el Consejo de Seguridad Nuclear informara a favor de la petición de prórroga y el Gobierno la concediera, la propietaria de Garoña, Nuclenor, que está participada por Endesa e Iberdrola, tendría que realizar inversiones por más de cien millones.

Son inversiones necesarias para cumplir con las exigencias europeas marcadas tras el accidente de la central japonesa de Fukushima y las condiciones que había marcado el Consejo de Seguridad Nuclear Español antes del cierre de la planta atómica.

Solo esas actuaciones supondrían, según los cálculos del portavoz de la coordinadora, retrasar la apertura de la planta al menos otros dos años, dado que algunos de los trabajos son "muy complejos".

Oviedo también ha apuntado que a esos gastos millonarios se podrían sumar más, dado que el Consejo de Seguridad Nuclear o el Gobierno podrían condicionar la prórroga de la vida útil de la planta a algunas condiciones añadidas.